Ante los aberrantes casos de abusos y violaciones continuas a los derechos de los niños y niñas indígenas por parte de miembros de sus propias comunidades o de otras personas, la senadora Gilma Jiménez le solicitó a la Corte Constitucional que se pronuncie para que de manera clara le informe a todo el país, si los derechos de los menores indígenas son los mismos derechos de los demás niños colombianos.
En este sentido mediante carta, solicitó a la Corte que se aclare si un delito cometido contra los menores indígenas, por miembros de sus propias comunidades, debe ser juzgado bajo los preceptos constitucionales y legales vigentes en Colombia en materia penal, independientemente de la identidad de los agresores. O si por el contrario, por la identidad de los agresores significa un tratamiento especial y diferencial en lo penal, en detrimento de los derechos de los niños y niñas víctimas.
La solicitud se da luego de conocerse el último caso de una niña indígena Wayuú de 10 años quien dio a luz en Riohacha, mediante cesárea, en hechos que aún están por aclararse, pues en este momento no se sabe con claridad quién es el violador de la niña y papá del recién nacido. Incluso se habla de por lo menos otro caso que aún está por esclarecer.
Según ella, la Jurisdicción Especial Indígena está siendo utilizada para que los verdugos de los niños y niñas indígenas, cuando son de sus propias comunidades, no sean castigados y sus crímenes queden impunes.
Además, la senadora citó el caso de tres niñas paeces de 7, 9 y 14 años que fueron violadas por su papá y fue “condenado” a unos cuantos latigazos.