Contraloría, ahora luchando por quedarse en la polémica sede contratada por Sandra Morelli

Hay riesgo de quedar sin sede para trabajar más de 2.200 empleados de la entidad.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, decidió coadyuvar la acción de tutela presentada por el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, contra la sociedad Proyectos y Desarrollos I, por considerar violados los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, y al buen nombre de los 2.200 empleados de esa entidad.

La acción de tutela tuvo origen en la negativa para prorrogar el contrato de arrendamiento de la nueva sede de la Contraloría, el cual se vence el 31 de diciembre del presente año.

Específicamente, el Contralor solicita se renueve el contrato sin las cláusulas respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación ha formulado observaciones acerca de presuntas irregularidades en el proceso de contratación, y por las que existe una investigación penal en curso.

De acuerdo con el Contralor, de no renovarse el contrato hay una alta probabilidad de que la Institución a su cargo no cuente con un sitio donde pueda desempeñar sus labores.

El Defensor del Pueblo, luego de analizar esta situación, advirtió que efectivamente, ante las dificultades para encontrar una nueva sede, existe el riesgo de que los empleados de la Contraloría no cuenten con un lugar para cumplir con sus funciones, lo cual hace parte del núcleo esencial del derecho al trabajo de estas personas. Por este motivo, decidió coadyuvar la acción judicial iniciada por el Contralor.

Otálora le solicitó al juez de tutela tener en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y el desarrollo de la misión constitucional de la Contraloría respecto del control en el manejo de las finanzas públicas del Estado, máxime cuando los obstáculos en el ejercicio de las funciones de esa Entidad terminan afectando a la ciudadanía en general, pues traumatizan la administración pública.