Constituyente, ¿la única salida para reformar a la justicia?

Archivo El Espectador

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Desde su inclusión dentro del proyecto de Equilibrio de Poderes, el famoso Tribunal de Aforados propuesto en reemplazo de la inoperante Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ya generaba roncha. El exfiscal Eduardo Montealegre, quien demandó la iniciativa,  llegó a decir que se trataba de una “cuenta de cobro” contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por los procesos por parapolítica, una “reforma revanchista” contra el Consejo de Estado por los temas de pérdida de investidura y “una segunda toma del Palacio de Justicia”. Demanda que resolvió ayer a su favor la Corte Constitucional hundiendo dicho Tribunal.

Para la Corte, no se cumplieron las normas que rigen el trámite legislativo y además “el régimen de investigación, acusación y juzgamiento de los magistrados de altas cortes y del fiscal general de la Nación contenido en esas disposiciones sustituyó el eje definitorio de la ‘separación de poderes y autonomía e independencia judicial’ de la carta Política de 1991". Un fallo trascendental como quiera que revive de un plumazo la Comisión de Acusaciones, el órgano más desprestigiado de la institucionalidad colombiana, que en todos sus años de existencia solo ha acusado formalmente a tres personas: el general Gustavo Rojas Pinilla, el expresidente Ernesto Samper  y el actual magistrado Jorge Pretelt.

Y  teniendo en cuenta que hace algunas semanas la misma Corte, también en el estudio del Equilibrio de Poderes, tumbó la creación del Consejo de Gobierno y le dio vida nuevamente al Consejo de la Judicatura –aunque mantuvo a la Comisión de Disciplina Judicial que debe reemplazar a la Sala Disciplinaria— bien se puede decir que la columna vertebral de la reforma en cuanto al tema de la justicia se ha derrumbado. De ahí que desde el mismo Congreso, conocida la decisión sobre el Tribunal de Aforados, ya comiencen a escucharse voces en el sentido que solo una constituyente será capaz de reformar a la Rama Judicial.

“Es claro que lo que están haciendo en la Corte Constitucional es legislar a favor de ellos. Ellos no tienen jueces y aquí en Colombia todos tenemos jueces. Esto es antidemocrático. Tocará hacer una constituyente”, expresó el senador Armando Benedetti, copresidente del partido de la U. A su vez, la senadora liberal y exfiscal Viviane Morales aseguró que lo que ha hizo el alto tribunal fue quedarse sin juez, asumiendo competencias que no le corresponden y volviéndose poder constituyente. “Quieren tomarse todos los poderes y que a ellos no los controle nadie”, enfatizó.

Otra cosa piensa Montealegre quien, como era de esperarse, celebró la decisión de la Corte calificando la decisión como un “golpe contundente” contra la independencia de los poderes, pues en su concepto, pese a las presiones que había de diferentes sectores políticos,  se falló en derecho. De paso, el exfiscal pidió la cabeza del actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo: “Han pasado seis años y el gobierno de Juan Manuel Santos no pudo hacer una reforma a la justicia (…) el ministro debería dar un paso al costado ante este fracaso, sería una muestra de dignidad ya que fue él quien lideró y defendió esta reforma que era un atentado contra la Constitución”.

Montealegre consideró igualmente que la salida es convocar a asamblea constituyente limitada para reformar a la justicia, aunque esta podría extenderse para consolidar todos los cambios constitucionales que se den en el marco del proceso de paz que se adelanta con las Farc. “Una constituyente en la que participen Álvaro Uribe, “Timochenko”, la derecha, la izquierda. Todos los colombianos”, concluyó.

¿Es ese el único camino que queda para encontrar un procedimiento para que en Colombia exista un tribunal que investigue y juzgue con eficacia a los altos funcionarios del Estado que gozan de fuero constitucional? El gobierno se niega a abrir esa caja de Pandora y, por ahora, desde la misma Comisión de Acusación surge la idea de implementar una reforma que zanje la incertidumbre jurídica que existe en los procesos contra los aforados, liderada por los representantes Edward Rodríguez, del Centro Democrático, y Angélica Lozano, de la Alianza Verde.

En concreto, la intención es dotar a la Comisión de herramientas que le permitan procesar a las más altas dignidades del Estado. En este sentido, lo primero que se quiere es establecer reglas de juego claras para darles garantías a los magistrados y el fiscal general cuando sean sujetos de investigación. La idea de momento es instituir procedimientos actualizados de acuerdo con las nuevas reformas del Sistema Penal Acusatorio y el Código Único Disciplinario. También se pretende garantizar la autonomía, ya que hoy los representantes instructores se ven obligados a acudir al CTI para impulsar los procesos.

El punto central del proyecto es establecer una serie de magistrados auxiliares, que sean funcionarios de carrera, elegidos por concurso de méritos y que no sean asesores externos, como sucede actualmente. De momento, los promotores de la reforma están solicitando a varias instituciones académicas y judiciales que los asesoren en la formulación de mecanismos de transparencia que permitan resolver el problema con los extensos tiempos en el impulso a todos los procesos y las herramientas necesarias para blindar los procesos políticos de los más altos funcionarios del Estado.