La creciente preocupación por los menores de edad delincuentes

"El Estado ha fracasado con el sistema de responsabilidad penal adolescente", alertaron desde el Congreso.

Desde el Congreso de la República fue hecho un llamado urgente para darle total importancia a la idea de pasar de un enfoque correctivo a uno preventivo en cuanto a los infractores adolescentes (14 a 18 años), de manera que los liderazgos de los jóvenes colombianos sean capitalizados por iniciativas sanas y constructivas y no por la delincuencia.

 

La representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez, dijo que el país debe entender que es prioritario identificar y judicializar a quienes inducen a los adolescentes al crimen. “Ahí es donde inician las cosas, y desde donde deben empezar las acciones articuladas del Estado. Todas las entidades públicas que integral el SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), incluyendo las que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar tienen que tomar cartas en el asunto”, explicó.

En los últimos dos años, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se han fugado más de 1.100 jóvenes de las 34 correccionales. Los de Cali y Bogotá, son los centros más afectados. Se escapan de los sitios dispuestos para su resocialización, mientras que otros, lejos de salir recuperados para la sociedad, terminan de convertirse en delincuentes en estos espacios donde frecuentemente reinan las armas y las drogas.

Velásquez llamó la atención sobre la incapacidad que ha demostrado hasta la fecha el Estado en materia de corrección a los jóvenes que terminan en la delincuencia.

“Es mi deber como congresista exigirles al ICBF y a todas las entidades que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente a que se apersonen del tema. Hasta hoy estas entidades han fracasado en su labor de prevenir que estos jóvenes se hagan infractores y en recuperar para la sociedad adecuadamente a los adolescentes infractores. No puede ser que estos menores de edad salgan de los centros del SRPA peor de lo que entraron. Eso es inaceptable”, explicó.

La necesidad de poner el tema sobre la mesa y llevarlo a todas las instancias que sea necesario, surge de la preocupación de la representante al ver que las instituciones públicas a cargo se han tomado años tras la expedición de la Ley 1098 de 2006 sin pasar a unas acciones contundentes. Esta preocupación se hizo mayor, al ver las respuestas del ICBF y del IDIPRON a las solicitudes de información que radicó en sus instalaciones.

“Siempre se quedan cortos y sus respuestas son a todas luces insuficientes para la protección de los derechos. Los adolescentes son menores de edad y el Estado tiene la obligación legal de protegerlos y en caso extremos resocializarlos. No podemos volvernos facilistas con el manejo en ‘medio cerrado’, es decir a los centros acostumbrarlos a la modalidad cerrada del SRPA. Eso sería un contrasentido. Además, es necesario que las entidades dejen de pasarse el balón entre ellas para evadir responsabilidades y se apersonen de esta bomba de tiempo que amenaza con arruinar a varias generaciones de colombianos”, recalcó.