Contratista de erradicadores manuales de coca incumpliría derechos laborales

La empresa Empleamos S.A estaría obligando a los erradicadores a asumir los costos del transporte cuando alguno de ellos son heridos durante su labor.

El director del Partido Liberal, representante Simón Gaviria, solicitó este lunes al Gobierno Nacional que haya mejores medidas de protección para las personas que se dedican a la erradicación manual de cultivos de coca. 

En la misiva, Gaviria hace especial énfasis en sus condiciones laborales y advierte sobre malas prácticas laborales de Empleamos S.A.

El director liberal invitó al Departamento para la Prosperidad a que revise la intermediación laboral de la empresa Empleamos S.A, para la cual prestan sus servicios los erradicadores manuales y que según el informe de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, dificulta el acceso de los trabajadores a la EPS y la ARP.

Según indicó, la empresa exige a los erradicadores asumir los costos del transporte, cuando alguno de estos trabajadores son heridos por miembros de grupos armados ilegales y tienen que transportarse para recibir atención médica.

Otra irregularidad laboral que se denuncia ante el Departamento para la Prosperidad Social tiene que ver con injustos contratos laborales que Empleamos S.A elabora a los erradicadores, pues según la Procuraduría, a pesar de que se firman por 60 días, a los trabajadores sólo se les paga por días efectivos de erradicación. Un erradicador que cayó herido en el cuarto día recibió solo unos 103.000 pesos.

La misiva también habla sobre la desinformación a que son sometidos los erradicadores manuales, pues Empleamos S.A tampoco informa con precisión sobre los altos riesgos que corren al emprender este trabajo, pues son considerados objetivos militar por parte de los grupos delincuenciales que defienden los cultivos de coca, especialmente.

La petición fue realizada a raíz de un informe revelado por la Procuraduría General de la Nación, en el que se advierte sobre el alto riesgo que afrontan más de 11 mil erradicadores manuales de cultivos ilícitos contratados por una empresa particular y una eventual falta de protección por parte de los organismos estatales.

Tanto a la Dirección para la Prosperidad Social, como al Ministerio de Trabajo y a la misma Fuerza Pública, el director de la colectividad les planteó varios temas que ameritan un acompañamiento estatal.

Esta petición pone como ejemplo el más reciente accidente sufrido por tres erradicadores en el municipio de El Tarra , Norte de Santander, en donde los campesinos recibieron graves heridas en sus extremidades, producto del contacto con una mina antipersona. El hecho ocurrió el pasado 19 de febrero.

“Se trata de un oficio de alto riesgo. El informe de la Procuraduría advierte que entre el 2004 y el 2011 fallecieron 255 erradicadores a causa de minas antipersonales y 85 fueron heridos durante hostigamientos… Con más razón se debe prestar pronta y efectiva atención”, añadió Gaviria.

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