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Este lunes fueron revelados los resultados del denominado Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, medición realizada por la Transparencia Internacional, que evidencia que en Colombia el 52 % de los encuestados señala que durante los últimos 12 meses la corrupción aumentó.
El sondeo, que indagó sobre la corrupción y sus experiencias con el soborno, revela que en la región, Perú (96 %) y Colombia (94 %) registran el porcentaje más alto de personas que consideran que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves de su país.
El Barómetro muestra además que el 57 % de los encuestados cree que el Gobierno del presidente Iván Duque está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, siendo esta percepción mayor entre los jóvenes de 18 y 35 años (66 %).
Frente a instituciones, la medición revela que miembros del Congreso (64 %), el presidente y funcionarios cercanos (55 %) y los empleados públicos (48 %), son considerados como las personas más involucradas en hechos de corrupción en Colombia. Llama la atención el aumento de percepción de corrupción en jueces y magistrados con el 47 %, lo que se traduce en un 10% más con respecto a 2017, así como en la Policía con el 42 % (41 % en 2017).
“Que los jueces y magistrados sean percibidos tan negativamente por la población puede ser resultado de la fórmula de la impunidad que hace que la corrupción continúe siendo un ‘negocio que paga’. Los vencimientos de términos, los beneficios de casa por cárcel a personas involucradas en estos hechos y las bajas sanciones penales han incrementado la demanda ciudadana por lograr mayores castigos a los corruptos”, manifestó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
No menos alarmante es que el 78 % de los encuestados sostiene que si denuncian los casos de corrupción, sufrirán represalias y que el 58 % sostiene “que es poco probable que el reportar un hecho de corrupción conduzca a la adopción de medidas”.
"Transparencia por Colombia insiste en la urgencia de desarrollar un marco legal para la protección de denunciantes y testigos de corrupción”, dijo la organización.
Por otro lado, a un mes de elecciones, se evidencia que casi la mitad de los encuestados (40 %) manifestó que durante los últimos cinco años les ofrecieron sobornos o favores especiales a cambio de votos para una contienda.
“Esta cifra resulta alarmante en el contexto colombiano, dado que nos encontramos ad portas de las elecciones territoriales y que la compra de votos es uno de delitos que pone en riesgo las elecciones, en la medida en que aumentan los costos ocultos de las campañas e introduce un desnivel a favor de los candidatos que incurren en estas prácticas”, agrega Transparencia por Colombia.
Adicionalmente, dos de cada cinco encuestados (20 %) admitieron que en el último año pagaron un soborno, 10 % menos que en 2017. Se observa también que quienes son más propensos a pedir o recibir sobornos son la Policía (26 %) y los prestadores de servicios públicos (20 %).
“Del total de encuestados que afirmaron haber pagado un soborno durante el último año, el 32 % indicó que el soborno le fue solicitado; el 24 % afirmó que lo realizó debido a que se esperaba un pago extraoficial; el 16 % pagó sobornos para que las cosas se hicieran más rápido o mejor; y el 20 % lo hizo para expresar agradecimiento por el servicio recibido”, señala el informe de Transparencia por Colombia.
Para el director ejecutivo de la organización, “estas cifras podrían reflejar que hay una generación que está siendo más crítica frente a la labor del Estado. Nos encontramos en un momento clave, donde la ciudadanía reclama resultados al Gobierno en esta materia, exige menos retórica y más acciones concretas”.
Por último, el Barómetro indagó por los casos de extorsión sexual o sextorsion, una forma de corrupción basada en el género y que ocurre cuando un funcionario público dice que dará un beneficio (como un servicio más rápido, aprobación de documentos, un trabajo, o evitar una multa o prisión) a cambio de un favor sexual.
En Colombia, el 82 % de los encuestados cree que la extorsión sexual ocurre ocasionalmente y el 16 % dice haber vivido o conocido un caso de extorsión sexual, siendo las mujeres las más afectadas por esta situación.