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Según el informe “Exportación de corrupción” de 2018, de Transparencia Internacional, en el que se califica a 44 países según la eficacia de su lucha contra el soborno transnacional bajo los parámetros marcados por la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia se encuentra en la categoría de “cumplimiento escaso o nulo”. Con un 0,2 % de las exportaciones mundiales y con una sola investigación iniciada en 2017, el país está en el bloque de 22 naciones incluidas en esa categoría, donde se concentra el 39,6 % de las exportaciones globales.
La convención de la OCDE contra el soborno transnacional, que suscribió Colombia en 2013, tiene como objetivo principal penalizar a las empresas y personas que, en sus transacciones comerciales, ofrezcan, prometan, den dinero o gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros, con el fin de beneficiarse en sus negocios. En febrero de 2016 se aprobó la Ley 1778 del 2 de febrero de 2016, o de soborno transnacional, cuya aplicación quedó en manos de la Superintendencia de Sociedades. Y cabe aclarar que esta no se refiere a conductas de compañías extranjeras en Colombia, sino a conductas de compañías colombianas que incurran en actuaciones de soborno por fuera del país.
En este sentido, llama la atención de que aunque se han anunciado varias investigaciones en curso, la primera sanción por soborno transnacional se dio apenas este año por el caso de Inassa, filial de la empresa española Canal de Isabel II, multada por la Superintendencia de Sociedades con la suma de $5.078 millones, por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016.
Frente a esta realidad, Transparencia por Colombia formuló una serie de recomendaciones, como la necesidad de avanzar en las investigaciones de presuntos casos de soborno transnacional, para lo cual se debe continuar fortaleciendo las capacidades, tanto de la Supersociedades como de la misma Fiscalía General, en los ámbitos de competencia de cada una de estas entidades. Asimismo, sugirió avanzar en el desarrollo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, teniendo en cuenta la discusión pública que se pueda generar alrededor del proyecto de ley anticorrupción, radicado el mes pasado por el gobierno del presidente Iván Duque y el procurador general, Fernando Carrillo, sobre probidad y ética pública.
Por otra parte, señala Transparencia por Colombia, “urge una ley integral de protección a denunciantes que motive la denuncia y que mejore las garantías para quienes se atreven a denunciar hechos de corrupción, de tal manera que se eviten represalias para el denunciante y su familia. A pesar de que el paquete de proyectos anticorrupción incluye elementos al respecto, es necesario tener una discusión más profunda para incentivar la denuncia y evitar criminalizar a los denunciantes, así como permitir la participación y el aporte de diferentes sectores en la formulación de estos proyectos de ley”.
Para Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, “es necesario seguir avanzando en el fortalecimiento de las autoridades competentes en esta materia y en la sensibilización sobre las repercusiones del soborno transnacional en las empresas colombianas, pero sobre todo, se deben fortalecer las medidas y los mecanismos prácticos para favorecer la denuncia efectiva en este tema”.