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La cumbre de gobernadores que realizó la Federación Nacional de Departamentos (FND), entre el pasado jueves y viernes en Cartagena, puede ser entendida como un gran evento social que se convierte en uno de los primeros acercamientos concretos entre los nuevos mandatarios territoriales y el Gobierno Nacional, fuera de los contactos individuales que haya podido establecer cada uno de los gobernadores electos en octubre pasado y que recién se posesionaron el pasado 1° de enero. Fueron dos días en los que los nuevos gobernantes se pasearon por los pasillos de la Escuela de Bellas Artes y del Palacio de la Proclamación con ministros de todas las carteras y los representantes de los entes de control e investigación: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
Se habló de todo y se lograron algunos pactos en materia de transparencia, como el acuerdo para que los directores de los hospitales públicos (empresas sociales del Estado) fuese electos a través de mecanismo idóneos, para evitar la burocracia y la politización de la salud. Sin embargo, durante su intervención ante el auditorio, el presidente Iván Duque Márquez tiró línea sobre lo que requería en su relación con las regiones. De entrada, destacó la captura de José Albeiro Arrigui, alias “Contador”, líder del grupo criminal Los Contadores y a quien señaló de ser uno de los más temidos narcotraficantes del suroccidente y del país, y aliado de los sectores disidentes que comandaba alias “Guacho”.
Y, si bien hizo alusión a varios acuerdos que había dejado la reunión de gobernadores, la seguridad fue un tema central. “El 2019 que terminamos cerró como el año con la menor tasa de secuestros en más de 40 años, y eso se debe al trabajo en los territorios y a los héroes de nuestro país. También cerro con una de las tasas de homicidios más bajas desde 1974, la segunda o la tercera, pero este año vamos a lograr la menor tasa en 40 años porque queremos estar con las comunidades, comprometiendo a las autoridades militares y de Policía en que este sea un gran propósito nacional”, manifestó el mandatario el viernes pasado.
En ese sentido, hizo una referencia específica al narcotráfico, como “el principal combustible de los grupos armados ilegales que asesinan líderes sociales”. “Entre 2015 y 2018 tuvimos una expansión exponencial de cultivos de uso ilícito, pasamos de 60.000 mil hectáreas cultivadas a ´mas de 200.000, y detrás de esa práctica teníamos una expansión de la deforestación, porque poco se habla de esto, pero por cada hectárea de coca que se siembra se destruyen casi dos hectáreas de selva tropical húmeda en el país”, indicó.
Esa es la razón por la que Duque destacó el trabajo que se ha venido haciendo, con ayuda de las gobernaciones, para avanzar en la erradicación de cultivos de uso ilícitos y evitar algunos otros efectos colaterales graves de toda la cadena, como el reclutamiento de menores. El gobernador de Nariño, John Alexánder Rojas, dejó ver a los pocos días del comienzo de su administración cuál sería el enfoque que tendría el combate a este tipo de cultivos en su departamento. "Vamos a adelantar la transformación de cultivos de uso ilícito, con proyectos de impacto, creo que el mensaje fue muy claro de la parte de la cooperación internacional que destinará los recursos muy importantes para este proceso", comentó el mandatario luego de que sostuviera una reunión con el presidente y varios funcionarios del Gobierno Nacional en Tumaco.
De ese encuentro, por ejemplo, quedó enterado de uno de los asuntos que se encuentran dentro del Ejecutivo, como es la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), cuyo componente es esencialmente social y cuenta con un elemento de participación d la comunidad, y las denominadas Zonas Futuro, que tiene una visión mucho más militar y de presencia de la Fuerza Pública en lugares que tendrían mayo presencia del narcotráfico y la actuación de disidencias y grupos armados organizados. Según Rojas, en Nariño “la gente está dispuesta a iniciar estos procesos de desarrollo en el sector agropecuario y nuestra decisión es impulsarlos para que se realicen y generen alternativas para que las comunidades tengan opciones de ingresos y para que muchas poblaciones puedan regresar a sus territorios”.
Nariño —de acuerdo con el más reciente informe del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC)— tenía 12.618 hectáreas diagnosticadas a 31 de octubre de 2019 y cuenta con 17.235 familias vinculadas al programa de sustitución de cultivos. El primero es Putumayo, con 13.306 hectáreas diagnosticadas y la participación de 20.331 familias en el programa de sustitución.
En esa lista de departamentos que tienen mayor cantidad de hectáreas cultivadas también está Antioquia, con 6.532, según la UNOCD, después de Caquetá. Esa cifra varía a la que tiene el gobernador de ese departamento, Aníbal Gaviria, para quien la cifra es cerca a las 12.000 hectáreas. “Encontramos una situación compleja, la mayor cantidad de cultivos están concentrados fuertemente sobre todo en el norte de Antioquia, en el Bajo Cauca, y eso contribuye a la desestabilización y al crimen en la región”, le dijo Gaviria a El Espectador.
Para el mandatario antioqueño, es necesario hacer ajustes en el programa de sustitución porque los resultados son “inicialmente buenos”, pero se complican cuando se trata de sostenerlos. Gaviria no condena “de forma absoluta” el uso del glifosato para la erradicación, pero aclara que debe haber un cumplimiento mínimo de los estándares sociales y ambientales. “Que se use en zonas tan alejadas y tan complejas desde el punto de vista de seguridad en donde la erradicación manual sea prácticamente imposible”, dice.
Hay un consenso bastante generalizado entre los mandatarios territoriales sobre cómo se deben enfrentar, que van en la línea de los gobernadores de Antioquia y Nariño y que también sostienen funcionarios de las gobernaciones de departamentos del Caquetá, Putumayo o Meta, incluso Guaviare y Córdoba, y es que el trabajo para quitarle la gasolina al narcotráfico debe ser en llave con el Gobierno Nacional, además de la sustitución, con la erradicación manual y otras fórmulas para atacar “fuertemente esa fuente de crimen y conflicto”.