Hasta julio contratación para atender COVID-19 sumaba $2,5 billones

Aunque la mayor inversión de recursos sigue siendo para la adquisición de mercados, se registró un aumento importante en la compra de equipos y elementos médicos

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

En desarrollo del trabajo adelantado por una alianza de organizaciones sociales que puso lupa a la contratación pública en tiempos de COVID-19, este martes, tras cuatro meses de seguimiento, se reveló que se han celebrado contratos por aproximadamente $2,5 billones y que, pese a los esfuerzos, persisten los sobrecostos y la falta de idoneidad en los contratistas.

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En su tercer informe, que abarca desde el 16 de marzo al 17 de julio, se tuvieron en cuenta datos de contratación pública en Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá, sumado a Atlántico y Antioquia. Según el análisis, se han celebrado 19.882 contratos para atender la emergencia sanitaria, en su gran mayoría (85 %), mediante contratación directa.

“De los contratos celebrados bajo modalidad directa, el 36 % se han hecho utilizando la causal de urgencia manifiesta. El valor de estos contratos asciende a $1,5 billones. Esta cifra representa el 63 % de los recursos contratados para atender la emergencia”, indica el informe, que precisa que Caldas (89 %), Atlántico (84 %) y Bolívar (83 %) son los departamentos que más realizaron contratación directa.

“Es necesario mejorar la planeación de los procesos contractuales y usar modalidades diferentes a la contratación directa, que permitan mayor pluralidad de oferentes, y calidad en los bienes y servicios”, señaló en ese sentido Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, una de las organizaciones que conforma la alianza.

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Si bien el análisis determinó que la mayor inversión de recursos sigue siendo para la adquisición de mercados, hubo un aumento en la compra de equipos y elementos médicos, cuya inversión con corte al 17 de julio ya ascendía a $43.741 millones.

Llama la atención también que en Atlántico, Córdoba, Bolívar, Risaralda, Santander y Valle del Cauca hay reporte de presuntos sobrecostos en la contratación pública, especialmente en la compra de elementos de bioseguridad y kits de alimentación. También, se han encontrado alertas sobre contratistas que no cumplen con criterios de idoneidad, empresas sin experiencia o sin Registro Único de Proponente (RUP).

Sumado a ello, persisten los casos de financiadores de campañas territoriales que terminan de contratistas. En total se trata de 331, de los cuales 78 entregaron sus recursos a candidatos que salieron elegidos en el 2019. El total de esos contratos que han celebrado estos financiadores suma $32.285 millones.

Se destaca además que se han recibido 72 reportes ciudadanos relacionados con posibles hechos de corrupción, de los cuales 63 % corresponden a posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios durante la emergencia. Las principales irregularidades reportadas son sobrecostos en los productos, abuso en la contratación directa o favorecimiento a intereses políticos.

Adicionalmente, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para atender la emergencia, el Ministerio de Hacienda ha reportado la destinación de $7,1 billones para atención en salud y $4,7 billones para atención humanitaria. No obstante, advierte el informe, llama la atención la diferencia de montos reportados en el servicio electrónico de contratación (SECOP) y las cifras dadas por el Gobierno Nacional.

“La calidad de la información que se reporta en SECOP es deficiente. Para el desarrollo del tercer informe de seguimiento a la contratación, la alianza tuvo que depurar más de ocho millones de datos. Parte de este trabajo consistió en verificar números de identidad, valores de los contratos y verificar si correspondía, en efecto, a contratos para atender la emergencia. La falta de calidad en esta información representa una dificultad a la hora de hacer seguimiento y control desde la ciudadanía al manejo de estos recursos”, alegaron.

Por ello, propusieron modificar los formularios de SECOP creando un sistema de control de datos que evite que haya campos de texto abiertos que den lugar a errores en el cargue de información por parte de los funcionarios. De igual forma, la creación de un marcador COVID que permita identificar los contratos asignados para la atención de la emergencia, similares al marcador paz con el que se identifican los contratos destinados a la implementación del Acuerdo.