Corrupción y violencia, los riesgos para plebiscito

Según un informe de la MOE, en 243 municipios del país podría presentarse violencia o irregularidades durante los comicios con los que se refrendarán los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.

De acuerdo con la MOE, existen 53 municipios que presentan riesgo extremo de cara al plebiscito por la paz. / Archivo
De acuerdo con la MOE, existen 53 municipios que presentan riesgo extremo de cara al plebiscito por la paz. / Archivo

Con el objetivo de generar alertas tempranas y llamar la atención sobre la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran varias regiones del país, la Misión de Observación Electoral presentó ayer el mapa de riesgo electoral, que plantea una radiografía de los posibles peligros para la realización de comicios de cara al plebiscito para la refrendación de los acuerdos de paz de La Habana.

Se trata de un informe que detalla cuáles son los factores de riesgo por violencia (histórica y actual) y por indicativos de fraude asociados a fenómenos como la manipulación de tarjetas electorales. Los resultados del análisis arrojaron, por ejemplo, que de los 1.122 municipios del país 243 –es decir, el 21,7 %– presentan algún tipo de riesgo. De ese total, 53 están en riesgo extremo, 83 en alto y 107 en medio.

“Es un universo que nosotros consideramos absolutamente manejable. Por eso estamos pidiendo un especial fortalecimiento por parte de la Registraduría para que ejerza una especial vigilancia para que existan las garantías suficientes. Tenemos, por ejemplo, municipios como Barranco de Loba (Bolívar), donde en las últimas elecciones desaparecieron 1.600 tarjetones que obviamente modifican todo un resultado electoral”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la MOE, al explicar que los departamentos que registran mayor riesgo son Chocó, Arauca, Cauca y Putumayo.

Barrios detalló, además, que hay una selección especial de municipios que corresponden a aquellos donde al menos durante diez1 años hubo presencia de grupos paramilitares, entendiendo que en dichas zonas hubo una fragmentación de la vida democrática de los ciudadanos. “Claramente uno de los factores determinantes es la presencia de bandas criminales en zonas como por ejemplo el norte de Antioquia, sur de Bolívar, sur de Córdoba, el Nudo de Paramillo. Allí hay incertidumbre porque, como sucede con el Eln, no sabemos cuál va a ser la postura de los grupos ilegales en torno al plebiscito y a las campañas por el Sí o por el No”, enfatizó.

Para el director de Pastoral Social, monseñor Héctor Fabio Henao, el informe muestra unos riesgos grandes en el país y plantea el reto inmediato para que el proceso sea monitoreado de manera especial en las zonas vulnerables. “Nos parece muy importante que en este proceso se brinden todas las garantías, que sea un proceso en el que se pueda votar de una manera libre, informada y consciente, de forma responsable con la democracia. Pero debe haber garantías fundamentales para los grupos de oposición y las minorías”, manifestó.

En igual sentido se pronunció Catalina Botero, exrelatora para la libertad de expresión de la CIDH, quien sostuvo que la clave para que el proceso sea transparente está en que los colombianos tengan acceso a información oportuna, suficiente, comprensible y confiable, sobre lo pactado hasta el momento en La Habana. “Los acuerdos son complejos, sobre distintos temas y tienen un lenguaje que no es accesible para la mayoría de la población. Por eso a veces el populismo gana, las frases efectistas, que generan miedo o que despiertan ciertas pasiones –no necesariamente las más nobles– son las que triunfan en el debate”, agregó Botero refiriéndose a la polarización que se vive en el país respecto al plebiscito.

Un tema que según Alejandra Barrios plantea un riesgo inmediato para las campañas por el Sí y por el No, pues es claro que hasta el momento ha reinado la falta de tolerancia. “El resultado plebiscitario no debe ser la exclusión o la negación de la existencia política de aquellos que tenga la menor votación. Un ejercicio democrático en urnas nos debe permitir recomponer la convivencia. No podemos ir a un plebiscito para la paz negando, desconociendo y amenazando al otro”.

Panorama complejo al que se suma otro agravante en el que hizo énfasis la directora de la MOE: la falta de reglamentación de las campañas por el Sí y por el No. Para Barrios, es indispensable que la Corte Constitucional se pronuncie cuanto antes y emita el fallo que marque la pauta para el plebiscito. “La autoridad electoral está completamente bloqueada para poder expedir las reglas que van a gobernar este ejercicio plebiscitario. La actuación de la Corte Constitucional ha sido completamente irresponsable, no solamente con las autoridades que tienen que definir las reglas de juego, sino también con un proceso de paz del cual depende el futuro del país”, concluyó.