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Cruce de cartas entre Samper y comandante del Ejército por abusos sexuales

El mayor general Eduardo Zapateiro instó al expresidente a facilitar información y “pruebas certeras” sobre el supuesto entrenamiento de militares para cometer abusos. El exmandatario replicó y dijo que fue interpretado de manera interesada.

02 de julio de 2020 - 05:19 p. m.
Según Samper, la responsabilidad de los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública “debe ir más allá de los parámetros con que se juzga a cualquier criminal”.
Según Samper, la responsabilidad de los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública “debe ir más allá de los parámetros con que se juzga a cualquier criminal”.
Foto: Archivo El Espectador/Agencia EFE

En medio de la controversia e indignación por el abuso sexual del que fue víctima una niña embera en Risaralda a manos de siete uniformados del Ejército –a lo que se suman denuncias de al menos un centenar de casos similares en la institución desde 2016– este jueves hubo un duro cruce de cartas y señalamientos entre el expresidente Ernesto Samper y el hoy comandante del Ejército, el mayor general Eduardo Enrique Zapateiro.

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La controversia la desató Samper, quien a través de Twitter aseguró que la problemática alrededor de uniformados implicados en casos de violación, además de ser castigado ejemplarmente a nivel judicial, es un “problema de fondo”, señalando que hay “soldados entrenados institucionalmente para este tipo de actos”.

En respuesta –a través de una carta fechada el 30 de junio y una advertencia de “restringido”– el mayor general Zapateiro manifestó que “nunca había tenido conocimiento de una situación tan aberrante”, en referencia al supuesto entrenamiento institucional “para realizar actos de abuso y violación”.

“Nadie me ha informado sobre la existencia de semejantes contenidos en los planes de formación de nuestros soldados. Al consultar con los responsables dentro de las dependencias de la institución me afirman que eso no es cierto”, señala Zapateiro.

Sin embargo, indicando que se trata de una afirmación realizada por un expresidente, el mayor general contesta que no la asumirá como una “expresión irresponsable y temeraria”, por lo que anuncia que realizará las verificaciones que sean necesarias. Acto seguido, explica que remitirá el caso a la Fiscalía para que indague de la mano de Samper lo denunciado.

“Para empezar, y dado que lo afirmado por usted correspondería a un delito de la mayor gravedad, he remitido un oficio al fiscal general pidiéndole que obtenga de su parte la información que permita verificar tan aberrantes hechos y dar con los responsables de semejante atrocidad”, agrega.

En tono sarcástico, Zapateiro concluye asegurando que sería impensable que alguien que ha desempeñado la Presidencia pudiera hacer una afirmación de tal gravedad “sin contar con pruebas certeras de lo que está sucediendo y, sin duda, como ciudadano de bien ofrecerá dichas pruebas a las autoridades”.

Ante ello, Samper le respondió con otra carta en la que explica que en su trino expresó preocupación no porque haya desde el Ejército un entrenamiento para que los soldados cometan actos de abuso, sino que los casos relacionados con estos hechos “se traten, simplemente, como ‘casos judiciales’”. Aunque inicialmente se reconoce como un “ciudadano cualquiera”, el expresidente reivindica su rol como exjefe de Estado para expresar su molestia por lo que consideró “cartas acusatorias sin sustento”.

“Le confieso que yo me encuentro más extrañado que usted al enterarme de que el comandante del Ejército Nacional se arroga la libertad de enviar cartas acusatorias sin sustento a un ciudadano cualquiera, en este caso a un expresidente de la República, basado en informaciones que le suministraron terceras personas acerca de algo que escribí o dejé de escribir en unos trinos”, señala.

Luego, el exmandatario argumenta que su opinión es que la responsabilidad de los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública “debe ir más allá de los parámetros con que se juzga a cualquier criminal”, destacando su rol como “servidores de la paria, guardianes de sus conciudadanos y ejemplos de comportamiento”. Por ello, aboga por una formación ética más rigurosa que evite este tipo de actuaciones.

Además, saca pecho por que en su gobierno se establecieron en aulas militares y de policía la enseñanza de las normas del derecho internacional humanitario y las acciones de combate propias del conflicto armado. Alega además que su trino fue interpretado de manera interesada y que el uniformado está mal informado.

“Los agentes de la Fuerza Pública, señor general, está obligados más que ningún otro ciudadano a respetar las normas que protegen la vida, integridad y libertad de los colombianos. Y los mandos que las instruyen y educan son responsables de que esta formación se manifieste en todos sus actos, públicos y privados. Ese y no otro es el sentido preciso de mi opinión”.

Samper, reivindicando ahora su condición de excomandante de las Fuerzas Armadas, agradece el interés del comandante del Ejército y abogó porque “este malentendido” sea aclarado. Dice también que hubiera esperado la misma preocupación frente a supuestas chuzadas ilegales de la que dijo ser objeto, así como algunos de sus colaboradores por “estar cumpliendo tareas humanitarias en favor de la paz”.

En el cruce de cartas incluso intervino la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (ACORE), a través del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, que rechazó lo expresado por el expresidente y dijo que se trata de hechos sin sustentación alguna, “que afectan seriamente el honor y la dignidad de la institución”.

“Este tipo de afirmaciones explica claramente el interés de su autor de querer sumarse a la ofensiva mediática sin precedentes que se viene realizando en contra de nuestras instituciones castrenses, con el claro propósito de desmoralizar y desprestigiar, a quienes abnegadamente sirven al país, bajo el firme compromiso de patria, honor y lealtad”, reclaman.

Expresando solidaridad y apoyo al comandante del Ejército, ACORE insta a que se abra una investigación penal “en contra del causante de estos injuriosos e inaceptables hechos”.

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