Crisis por choque de poderes

El equilibrio de poderes es el florero de Llorente. El presidente Santos hizo un llamado a la cordura y la conciliación. Hoy, cumbre de partidos políticos.

El fiscal Eduardo Montealegre y el presidente, Juan Manuel Santos. / Presidencia
El fiscal Eduardo Montealegre acusa al Congreso de agredir y descalificar a la Rama Jurisdiccional, y al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de querer ponerla de rodillas. El procurador Alejandro Ordóñez habla de “retroceso constitucional”. El uribismo advierte que es “inconveniente”. En el Capitolio le piden al Gobierno salir a defender su reforma, mientras se escuchan enconados pronunciamientos en defensa del fuero legislativo. Desde las altas cortes señalan que no se está corrigiendo nada y piden constituyente. Y el presidente Santos dice que no se echará para atrás y sugiere dialogar para superar las diferencias y evitar la confrontación.
 
Es el panorama que se ve hoy debido a la novela del trámite del acto legislativo de equilibrio de poderes, que esta semana entra en su recta final con el séptimo debate en la Cámara de Representantes. Se trata de una iniciativa de origen gubernamental cuyo más reciente capítulo tiene como protagonista al fiscal Montealegre y su andanada de cuestionamientos —para algunos amenazas—, incluyendo el anuncio de demanda ante la Corte Constitucional, pues, para él, el proyecto “está minado de temas inconstitucionales y de vicios de procedimiento”.
 
Declaraciones, además, cargadas de señalamientos directos, como por ejemplo el que hizo contra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, a quien acusó de ser el responsable de haber “repartido burocráticamente” el Consejo Superior de la Judicatura, o contra el Congreso, a quien señala de tener una “doble moral”, amparado en su inviolabilidad parlamentaria. Con delicadas insinuaciones de por medio: “Que la Corte estudie si el hecho de que en el Congreso existan familiares de los 56 parlamentarios de ‘parapolítica’, o familiares que fueron condenados por estafa por la Corte Suprema, si todo ese conflicto de intereses vicia o no por desvío de poderes este acto legislativo”, aseguró.
 
Duras palabras que han tenido riposta en el Capitolio Nacional. “Aquí quienes se tienen que poner los pantalones son el presidente del Congreso y el Gobierno, porque los he visto sumisos y débiles para contestar este tipo de acusaciones cuando el proyecto del Ejecutivo”, manifestó el senador Armando Benedetti, del Partido de la U. Por su parte, el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, cargó contra la actitud de Montealegre: “La imparcialidad y el garantismo son principios tutelares del sistema penal acusatorio, principios que se rompen cuando el fiscal o sus funcionarios entran en esa carrera de locuacidad política”, dijo.
 
Para la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, lo que está haciendo el fiscal Montealegre es utilizar su poder para intimidar y amenazar al Congreso: “Serenidad y respeto. Él es fiscal general, no emperador de Colombia. No le puede dar órdenes al presidente sobre qué proyectos puede presentar, ni al Congreso lo puede intimidar para que decida como a él le gusta (...) si tiene sugerencias, bienvenidas, pero si quiere hundir esta reforma porque no le permite la impunidad que tiene hoy, o que el Congreso deba autocerrarse para que se tramite una constituyente que sólo quieren él y las Farc, eso es un despróposito”, agregó.
 
Lo cierto es que la tormenta crece y el presidente Santos ha salido a tratar de apaciguar los ánimos. “El Ejecutivo propone, las cortes también pueden proponer, y el que dispone es el Congreso. Así funciona nuestra democracia. No hace bien que haya confrontación ni con la Procuraduría ni con la Fiscalía. Si tienen observaciones sobre cualquier tema, que las pongan sobre la mesa en forma respetuosa y constructiva”, expresó el jefe de Estado. Las instrucciones a sus ministros Juan Fernando Cristo; Yesid Reyes, de Justicia, y Néstor Humberto Martínez, de la Presidencia, son mediar y conciliar.
 
