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El Gobierno decidió presentar el mismo texto que había aprobado el Congreso en diciembre de 2018. Analistas y sectores políticos debaten acerca de la posibilidad de que el proyecto sea aprobado sin sufrir cambios, como desea el Ejecutivo. De manera similar a como sucede con las películas, la Ley de Financiamiento tendrá una segunda parte, una secuela, luego de que la Corte Constitucional tumbara la integridad de la iniciativa por vicios de forma durante su aprobación en el Congreso a finales del año pasado.
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, confirmó que el Gobierno presentará de nuevo el proyecto a la mayor brevedad y que este será exactamente el mismo que ya aprobó el Congreso. En este caso, la película no se llamaría Ley de Financiamiento 2, sino algo por el estilo de Déjà vu. “Hay cosas con las que el Gobierno no estaba tan de acuerdo, otras con las que sí, pero el punto de fondo es que lo que aprobó el Congreso es lo que llevaremos. La vamos a llevar porque creemos que ha sido extremadamente útil para el país”, dijo Carrasquilla durante una rueda de prensa para aclarar las intenciones del Ejecutivo luego del fallo de la Corte.
Contexto: Minhacienda anuncia que presentará el mismo texto de la Ley de Financiamiento al Congreso
El funcionario aseguró que, gracias a la aprobación del proyecto, ha habido una mejoría en indicadores como evolución del PIB en el primer semestre de este año (en comparación con otras economías de la región), inversión extranjera directa y formalización tributaria mediante la inclusión de personas y empresas al régimen de tributación simple. Sobre este último punto, el funcionario recalcó que “gracias a la ley hoy tenemos 8.050 nuevos contribuyentes, 5.300 empresas y 2.650 personas naturales. De esos, 11 % no tenía RUT y 37 % no había siquiera declarado el ICA”.
Sin embargo, presentar el proyecto de ley no implica, necesariamente, que el resultado del trámite sea la misma Ley de Financiamiento: en la mitad, durante los debates de Congreso, existen todas las posibilidades de que el proyecto sufra cambios. Ante esta posibilidad, Carrasquilla dijo que “tenemos el convencimiento de que llevar un proyecto que ya fue aprobado por el Congreso con mayorías claras tiene peso específico y que esto será un argumento muy fuerte. Es una ley con enormes beneficios”. El proyecto será introducido con mensaje de urgencia.
Ahora bien, hablar de cambios a la ley es tener una discusión que, evidentemente, varía según la perspectiva del interlocutor. Para Roberto Angulo, economista experto en análisis de pobreza y socio fundador de Inclusión SAS, “es una oportunidad para pensar más audazmente en cómo reducimos la pobreza”. Concretamente, Angulo se refiere a la posibilidad de introducir una compensación de pago por concepto de IVA a la población más pobre. “Siempre he defendido que el Gobierno tiene los materiales para lograr esto y hoy los tenemos aún más a la mano. No me parece descabellado pensar que una reforma tributaria que sea de costo cero para la población pobre no se pueda lograr. Este debería ser el eje de un acuerdo político: si hay algo que pueda reconciliar políticamente la discusión es la posibilidad de lograr esto”. El economista, quien fue uno de los coordinadores de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, advierte que la medida ya estuvo contemplada en uno de los borradores de la ley en su trámite anterior en el Congreso.
Para Marc Hofstetter, economista profesor de los Andes y columnista de este diario, “tiene sentido presentar exactamente lo mismo y tratar de que pase”. Y, en términos generales, agrega que uno de los caminos de mejoría de la Ley de Financiamiento podría estar en el tratamiento preferencial que les otorga a las empresas. La ley estableció la posibilidad de descontar de renta el 50 % del impuesto de Industria y Comercio a partir del año gravable 2019 y en su totalidad en 2022. También se incluyó la deducción del 50 % del gravamen a los movimientos financieros.
