Control a detención preventiva

También dio vía libre a la polémica Ley Anticontrabando, la que castiga el feminicidio y la que simplifica los mecanismos de participación ciudadana.

El presidente, Juan Manuel Santos, acompañado del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en la firma de las nuevas leyes. / Presidencia
Luego del análisis jurídico que debe realizar la Presidencia de la República, el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, sancionó un paquete de cinco normas que fueron aprobadas por el Congreso en la legislatura concluida a mediados de junio y aprovechó para afirmar que la coalición de Unidad Nacional está “vivita y coleando” y que dio continuidad a las reformas que se vienen impulsando en su gobierno desde hace más de cinco años.
 
Esta sanción de normas no está al margen de la polémica, pues una de las leyes que recibieron el aval del presidente Santos es la que enfrenta el contrabando y que, a juicio de los pequeños comerciantes y de parlamentarios de la oposición, es decir, del Polo y el Centro Democrático, no ataca a los grandes carteles del contrabando sino que, por el contrario, da inicio a una persecución contra los vendedores de mercancía al menudeo.
 
Precisamente estos vendedores tuvieron paralizadas varias ciudades con protestas contra las implicaciones de la norma. El senador Jorge Enrique Robledo afirmó que se busca criminalizar a los pequeños comerciantes, pero, por el contrario, el contrabando técnico o de subfacturación, que representa el 90% de este delito, no está contemplado en la norma aprobada.
 
No obstante, el presidente Santos afirmó: “Estamos luchando contra un fenómeno que destruye cerca de 350.000 empleos y por el cual el país deja de percibir US$6.000 millones al año, equivalentes a dos puntos del PIB nacional”, y agregó que “sin duda va a tener grandes beneficios para el país y su economía, y ataca principalmente a los grandes contrabandistas, a esos que les hacen el trabajo de lavado de activos a los narcotraficantes”.
 
Otra de las normas que recibieron la firma del mandatario fue la que se ha denominado de feminicidio o Ley Rosa Elvira Cely, en homenaje a la mujer que fue empalada y asesinada en el Parque Nacional, la cual plantea un aumento importante de penas para quienes cometan este delito contra las mujeres. También fue aprobada la ley que reglamenta la figura de la detención preventiva, pues, según explicó Santos, “uno de cada tres reclusos no ha sido condenado y pasa meses o años en prisión esperando un juicio, como si no existiera la presunción de inocencia, y ello ha llevado a que el Estado enfrente demandas por $23 billones por errores en la aplicación de la detención preventiva”.
 
Entre las normas que recibieron la sanción presidencial también están la que establece nuevas disposiciones sobre la producción de látex natural y fomenta el cultivo del caucho en el país, y la Ley Estatutaria de Participación Democrática.