Crímenes de líderes sociales son por “oposición a sus dinámicas de paz”: Indepaz

Mauricio Alvarado/El Espectador

Colombia amaneció este martes con la noticia del crimen de otro líder social. Se trata del líder campesino Jorge Luis Betancourt, quien desarrollaba labores comunitarias en el corregimiento de San Francisco del Rayo, en Córdoba. Con este, ya son 18 los líderes asesinados en lo que va de 2020: ello indica que, en promedio, cada 18 horas ha perdido la vida de forma violenta un líder social.

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El panorama no deja de ser sombrío y 2020 no parece ser el año de quiebre, en particular si se tiene en cuenta que hay dos zonas del país –Puerto Guzmán, en Putumayo, y el norte del Cauca– que concentran más de la mitad de los homicidios. La problemática persiste y según Camilo González Posso, director de la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), podría agravarse.

En diálogo con este diario, detalla las dificultades que encaran los líderes, las fallas en su atención, su pronóstico con miras a lo que será 2020 y las explicaciones alrededor de un fenómeno que no deja de alarmar a la sociedad.

El recuento de 2020 hasta ahora es de un líder asesinado cada 18 horas. La problemática persiste y no se ven soluciones a corto plazo. ¿Qué hacer?

Lo que ocurre es la persistencia de todas las acciones en contra de la gente que está en los territorios implementando los Acuerdos de Paz. En Putumayo son cuatro los homicidios y en el Cauca cinco, es decir nueve de los 18 están concentrados en estas regiones. ¿Por qué? Es porque esta gente está comprometida con el tema de sustitución de cultivos y buscando alternativas en ese sentido. 

Obviamente hay gente interesada en oponerse a esto y continuar negocios ilegales. El patrón común de estas situaciones, insisto, tiene que ver con las resistencias a la implementación de la paz.

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¿Es decir que los crímenes están dirigidos a los líderes que le están apostando al Acuerdo de Paz?

Sí, porque mire que los cuatro de Putumayo tenían relación con el comité de cultivadores de coca y con Marcha Patriótica. Y los del norte del Cauca son líderes asociados a comunidades indígenas y campesinas, que están también en una gran apuesta por la implementación de los Acuerdos.

Llama la atención el caso de Putumayo y el municipio de Puerto Guzmán, donde han sido asesinado cuatro líderes. ¿Qué situación o dinámica permite explicar este hecho?

La información que tenemos es que allá hay una dinámica muy importante de sustitución de cultivos, pero también hay unos grupos de mafia y narcotráfico que están ejerciendo control, que quieren garantizar rutas por ese territorio y que están enfrentados a las asociaciones y a las comunidades. Ese es el común denominador en esa zona.

¿Y frente al norte del Cauca?

En el norte del Cauca estos grupos de sicarios y de grupos armados están tratando de recoger rentas del negocio de la marihuana. Hay 8.000 familias que están viviendo del cultivo de la marihuana para usos recreativos y medicinales. Y estos grupitos los extorsionan, desconocen las directrices de las autoridades indígenas y están disputándole el territorio a estas comunidades. Entonces cuando se presentan algunas diferencias con líderes, pues proceden a pagar sicarios o a ejercer justicia por mano propia.

Tomando como referencia 2019 y contrario a lo que dice el gobierno, ¿sí se podría hablar de una sistematicidad en los crímenes?

Sí. La sistematicidad está asociada a disputas territoriales por diferentes temas, tanto de cultivo, narcotráfico, rutas, minería o tierras. Ahí está la motivación, porque se trata en todos los casos de oposición a las dinámicas de paz y se configuran patrones. La población que está siendo más vulnerada son los campesinos y comunidad étnicas.

¿Por qué no comparten el balance del presidente Duque frente a la reducción del 25 % en los crímenes?

