La Constitución: carta comodín

Jaime Sarria Luna, abogado y experto en Derecho Constitucional colombiano, analiza el papel de la carta de los colombianos a través de la historia y en coyunturas políticas.

La Asamblea Nacional Constituyente abrió la participación política de otros grupos diferentes a los tradicionales. Antonio Navarro Wolff, Horacio Serpa, y Álvaro Gómez Hurtado.
La Asamblea Nacional Constituyente abrió la participación política de otros grupos diferentes a los tradicionales. Antonio Navarro Wolff, Horacio Serpa, y Álvaro Gómez Hurtado.Archivo
Según Paul Johnson, destacado historiador inglés, desde el establecimiento de las primeras colonias de los Estados Unidos, primó el carácter popular, participativo y democrático, pues tenían arraigado desde Inglaterra el sentimiento de la necesidad de vivir bajo el imperio de la ley y no sometidos al poder de un individuo, que era precisamente la lucha que en el siglo XVII venían dando el Parlamento inglés frente a la Corona, trayendo como consecuencia el establecimiento de asambleas legislativas y la escogencia popular de sus miembros. De esos principios es hija la Constitución de los Estados Unidos, primera constitución nacional en la historia de la humanidad, sin dejar de lado su más remoto antecedente, “Las Órdenes Fundamentales de Connecticut” de 1639.
 
En el caso colombiano, la crítica a nuestras constituciones hasta antes de 1991 ha sido que no tuvieron un origen popular, tanto que por ello se ha menospreciado a la Asamblea Nacional de Núñez y al procedimiento de ratificación de la Constitución de 1886.
 
Si se atiende con atención, la característica de nuestros procesos constituyentes es, precisamente, la falta de pueblo.
 
El plebiscito de 1957, del que los constitucionalistas discutían hasta 1991 si había sido en realidad un referendo, nace bajo el estado de sitio y por disposición de la Junta Militar, con un objetivo fundamental: lograr la paz después de la violencia liberal - conservadora. Lo cierto es que se restableció la Constitución del 86 y sus reformas, suspendida por el gobierno de facto de Rojas Pinilla, introduciéndole las modificaciones fundamentales de la paridad política y la alternancia en el poder, con todas sus implicaciones, durante los 16 años del Frente Nacional. En cualquier caso, está demostrado que, pese al fervor, la participación ciudadana en términos relativos fue baja.
 
La constitución que nos rige actualmente nació también por impulso del Estado de Sitio vigente desde 1984, en la medida en que el Decreto 1926 de 1990 convocó al pueblo para el 9 de diciembre de ese año para que eligiera a una Asamblea Nacional Constitucional con el propósito de reformar la Constitución de 1886. El objetivo esencial era, al igual que en 1957, el de alcanzar la paz.
 
La realidad es que en la convocatoria al pueblo no se estableció umbral alguno, de tal forma que bastó la votación mayoritaria por el Sí y la elección de los constituyentes en simultánea para que se consolidara el proceso de reforma; no obstante, la votación popular fue exigua frente al potencial de votos del censo electoral de la época.
 
Vale señalar también que la Constitución del 86 fue enjuiciada como causa de nuestros males y como estorbo para alcanzar el preciado objetivo de la paz, de tal suerte que la naciente Constitución de 1991 fue reconocida como "la Constitución de la Paz", producto, por primera vez en nuestra historia, del consenso político y social de la Nación.
 
Claras como están hoy las diferencias entre el plebiscito y el referendo, tanto porque la propia Constitución las estableció al contemplar por separado las dos figuras (Art. 103) y fue pródiga en la regulación de la segunda de ellas (Arts. 170, 377 y 378), como porque la ley se encargó de establecer que el plebiscito solo sirve para que el pueblo apoye o rechace una determinada medida del ejecutivo nacional, aspecto fundamental que recoge la Corte Constitucional en su Sentencia C - 379 de 2016, mientras que a través de referendo el pueblo directamente aprueba o deroga normas jurídicas, entre ellas las de la propia Constitución; lo cierto es que el Plebiscito del próximo 2 de octubre no tendrá, ni puede tener, la virtualidad de incorporar directamente el Acuerdo de Paz con las Farc al ordenamiento jurídico.
 
Ahora bien, mediante el Acto Legislativo No. 01 del 7 de julio de 2016 se abre la puerta para que en la implementación de dicho acuerdo se pueda modificar la Constitución por un mecanismo que se antoja expeditivo, lo cual trae como primera consecuencia la sustitución, así sea de manera temporal, de una constitución rígida, esto es, de la existencia de unos mayores requisitos para la aprobación de sus reformas - actos legislativos - que el requerido para la aprobación de las leyes, a una flexible, con lo cual se contraría no sólo el querer del Constituyente de 1991, sino la tradición constitucional colombiana de darle un carácter superior a las normas constitucionales, limitando o al menos haciendo más gravosos los trámites de sus reformas.
 
Otro de los aspectos problemáticos es el contenido en el artículo 4º, que posibilita que a través de una ley se apruebe el acuerdo para que conforme un bloque de constitucionalidad con la Constitución, pues lo cierto es que, de ser así, dicha ley estará subordinada a la Constitución, luego plantear la posibilidad de su reforma para la aplicación de la ley supone un contrasentido esencial, a menos que se tenga claro que esa ley está por encima de la Constitución, con lo cual se rompería el principio de primacía constitucional y con ello los avances en más de dos siglos de constitucionalismo.
 
La verdad es que la actual Constitución, contrario a la de 1886, estableció otros dos mecanismos de reforma constitucional, aparte del trámite por el Congreso, que permiten suplir los inconvenientes que supone hacerlo por este cuerpo representativo a través del mecanismo agravado de los ocho debates, pues si lo que se quiere es celeridad, bien puede hacerse a través de una asamblea constituyente siguiendo los procedimientos señalados en el artículo 377 de la Constitución, o por el pueblo directamente por medio del referendo constitucional aprobatorio.
 
Bajo cualquiera de esos dos mecanismos hay un elemento fundamental: la participación directa del pueblo, en la medida en que elige a los miembros de la asamblea o hace directamente la reforma, según el caso, lo cual da un elemento adicional de una mayor legitimidad. 
 
Lo cierto es que si ha de requerirse la reforma de la actual "Constitución de la Paz", como si ésta impidiera el ingreso a la vida política de las Farc o fuera un obstáculo para modernizar las instituciones y poner fin a la violencia, como se decía de la Constitución de 1886, lo mejor sería meterle pueblo a dicho acto, máxime cuando hemos logrado desarrollar mecanismos eficientes de participación democrática, y no seguir considerando a la Constitución como un comodín que se pueda tirar al antojo, como en los juegos de cartas.
 
*Abogado consultor.