Como están las cosas, esa postura puede echarle más leña al fuego. Al fin y al cabo, el Gobierno defiende el equilibrio de poderes y ya el minjusticia calificó como “preocupante” el hecho de que el fiscal Montealegre trate de deslegitimar al Congreso con sus acusaciones. “En un Estado de derecho el escenario natural para discutir estos temas es el Congreso. El hecho de que a uno le nieguen un planteamiento o no le atiendan una idea no significa que el Congreso no sirva y que uno deba saltárselo para imponer su opinión por fuera de este escenario”, enfatizó. De paso, tras reconocer que quien quiera demandar está en todo su derecho, aseguró que está convencido de que su trámite se ha hecho con total apego a la ley y sin vicios.
 
En el trasfondo —y este es otro tema a tener en cuenta— está lo electoral. No sólo porque en menos de seis meses el país irá a las urnas para elegir nuevos mandatarios locales y regionales, sino porque el período de Montealegre se encuentra en su etapa final (va hasta marzo de 2016) y el del registrador termina este año. Y bien es sabido que en la escogencia de sus reemplazos siempre se vive un pulso ue involucra a todas las ramas del poder público. Todo eso sin contar la expectativa en torno a la decisión que debe tomar el Consejo de Estado ante la acción de nulidad interpuesta en contra de la reelección del procurador Ordóñez.
 
Hoy, a instancias de la Comisión Primera de la Cámara, se llevará a cabo la audiencia pública sobre la reforma, en la que todos los involucrados pueden exponer sus puntos de vista. Se espera que los presidentes de las altas cortes, así como el jefe del ente acusador, asistan y planteen sus argumentos. En la mañana, por iniciativa del Partido Conservador, los presidentes de todos los partidos tendrán un encuentro en el hotel Ópera —muy cerca al Capitolio—, también para analizar la crisis y el choque con la justicia. Han confirmado su asistencia Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical; Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático; Horacio Serpa, del Partido Liberal; Roy Barreras, del Partido de la U, y Claudia López, de la Alianza Verde.
 
 Mientras tanto, los presidentes del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, y de la Judicatura, Wilson Ruiz, han hecho saber que están abiertos al diálogo y que incluso la propuesta de una constituyente —planteada la semana pasada por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial— no es un inamovible. “Lo que queremos es que exista un diálogo abierto, franco y firme”, expresó Vergara. A estas alturas el país ya no sabe cómo terminará el embrollo, sobre todo cuando de antemano se sabe que así el equilibrio de poderes pase en el Congreso, será la Corte Constitucional, en su examen obligatorio, la que tenga la última palabra. Y si lo hunde, el choque de trenes ya no será sólo con el Legislativo sino también con el Ejecutivo.
 
 
En qué afecta el equilibrio de poderes a las cortes
 
Los escándalos protagonizados por magistrados de las altas cortes generaron la necesidad de que haya un juez que realmente investigue estas irregularidades, por eso se elimina la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y se crea la Comisión de Aforados, que los investigará y presentará acusación ante el Congreso en pleno si es un asunto político, y si es por un delito enviará la acusación a la Corte Suprema. Esta comisión investigará al fiscal general, lo que, a juicio de los parlamentarios, es el motivo de disgusto del jefe de esta entidad, Eduardo Montealegre.
 
* Se eliminan las facultades nominadoras y electorales de altos funcionarios, que no son propias de los magistrados y los implicaban en pujas de intereses e intercambios de favores burocráticos.
* Se prohíbe expresamente el “yo me elijo y tú me eliges”, con el cual los magistrados influían en la elección de otro y al cumplir su período en una corte se postulaban a otro alto tribunal contando con los votos del magistrado que habían ayudado a elegir.
* Elimina el Consejo Superior de la Judicatura y crea la Comisión Nacional de Gobierno y Administración Judicial, con sus tres niveles: Consejo de Gobierno Judicial, Junta Ejecutiva de Administración Judicial y Gerencia de la Rama Judicial - Dirección de Magistratura. Igualmente se elimina la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura y se crea la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con siete magistrados elegidos por Congreso pleno. Esta comisión examinará la conducta y sancionará las faltas de funcionarios de la Rama Judicial.
* Con la creación de la Comisión Nacional de Gobierno y Administración Judicial las cortes consideran que se les está afectando la independencia porque el ministro de Justicia y del Derecho será parte del Consejo de Gobierno Judicial y es la primera vez que el Gobierno ocupa un lugar en la Rama Judicial.
* Al cumplir su período como magistrados, la reforma plantea una inhabilidad de dos años para actuar como apoderados ante la corporación de la cual hicieron parte, ni asesorar a partes interesadas en relación con procesos ante la misma.