Implementación de la paz: cuestión de tiempo

El plazo para la concentración de las Farc corre. Solo el 12 de diciembre la Corte Constitucional definirá sobre el “fast track” y si la refrendación legislativa vale. Y en el horizonte ya se vislumbra la campaña electoral de 2018.

El pasado viernes se instaló la Comisión de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz. / Cristian Garavito
El pasado viernes se instaló la Comisión de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz. / Cristian Garavito

El jueves 24 de noviembre se firmó en el teatro Colón de Bogotá el nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. Seis días después, el Congreso cumplió con la refrendación y se definió que el jueves 1º de diciembre era el tan esperado Día D, fecha en la que comenzaron a correr los plazos para la implementación de lo pactado. El primer paso, cinco días después, tendría que haber sido el inicio de la concentración de las tropas guerrilleras en las zonas veredales y campamentos, donde se llevará a cabo su desarme y reintegración. Pero eso no se ha dado todavía, y aunque las Farc reiteran que la paz no tiene reversa, hay más dudas que certezas, y el tiempo corre y juega en contra del trámite de todas aquellas iniciativas que se hacen necesarias para materializar el acuerdo.

Con un ingrediente adicional: 2017 es un año preelectoral, donde en el segundo semestre la mayoría de los congresistas se dedican a sus campañas reeleccionistas, se abre el juego de la disputa presidencial y el ambiente político se torna pesado. En síntesis, si se cuenta desde el 2 de octubre, cuando el Sí perdió en el plebiscito, es mucho el tiempo que se ha perdido. Encima de todo, la Corte Constitucional aplazó para el 12 de octubre su fallo sobre las demandas en contra del llamado Acto Legislativo para la Paz, que define dos temas claves: la vigencia del fast track o mecanismo rápido y la validez de la refrendación que hizo el Legislativo del Acuerdo de Paz.

Bien lo dijo el jefe guerrillero Iván Márquez: “Llegó la hora de materializar lo pactado”, lo cual implica que se abra una “zona de turbulencias y dificultades”. Si bien ya fue instalada la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, las Farc dijeron que es urgente que se dé la suspensión de las órdenes de captura de sus miembros –decisión que depende de la Fiscalía–, pues temen ser arrestados. “Por eso es comprensible que nadie emprenda movimientos hacia zonas de concentración”, explicó. Asimismo, insisten en que sin mecanismo rápido no es viable tramitar la ley de amnistía, que es lo que les da seguridad jurídica, y alegan que las zonas veredales aún no están adecuadas para su llegada.

De hecho, a través de su cuenta en Twitter mostraron fotos de uno de los sitios en donde debe ser instalada una de esas zonas veredales, exactamente en la vereda La Elvira, zona rural del municipio de Buenos Aires (Cauca), en la que solo se ve vegetación. “ZVTC en Cauca D+5. Según lo acordado, Gobierno debe habilitar en ese lugar un campamento” y “no hay nada, hasta hoy mirando dónde irán las instalaciones”, son los mensajes que acompañan las imágenes. Consultado sobre si esta situación es una muestra de improvisación, el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, reconoció que hay unas zonas más adelantadas que otras, pero que las Farc sí se están moviendo hacia dichos sitios.

Lo cierto es que la estructuración de todo ese proceso involucra a varias entidades del Gobierno: el Ministerio de Defensa es el encargado de vigilar el traslado de las unidades guerrilleras; el Ministerio del Posconflicto tiene que velar por las inversiones en las zonas y el desmonte de cultivos ilícitos y minas antipersonal; el alto comisionado para la Paz es el encargado del montaje de los dormitorios para los guerrilleros, el abastecimiento de alimentos, agua potable y electricidad. Y por último está la Consejería para las Regiones, a cargo de las relaciones con las comunidades y las autoridades territoriales.

Fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a El Espectador que en por lo menos 10 de las 27 zonas veredales transitorias ya están montados los esquemas de monitores y verificación tripartita, de los que hacen parte las Naciones Unidas, y que si bien se avanza en la adecuación para recibir a la guerrilla, los problemas que se han presentado no tienen que ver con asuntos logísticos, sino con el arrendamiento de los terrenos. En una entrevista con este diario, Diego Bautista, director de Paz Territorial de la Oficina del Alto Comisionado, reveló que en las últimas semanas se han realizado visitas a varias regiones del país, buscando acuerdos con los dueños de los predios donde van a funcionar las zonas de concentración guerrillera.

“Se trata de un arriendo, identificamos al dueño de la tierra, miramos si está formalizada y acordamos un canon por unos meses. En algunos territorios hay acuerdos, en otros hay un proceso de negociación del valor y cómo va a funcionar (…) ese es un proceso que va avanzando”, indicó Bautista. Según el Acuerdo Final, toda la movilización de las Farc hacia las zonas de concentración debe concretarse en el Día D + 30, es decir, que el plazo vence el 6 de enero. Se calcula que en la actualidad, un 40 % de la guerrilla está ya en los puntos de preagrupamiento y que el resto tardaría entre 20 y 25 días para llegar. A medida que vayan arribando, los campamentos se irán montando y las Farc han propuesto ayudar en ese proceso si el Gobierno ofrece los elementos necesarios.

Ahora, más allá de la concentración, la urgencia está en poner en marcha la implementación, que implica que el Gobierno decida los indultos a los guerrilleros que hoy están presos, condenados por delitos políticos, y presente la ley de amnistía. Sin embargo, se ha dicho que esperará hasta el 12 de diciembre a que la Corte Constitucional decida lo del fast track, mecanismo que permitiría abreviar el trámite de las iniciativas legislativas que requiere la paz. “Un trámite ordinario, extenso, podría depender de la dinámica política pre-electoral que dilata, enrarece y complica las discusiones (…) los congresistas entran en campaña y necesitan protagonismo (estando a favor o en contra del Acuerdo), o suelen entrar en una lógica de chantaje u ‘operación tortuga’”, explica el académico de la Universidad Javeriana Fabián Acuña.

Y concluye: “La realidad es que en la coyuntura actual no hay un candidato fuerte que pueda reunir y liderar las distintas coaliciones a favor de la paz. Y si la implementación del acuerdo debe dejarse en manos del Gobierno y del Congreso que serán elegidos en 2018, no hay buenas perspectivas. Por esta razón, es necesario un trámite expedito en el Congreso en lo que se refiere a la legislación, para evitar que en dos años llegue un gobierno adverso a los acuerdos y que pueda modificar o limitar lo pactado”. En conclusión, el tiempo corre y se ve como una especie de espada de Damocles sobre la implementación. El meollo del asunto es que la Corte Constitucional es la que tiene la sartén por el mango y toca esperar.