Cuba y Noruega piden al Gobierno sancionar la ley estatutaria de la JEP

Dag Nagoda, jefe de la delegación de Noruega. / Archivo

A través de una carta, los jefes del equipo de países garantes, de Noruega y Cuba, en el proceso con las Farc, Dag Nagoda e Iván Mora Godoy, respectivamente, manifestaron las razones por las cuales debe de entrar en vigencia la ley estatutaria de la JEP, debido a su experiencia y acompañamiento en la firma del Acuerdo de La Habana.

“La adopción de la ley estatutaria para la aplicación de la JEP, después de ser aprobada por las entidades correspondientes (Congreso y Corte Constitucional), constituiría un paso esencial en la preservación y continuación del acuerdo final alcanzado. Asimismo, será un modelo para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de conflictos en otros procesos de paz en el mundo”, señalaron los delegados.

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Así pues, consideraron que, si el escenario es la objeción, “se dañará la columna vertebral sobre la cual se construyó el acuerdo, y quedará en vilo la implementación en sus aspectos fundamentales”, resaltan.

Para los países garantes, la declaración de inconveniencia a la ley estatutaria, rumor que se ha fortalecido en los últimos días, especialmente por la captura del fiscal de la JEP Carlos Bermeo por el caso Santrich, afectará directamente a las víctimas y excombatientes comprometidos con el proceso de reincorporación.

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Recordaron por otro lado que “el secretario general de la ONU, Consejo de Seguridad, representantes de la Corte Penal Internacional y comunidad internacional en su conjunto, han expresado sus preocupaciones en este sentido, y velan porque una involución del pacto alcanzado no se convierta en un precedente negativo en otros procesos de paz que tienen lugar en el mundo, cuando aún aspiran a que este acuerdo se convierta en un referente para futuras negociaciones”.

Finalizan el comunicado reiterando su apoyo a la paz de Colombia y a los procesos para implementarla. En su momento, tanto Cuba como Noruega manifestaron ser respetuosos de los protocolos firmados entre el Gobierno, Eln y demás países garantes ante una eventual ruptura de la negociación con la guerrilla, como sucedió luego del ataque a la Escuela de Cadetes General Santander, en enero pasado.

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Sin embargo, el Ejecutivo arguyó su postura en una sentencia de la Corte Constitucional en la que interpretaron que dicho pacto fue firmado como una política de Gobierno de Juan Manuel Santos, por ende, no había un compromiso como Estado para cumplir dichos protocolos. Por el momento, la delegación negociadora del Eln permanece en Cuba debido a que manifestaron no contar con las garantías necesarias para retornar al país.