Pero a lo que Hofstetter se refiere puntualmente es que “a muchos economistas lo que nos molesta no es que se reduzcan los impuestos a las empresas, sino que a unas más que a otras. Esto está plagado de excepciones, para unos sí y para otros no. Y eso hace que el sistema sea injusto. Más allá de la discusión de si se les baja más a las empresas versus subirles más a las personas, sería más fácil que no haya tanta discreción en las tarifas de esta ley”.
Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, asegura que “a la Ley de Financiamiento se le había ido la mano en reducir la carga tributaria sobre los ingresos de capital”. Y en el rubro de mejoras habla de cosas como “si se disminuye la tarifa del impuesto de renta de las sociedades también deberían reducirse o eliminarse los tratamientos tributarios preferenciales. Es cuestionable mantener los privilegios que se habían otorgado a las llamadas megainversiones. Resulta justificable el descuento en renta del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital, pero en cambio es excesivo el descuento en renta por concepto del impuesto de Industria y Comercio. Por otra parte, convendría que el impuesto sobre los patrimonios altos de las personas naturales se convierta en permanente. Varios de estos ajustes mejorarían la equidad del sistema tributario”.
¿Cómo está el ambiente político?
Lo que se hace evidente es que, luego de 10 meses de vigencia de la caída de la Ley de Financiamiento, desde varios partidos políticos se han hecho evaluaciones sobre su efectividad, por esa razón intentarán, en esta nueva oportunidad, hacer algunas modificaciones o mantenerse en puntos inamovibles en caso de que sea el Gobierno el que intente incluir nuevos elementos. El presidente del Senado, el liberal Lidio García, hizo un llamado a los legisladores para “estudiar y tramitar responsablemente” la iniciativa y advirtió que desde el Partido Liberal se mantendrá en no permitir que se graven con IVA los productos de la canasta familiar ni las pensiones.
Desde el Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, vocero de la bancada, cree que el proyecto pasará sin muchos líos, pues fue votado por mayorías a finales de 2018. Sin embargo, no garantiza que el apoyo de esa colectividad sea irrestricto. Para Cepeda, uno de los temas más preocupantes, con el que la Ley de Financiamiento ha tenido deudas, es la formalización del empleo. “Ha habido reducción del impuesto sobre la renta, pero no hemos visto un impacto en la generación de empleo. Queremos introducir en la iniciativa un punto que sea más efectivo para esa formalización y que haga evidente el compromiso empresarial con la generación de empleo. El Conservador no será inferior a ese reto”, comentó el senador.
La reintroducción del mismo texto al Congreso crearía problemas con Cambio Radical, pues Germán Vargas Lleras, jefe natural de esa colectividad, tenía serias diferencias con el contenido de la norma y, de hecho, fue uno de los demandantes de esta ante la Corte Constitucional. Voces dentro de esa bancada interpretan que, si bien en el pasado hubo una unidad fuerte a favor del Gobierno, sobre todo en las comisiones económicas —en las que, dicen, Carrasquilla tiene mayor control—, los miembros de Cambio Radical en esas células legislativas estarían “en una pelea entre papá y mamá”. En ese sentido, lo más probable es que el Gobierno acuda a Vargas para lograr un acuerdo.
Desde la oposición también se considera que el trámite será expedito, aunque intentará hacer ruido. “Eso lo van a ‘ferrocarrilear’ y van a tratar de pasar el mismo texto, sabiendo que se cayó solo de forma y no de fondo, aunque insistiremos en eliminar exenciones, pero, honestamente, el Gobierno se moverá rápido”, señaló la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde. Por su parte, la senadora Aída Avella, de la Unión Patriótica (UP), expresó que la nueva iniciativa debe discutirse de frente a la ciudadanía. “Se reúnen en unos salones en el Ministerio de Hacienda y, faltando cuatro días para el trámite, lo traen al Congreso. Nosotros no somos empleados del Minhacienda, ni siquiera del Congreso, fuimos elegidos por los ciudadanos. Lo que pasó en la Corte con esa reforma tributaria que hicieron lo advertimos desde el principio en plenarias”, concluyó Avella.