Las afugias del Gobierno con la agenda legislativa

“Construir mayorías no ha sido un ejercicio fácil”: Mininterior

La ministra Nancy Patricia Gutiérrez reconoce que nadie tiene la mayoría suficiente en el Congreso para imponer una decisión y les responde a quienes hablan de falta de compromiso con el paquete anticorrupción.

Para la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, el nuevo esquema Gobierno-Congreso hace que los debates sean más largos y detallados. / Mauricio Alvarado

Ley de Financiamiento, reformas política y a la justicia, proyectos anticorrupción, nuevas leyes de vivienda y TIC, prórroga a la Ley de Orden Público, reforma a las CAR. Son las prioridades en la agenda legislativa del Gobierno, a solo seis semanas de terminar el primer período de sesiones del Congreso 2018-2019. La coalición que lo apoya no se ve muy sólida y se habla de improvisación, mientras los partidos de oposición cierran filas. Ya dos proyectos del paquete anticorrupción se hundieron y sus promotores hablan de incumplimiento. El panorama no es muy claro y de ello hablamos con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Hay preocupación en el Gobierno por el poco tiempo que queda, ¿al fin cuáles van a ser las prioridades?

En este momento hay un paquete de quince iniciativas del bloque anticorrupción, en donde está incluida la reforma política, y hay ocho proyectos que están en diferentes comisiones; y se ha anunciado la radicación de uno de vivienda y otro de reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). De parte del Gobierno estarían esos. Fuera de ello, hay más de 200 de iniciativas de los congresistas que están en trámite.

Y de aquí a diciembre, ¿cuáles diría el Gobierno que hay que salvar?

Pues hay unos que tienen que dar su trámite de aquí al 16 de diciembre, que son las reformas constitucionales, porque tienen dos vueltas y hay que tramitar la primera en esos tiempos: las reformas política y a la justicia, y algunas de las iniciativas anticorrupción, que van a tener mensaje de urgencia. Todos los que son proyectos de ley pueden continuar el próximo año, pero hay unos que tienen una prioridad, como la Ley 418 (de Orden Público). Está la Ley de Financiamiento, que también tendrá mensaje de urgencia, y la ley de las TIC.

¿Pero qué aspiran a sacar adelante? Porque quedan apenas seis semanas…

Todo lo que tenga mensaje de urgencia y los proyectos de reforma constitucional en primera vuelta.

¿No será que se presentaron tarde los proyectos y que muchas iniciativas no estaban preparadas y hubo improvisación?

Este es un Gobierno que venía de la oposición. El anterior duró ocho años en el poder y el actual era la oposición, razón por la que había que verificar cifras, tener la certeza de si, efectivamente, los proyectos a presentar tuvieran todo el sustento y por eso se tomó un mes y medio para su construcción. En el caso del de vivienda y la reforma a las CAR, tomaron un tiempo adicional porque se ha querido escuchar la opinión de los diferentes actores.

Es decir, el uribismo se está adaptando a ser gobierno de nuevo...

No tanto adaptando sino a tener la seguridad de las cifras y el respaldo en la realidad del Estado, que solo se conoce cuando uno está dentro de la administración.

Sobre el paquete anticorrupción, los promotores de la consulta acusan al Gobierno de querer hacer “conejo”, ¿qué les responde?

La lucha contra la corrupción es una bandera del presidente Iván Duque, no de ahora en el Gobierno ni en la campaña, sino desde su desempeño como senador. El 8 de agosto se presentaron varios proyectos, que, recordemos, dijeron que era para atraversársele a la consulta, porque lamentablemente la actividad política y pública está infestada de desconfianza. Sin embargo, él, después de que la consulta no pasó, convocó a todos los partidos políticos y se hizo la Mesa Técnica, que redactó un paquete de iniciativas. Esto ha sido liderado por el Gobierno, pero ha tenido el aporte de los diferentes partidos. El compromiso de la lucha anticorrupción que tiene el presidente no es una bandera transitoria.

¿Y qué tan bandera era del Gobierno el proyecto que buscaba crear una sala especial para miembros de la Fuerza Pública en la JEP? Porque solo a lo último se vio a algunos ministros en el debate...

Esa iniciativa del Centro Democrático hizo parte de la plataforma política de la propuesta en la campaña presidencial. Como también tenía el apoyo de Cambio Radical, el Gobierno tenía la confianza en que había un acuerdo político que iba a liderar el proyecto y que iba a tener su trámite absolutamente independiente y natural dentro del Congreso. Sabemos que dentro de Cambio Radical hay una división; además, los congresistas de la Comisión Primera del Senado pidieron la opinión del Gobierno sobre si apoyaban o no la iniciativa. Por eso estuvimos el ministro de Defensa y yo respaldándola.

