Convención conservadora, en el limbo

El Consejo Nacional Electoral debatirá hoy en sala plena el futuro de la candidatura de Marta Lucía Ramírez.

La candidata conservadora Marta Lucía Ramírez. / Archivo personal

El futuro de Marta Lucía Ramírez como candidata por el Partido Conservador para la Presidencia de la República aún es incierto. No sólo se trata de un cálculo electoral para los próximos comicios, sino de una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de definir si la convención conservadora que escogió a Ramírez es legal o no, luego de que esta fuera impugnada. En el escritorio del magistrado Joaquín José Vives, del CNE, había en la tarde de ayer dos ponencias sobre el tema. Se espera que este jueves la discusión sea abordada por la sala plena de este organismo para que se decida por votación qué futuro tendrá la aspiración de Ramírez.

Hasta último minuto Vives realizó consultas jurídicas sobre las dos ponencias que tenía en sus manos. La primera proponía que el Partido Conservador resolviera la validez de la convención conservadora, como en varios escenarios los dirigentes conservadores lo han propuesto. Y el otro documento declaraba ilegal el encuentro azul y ordenaba que, por lo tanto, Ramírez perdiera su condición de candidata a la Presidencia.

Los dos documentos estaban sustentados jurídicamente. Sin embargo, al cierre de esta edición aún no se sabía en qué sentido Vives radicaría su ponencia en el tribunal electoral. El Espectador pudo constatar, no obstante, que la ponencia que proponía dejar sin vigencia los efectos jurídicos de la convención conservadora no tenía suficientes apoyos de parte de los demás magistrados del CNE.

La decisión, aunque jurídica, no deja de tener serias repercusiones e influencias políticas, sobre todo a un mes de las elecciones presidenciales. Por eso, Vives cavilaba tanto junto a sus asesores y colegas qué ponencia dejar a consideración de los magistrados del CNE.

Como era de esperarse, la candidata a la Presidencia por el conservatismo les salió al paso a los rumores de que este tribunal electoral quería quitarle el piso a la candidatura de Ramírez. En su cuenta de Twitter afirmó que su candidatura está inscrita, avalada por las bases conservadoras y que, por lo mismo, es irreversible. Por eso anunció que desconocerá cualquier decisión del Consejo Nacional Electoral contra su campaña.

Para Ramírez, el trasfondo de todo es definitivamente político. Incluso va más allá al cuestionar al exviceministro Guillermo Reyes, quien presentó la demanda ante el Consejo.

Discutió también, como lo ha hecho su fórmula a la Vicepresidencia Camilo Gómez, que el Consejo Nacional Electoral no haya tramitado con celeridad la demanda del senador Juan Lozano Ramírez contra la convención de la U, donde fue declarado el presidente Juan Manuel Santos como candidato del partido. Por eso no dudó en decir que todo se trataba de una “cadena de irregularidades” en el proceso contra su candidatura dentro del CNE. “Hay dos impugnaciones contra la convención de la U, pero no se dice nada por parte del Consejo Electoral”, sostuvo.

Sobre el asunto, Camilo Gómez señaló que de llegar a decidirse que la convención es ilegal, “sería la fórmula más cobarde” de sacarlos del camino y preguntó: “¿Quién puede aceptar que los partidos del candidato Santos sean los que decidan la candidatura de Marta Lucía Ramírez y la mía? El Consejo Electoral tiene una composición proveniente de los partidos políticos. No es un órgano judicial. En este caso, siete de nueve magistrados son del presidente Santos. Están buscando una fórmula para que Marta Lucía sea candidata, pero que los parlamentarios que quieran se vayan al santismo”. De acuerdo con Gómez, al final, el CNE no es competente para decidir el tema, pues “la Ley 1475 estableció que son los partidos los competentes para resolver las imputaciones, y los actos de todos sus órganos”, explicó. Incluso esta advertencia fue suscrita por las campañas presidenciales del Polo-UP, el Partido Conservador, el Centro Democrático y la Alianza Verde, quienes mediante un derecho de petición pidieron garantías para los comicios a la Presidencia de la República.