El presidente en eso hizo mal la aritmética, porque esas son las estadísticas que supuestamente dan desde la Oficina de Naciones Unidas y eso no da. Da una pequeña reducción del 6 %. De gobierno a gobierno no hay ninguna reducción. Hay un leve incremento en los primeros meses de este gobierno, pero básicamente la persistencia da cuenta que no han resultado las fórmulas que están aplicándose en los territorios para contener dinámicas de violencia, que son distintas e incluso, de menor capacidad de daño que las que había antes de los acuerdos. Creo que no se han logrado caracterizar de forma correcta la problemática y se siguen aplicando viejas fórmulas de guerra.

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¿Cómo pinta 2020 para los líderes? ¿se puede hacer algo?

Por lo pronto, no hay señales de que haya un cambio de estrategia o de respuesta para atajar el fenómeno por parte del Ejecutivo. Pero creo que sí hay una serie de circunstancias que pueden ayudar a que se implementen medidas más eficaces. Ya el Gobierno, por ejemplo en el caso del Cauca, está diciendo que le da prioridad a lo social, pero hay que entrar a precisar estrategias más concretas en los territorios, la concentración con las comunidades y hacer ajustes, porque la política de copamiento militar, de erradicación forzada y de carteles con objetivos de alto valor no ha funcionado. Hay que cambiar y apostar por una alianza social con la gente, eso como columna vertebral de una estrategia y de una nueva doctrina a favor de la paz.

¿Este año pinta peor que 2019 para los líderes sociales?

Pues como se ha iniciado y si mantenemos lo que llaman las cabañuelas, la cosa está más grave. El año pasado se presentaron cuatro asesinatos por semana y ahora tenemos más de un asesinato por día.

Ante ello, creo que debe haber un gran pacto democrático por la vida con participación de todos los sectores políticos y del propio Gobierno. Se necesita un pacto de reconciliación por la vida de modo que se acabe la estigmatización y se reconozca la disposición de las comunidades a proseguir con la paz, y que no se considere a los territorios como zonas de guerra. Eso sería un camino para hacer una rectificación de política.

¿Qué criterios emplean para catalogar que un homicidio si corresponde al de un líder social?

La información de base las recibimos de las mismas comunidades. Se toma la referencia de alguna denuncia de una organización o colectivo, y se reconfirma. En primera instancia se toma y se hace la presunción de responsabilidad y caracterización de acuerdo con lo que nos dice la organización en el territorio. A partir de ahí, viene una verificación y la parte de la investigación no la hacemos, eso es de resorte de la Fiscalía.

En principio prevalece la presunción de que la denuncia de las organizaciones o de la comunidad está indicando que se trata de un líder reconocido por ellos.

Recuento de las víctimas

1. Carlos Cardona, Ituango, Antioquia, 2 de enero

2. Cristian David Caicedo, Guapi, Cauca, 3 de enero

3. Gloria Ocampo,  Puerto Guzmán, Putumayo 7 de enero

4. Virginia Silva, Paez, Cauca, 7 de enero

5. Carlos Alonso Quintero, Puerto Guzmán, Putumayo 8 de enero

6. Emilio Campaña, Puerto Guzmán, Putumayo 8 de enero

7. Mireya Hernández Guevara, Algeciras, Huila 8 de enero

8. Anuar Rojas Isaramá, Niqui, Chocó, 9 de enero

9. Óscar Quintero, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero

10. Gentil Hernandez, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero

11. Henry Cuello. Chiriguaná, Cesar, 10 de enero

12. Amparo Guegia, Caloto, Cauca, 10 de enero

13. Juan Pablo Dicué Guejia, Caloto, Cauca, 10 de enero  

14. Nelson Enrique Meneses, Inza, Cauca, 10 de enero

15. Tulio Cesar Sandoval, Tribu, Norte de Santander, 10 de enero

16. Sergio Narváez, Turbo, Antioquia, 10 de enero

17. John Freddy Álvarez, Algeciras, Huila, 11 de enero

18. Jorge Luis Betancourt, San Francisco del Rayo, Córdoba, 13 de enero

Firmantes de acuerdo de paz asesinados en 2020:

1. Benjamín Banguera Gonzalez, Guapi, Cauca, 1 de enero