Contrapunteo entre Gobierno y procurador

Durante un debate de control político, el procurador sugirió a la Comisión de Acusación que investigue al presidente Santos por no responder los cuestionamientos hechos sobre lo acordado en La Habana.

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Una candente controversia se dio este martes entre el Gobierno y el procurador general, durante un debate de control político a los acuerdos de paz de La Habana que se realizó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Durante la audiencia, el Procurador Alejandro Ordóñez se fue lanza en ristre contra el presidente Juan Manuel Santos, a quien criticó por no dar respuesta a la carta enviada a su despacho el pasado 1° de agosto, en la que el jefe del Ministerio Público le formulaba 60 preguntas respecto al acuerdo sobre el cese bilateral del fuego y de hostilidades y la dejación de armas suscrito entre el Gobierno y las Farc.

Ordóñez señaló que el presidente Santos ha omitido “de manera obstinada, reiterada y desvergonzada” el cumplimiento de sus funciones constitucionales, pues independientemente de “si le cae bien o mal el procurador” debió entregar la información solicitada.

Incluso el procurador insinuó que el mandatario debería ser investigado por su conducta. “Ningún funcionario, incluido el presidente, puede omitir dar esa información (...) la Comisión de Acusación ya habría tenido que asumir de oficio la investigación contra el presidente por incumplir sus deberes constitucionales al no responder las preguntas a la Procuraduría”, sostuvo.

Ordóñez insistió en que estos cuestionamientos sólo han tenido como propósito buscar respuestas frente al avance de los acuerdos de La Habana y no ponerle obstáculos al proceso. “Se equivoca el señor Presidente cuando pretende estigmatizar a quienes hacemos advertencias. Lo hago en cumplimiento de mis roles constitucionales y lo seguiré haciendo con la convicción de que es en ejercicio de lo estipulado en la Constitución”, agregó.

Por su parte, el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, -quien asistió al debate citado por el representante Santiago Valencia, del Centro Democrático-, hizo una férrea defensa de lo acordado hasta el momento por las partes en La Habana y aseguró que pese a las dudas del procurador, el proceso cuenta con todas las garantías. “Este proceso tiene una justicia para las víctimas que debe ponerse en marcha de la mano con la dejación de armas y la reincorporación de las Farc. Eso quiere decir que como está pensado las Farc deben hacer unos reconocimientos tempranos de su responsabilidad en los territorios para que la gente vea disposición de paz de quienes cometieron graves delitos”, señaló.

El debate se da en momentos en los que los equipos negociadores del Gobierno y las Farc vuelven a la mesa de diálogos para abordar varios temas pendientes sobre el punto del fin del conflicto. De hecho, el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, confirmó ayer -antes de viajar a Cuba- que el equipo tiene instrucciones precisas del presidente Santos de trabajar de manera simultánea en diferentes comisiones, para llegar a la firma del acuerdo final y garantizar la viabilidad de su implementación.

“Para ello contaremos con el apoyo del Ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo; del consejero para el Posconflicto, el doctor Rafael Pardo, y del director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) Joshua Mitrotti. Igualmente, se incorpora al equipo la canciller”, detalló el plenipotenciario.

El objetivo es avanzar en asuntos vitales como la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil, el proceso de dejación de armas y la eventual participación política de las Farc. Debates que, según De la Calle, los colombianos deben encarar: “El propósito central de un proceso de paz es desechar las armas y abrir el espacio de la política. Obviamente sin combinación de formas de lucha. Debemos ser generosos en ese que es un empeño central para el logro del objetivo del fin del conflicto. También está el tema de la reincorporación que debe hacerse de modo que se facilite la integración de las poblaciones y del territorio”.

Sobre el tema del plebiscito y la posibilidad de que se pueda renegociar lo pactado en la mesa en caso de que los colombianos voten en contra de la refrendación de los acuerdos, el jefe negociador aseguró que no es un escenario viable y que resistirse a dar el paso en las urnas es condenar al país a la incertidumbre. “Después de una experiencia de casi cuatro años, mi testimonio es que no hay espacio para reabrir las negociaciones. Creo que en el plebiscito debemos ya tomar una decisión. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error”, concluyó.