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El pasado mes de mayo, la Contraloría les abrió una investigación al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, por “presunto sobrecosto en contrato para suministro de alimentos a estudiantes durante período de emergencia por el COVID-19” por $942 millones y, dos meses después de la pesquisa, concluyó que no hubo sobrecostos.
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En tal sentido, el caso de Quintero en la Contraloría por contratos COVID-19 quedó archivado al no encontrar daño fiscal o detrimento público. En otras palabras, los precios comprados de los alimentos se equiparaban a los de referencia del Sistema de Información de Precios Agropecuarios del DANE y los del almacén Éxito.
Aunque sí hubo unas diferencias entre los valores, la Contraloría señaló que “los escasos rangos de desviación de precios no son lo suficientemente significativos para concluir que se hayan pactado precios que desborden los del mercado, pues ha quedado probado que las líneas de desviación se encuentran de los rangos que se observaron durante la época de los hechos, con un importante impacto causado por las medidas de emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional”.
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Así mismo, determinó que tampoco hubo irregularidad por parte de los prestadores del servicio contratado para entregar 220.578 paquetes alimentarios, cada uno a $32.500, incluyendo logística, impuesto y transporte.
En su momento, el alcalde Quintero aseguró que “en Medellín no se pierde un peso” y que contribuiría en lo que necesitara el órgano de control para demostrar que hubo diligencia, transparencia y efectividad en dicho contrato, fechado el 20 de marzo de 2020.