Cuenta regresiva... los dos últimos años de Santos

Con el reloj en contra, el presidente deberá afrontar retos inmensos en los 730 días de gobierno que le quedan, el más crucial, dejar sentadas las bases para que la paz, por la que se jugó a fondo, sea de verdad estable y duradera.

El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que una vez termine su mandato, en 2018, dejará la política. / AFPAFP

Con un proceso de negociación con las Farc que ya muestra resultados concretos, al menos en la firma de acuerdos; una oposición uribista atizando la polarización; un capital político desgastado que se refleja en una baja favorabilidad de su gestión en las encuestas, y un complejo panorama económico —con menos recursos, inflación al alza y anuncio de reforma tributaria de por medio—, el presidente Juan Manuel Santos arriba hoy a su sexto año de gobierno. Bien se puede decir que arranca para él la cuenta regresiva y que en los 730 días que le quedan de mandato, los retos son inmensos e implican dejar andando la maquinaria de consolidación de la paz, para que ésta sea de verdad estable y duradera.

Es inevitable que el sol comience a dar en las espaldas y bien lo sabe el mandatario. “Si el costo de buscar la paz lo pago con mi popularidad, estoy más que dispuesto a pagarlo”, dijo en abril del año pasado, refiriéndose a los abucheos que por esos días recibió en varios actos públicos por parte de quienes creyeron que su llegada al poder, en 2010, sería la reedición de la seguridad democrática y ahora califican como “traición” el giro que dio en 2012 para buscar el fin del conflicto con las Farc. Una apuesta que está a punto de ganar, si de la firma de un acuerdo final de paz se trata, pero que, como él mismo ha dicho, sólo es un primer paso, pues se viene una gran cantidad de retos para su implementación.

El más inmediato tiene que ver con el plebiscito, mecanismo con el que se busca refrendar lo pactado con la guerrilla. Del lado del Gobierno, el pulso está planteado desde la disyuntiva entre la guerra y la paz. La oposición, encarnada en el expresidente Álvaro Uribe y su Centro Democrático, lo ve como una fórmula ilegítima, en la que sin embargo participará invitando a votar por el no. Lo cierto es que sacar adelante el proceso de paz tiene sus tiempos y afanes, y más allá de ese plebiscito y la logística operativa sobre el cese del fuego bilateral y la dejación de armas, se requieren reformas constitucionales, leyes estatutarias y leyes ordinarias que coparán la agenda del Congreso y que sentarán las bases del posconflicto, muchas de ellas impulsadas por Santos a través de facultades extraordinarias.

“Cada punto a implementar encierra retos, porque van a significar conflictos y negociaciones puntuales. Y va a ser una transición con muchos conflictos y con temas que van a salir en el Congreso y en la sociedad”, dice Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien cree que la labor del Congreso en este año y las dos legislaturas de 2017 deberá ser “ejemplar”, pues de ella depende la estabilidad jurídica y democrática de los acuerdos. Con una advertencia a tener en cuenta: “No se pueden dejar tareas en ese sentido para el otro gobierno. En 2017, lo que arranque con el pie izquierdo se queda con el pie izquierdo y no va a tener una transición adecuada, de modo que este gobierno tiene que dejar todo encaminado. Al que llegue en 2018 se le tiene que pasar la bandera de una paz andando, si no los riesgos y las incertidumbres pueden ser muy problemáticas”.

En efecto, el próximo año (unos dicen que en mayo y otros que en agosto) arrancan las inhabilidades de aquellos funcionarios que al menos hoy están en el sonajero como eventuales candidatos presidenciales. Es el caso del vicepresidente Germán Vargas Lleras o los ministros Mauricio Cárdenas, Juan Fernando Cristo y Aurelio Iragorri. Mejor dicho, se tendrán que destapar las cartas, y la encrucijada para el primer mandatario será mantener firme la coalición de la Unidad Nacional, donde cada partido ha anunciado ya que quiere tener vuelo propio. Ahora, si bien existe la necesidad de mantener esa alianza de cara al trámite de la paz en el Congreso, todo apunta a que en algún momento se buscará un candidato de convergencia alrededor del posconflicto.