Al final hubo consenso, pero el Gobierno y los partidos se reservaron el derecho a hacer ajustes en debates futuros o presentar proyectos aparte sobre esta misma materia. ¿Cuáles serían esas iniciativas que el Gobierno podría presentar referentes a la JEP?

Cualquiera otra. No hay un tema determinado ni vedado, ni tampoco hay el compromiso que sobre la JEP no se pueda volver con algún proyecto que en algún momento se considere necesario.

¿Insistiría el Gobierno en algo similar a la sala especial para uniformados?

No, ya lo que quedó definido es que habrá unos magistrados adicionales, especializados en todo lo que significan las actividades operacionales de la Fuerza Pública, que requieren de un conocimiento técnico especializado para la investigación y juzgamiento de miembros de la Policía y de las Fuerzas Militares.

Por cierto, ¿sí alcanza el tiempo para ese proyecto?

Realmente el tiempo máximo para tramitar una reforma constitucional se venció esta semana.

Y hay proyectos que son como la columna vertebral de la prioridad legislativa del Gobierno, que son las reformas política y a la justicia y el paquete anticorrupción...

También la ley de las TIC y la Ley de Financiamiento.

¿Esa Ley de Financiamiento tiene que tramitarse ya?

Sí, porque su vigencia es a partir del 1° de enero del año próximo y tiene que quedar aprobada.

¿O sea, cuatro debates antes del 16 de diciembre?

Sí.

Más complicado todavía...

Eso tendrá mensaje de urgencia.

Siendo realistas, ¿tiene la convicción de que van a sacar adelante semejantes proyectos?

Se necesita la colaboración del Congreso en ordenar los debates y en ser mucho más permanentes. Seguramente será de lunes a viernes que se les pida a los congresistas que debatan. Esa es una decisión de las mesas directivas, pero el Gobierno lo solicitará, para que los proyectos alcancen a cursar.

¿Usted cree que hay una estrategia dilatoria por parte de algunos partidos que se oponen a los proyectos del Gobierno para, justamente, trabar la votación o afectar los tiempos?

Yo diría que no estructural. Hay momentos en que se dilata un debate, pero no veo ninguna estrategia dilatoria de nadie. Lo que pasa es que, recordemos, estamos en un nuevo esquema de relación entre el Gobierno y el Congreso, y esto hace que sean mucho más largos y mucho más detallados los debates en torno a todos los proyectos.

Por ahí vimos al senador Álvaro Uribe llamándole la atención a uno de sus congresistas por su ausencia…

Es lógico que un jefe de partido tiene que hacer el llamado a su bancada y máxime cuando esta se ha destacado por ser juiciosa y responsable en todo el trámite legislativo. Creo que algunos se confiaron en que normalmente los jueves se hace una sesión y no se vota, sino que se levanta y se cita para la semana siguiente. Pero, indiscutiblemente, con tanto proyecto y tanto debate habrá que hacer muchas más sesiones; es decir que el Congreso seguramente tendrá que discutir más del tiempo de siempre, que son tres días a la semana.

¿No sería también como una recomendación para el Centro Democrático, que se enfrascó en una discusión tan larga frente a la JEP y no permitió, tal vez, avanzar en otros proyectos importantes?

Ese fue un debate absolutamente legítimo y, además, fue enriquecedor, porque son dos posiciones políticas antagónicas con la concepción de la justicia transicional, que demostró que después de la manifestación del plebiscito, en las posiciones del Sí y No, esa concertación no se hizo en su momento, razón por la que el escenario legítimo es el Congreso.

¿Se ha sentido acompañada por el Congreso y por la coalición de Gobierno, en general, o siente que falta compromiso?

Me he sentido muy acompañada, no solamente por el Centro Democrático, que ha estado firme ayudándole al Gobierno, sino por el Partido Conservador, por la gran mayoría de los miembros de la U y por muchos integrantes del Partido Liberal y de Cambio Radical, que se han comprometido indistintamente en uno u otro proyecto. He sentido que la labor de trabajo del Congreso con el Gobierno ha sido fructífera.

Siempre hablan del nuevo relacionamiento con el Congreso, pero eso es un eufemismo. ¿Cuál es en verdad esa relación?

El Congreso es como una paleta de colores. Si usted observa los colores de los partidos políticos, tanto en Senado como en Cámara, nadie tiene la mayoría suficiente para imponer una decisión. Pero, además, se está estrenando el Estatuto de la Oposición y fue la primera vez en la que los partidos tuvieron que hacer una declaración política frente al Gobierno. En la ley no quedó definido qué significa ser partido independiente, pero sí queda claro que esos independientes tomarán decisiones de acuerdo con lo que les parezca en el momento determinado, luego, construir esas mayorías bajo ese principio tampoco ha sido un ejercicio fácil. Es una nueva dinámica mucho más enriquecedora para la democracia.