“Políticamente, el Gobierno tendrá que enviar señales de que el próximo presidente tiene que ser afín a la consolidación e implementación del proceso de paz. Hoy se ven dos escenarios: uno con Vargas Lleras, quien ha mostrado algo de silencio, pero ha hecho unas declaraciones de apoyo y ha salido en las fotos simbólicas. El otro es con Humberto de la Calle, líder de la negociación en La Habana. Como sea, tarde o temprano Santos se la tendrá que jugar. Por supuesto que el peor escenario sería un presidente uribista o conservador con apoyo del Centro Democrático. Ahí las cosas que no queden suficientemente implementadas podrían ser revertidas y la paz aplazada”, señaló Jorge Iván Cuervo, del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE).

En esa materia, el tema de la justicia se vuelve crucial. La Jurisdicción Especial para la Paz, en la que además de guerrilleros podrían entrar militares y civiles involucrados en el conflicto, traerá tensiones y luchas políticas intensas. “El éxito del proceso casi depende del tribunal especial que se va a crear, porque todas las dudas que se tengan alrededor de la aplicación de justicia deben ser resueltas ahí”, dice Cuervo. Y a ese tejemaneje hay que sumarle la obligación del fortalecimiento territorial, ante unos entes locales y regionales con pocos recursos y muchas obligaciones que se incrementarán en el posconflicto y con demandas sociales represadas que van a salir a flote. En esencia, urgirá replantear el diseño de las relaciones nación-territorio.

El panorama para el jefe de Estado se torna más complejo cuando se sabe que en lo inmediato igualmente toca resolver la terna para defensor del Pueblo y luego lo de su ficha en la terna para la Procuraduría. Definiciones en las que ya se siente presión por parte de los mismos partidos políticos de la coalición, siempre tan pendientes de quedarse con estas tajadas del poder. Y todo ello se cruza con la necesidad de una reforma tributaria estructural, que debe ser pensada en términos de paz. “Construir paz y aplicar los acuerdos en medio de una corrupción que se roba el 30 % del presupuesto es imposible. Por tanto, el reto no sólo es ponerle más impuestos a la gente sino de saneamiento tributario, que quiere decir control de la corrupción”, dice Camilo González.

El contexto internacional es otro ítem clave. Estados Unidos, con el presidente Barack Obama, demócrata, ha sido un aliado fundamental de las negociaciones con las Farc (tiene enviado en La Habana, Bernard Aronson). Pero los estadounidenses definen el relevo en la Casa Blanca en noviembre, y si bien Hillary Clinton, demócrata también, significa continuidad para ese apoyo, un triunfo del republicano Donald Trump podría cambia esa ecuación. Y está la obligación de seguir atentos a la situación de Venezuela, porque, como se ha dicho, cuando allá estornudan, acá nos da gripa. Múltiples retos que para el presidente Santos bien pueden significar la manera en que lo juzgará la historia.

¿Y el proceso de negociación con el Eln?

Si bien hoy está empantanado, no hay duda de que el inicio de un proceso de paz con la guerrilla del Eln es otro de los pendientes del presidente Santos a cumplir en los 48 meses que le quedan de gobierno.

Para Jorge Iván Cuervo, al menos tiene que dejar perfilado un escenario de negociación con ese grupo subversivo, pero además de uno de sometimiento a la justicia por parte de las llamadas bandas criminales. “Si bien la paz con las Farc va a reducir notablemente la violencia relacionada con el conflicto, hay un riesgo de que otros grupos armados ocupen algunos de los espacios o las regiones donde éstas hacían presencia y entonces un no mejoramiento de la seguridad puede afectar la confianza de los ciudadanos”, explicó el analista.

De cualquier manera, el primer mandatario parece, por ahora, mantener inamovible su postura de no iniciar una fase formal de conversaciones con el Eln hasta tanto esa guerrilla libere a los secuestrados que hoy tiene en su poder y renuncie a esa práctica.