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En la comisión primera del Senado se llevará a debate este martes el polémico tema de la reglamentación de la objeción de conciencia para cumplir algunas normas.
La intención del proyecto que será materia de estudio es que los ciudadanos bajo principios éticos, filosóficos y morales puedan acogerse a esta figura y se les respete el derecho a no cumplir con algunas normas.
La senadora Viviane Morales Hoyos, promotora de la iniciativa, justificó que es necesario reglamentar la objeción de conciencia en temas tan espinosos como el servicio militar, los servicios de salud y algunos asuntos religiosos.
Lo dice claramente la Constitución en el artículo 18: “Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia”, y en términos religiosos plantea que “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”.
Con base en estos artículos y jurisprudencia de la Corte Constitucional, la congresista explicó que la iniciativa “se encamina a dar respuesta a este desafío planteado por el desarrollo democrático de los derechos humanos, que puede implicar el enfrentamiento entre los derechos que reconoce el Estado a los ciudadanos y el derecho de los ciudadanos frente al Estado de actuar de acuerdo a su conciencia”.
Por ejemplo, para el caso concreto de los jóvenes a no prestar el servicio militar —según el proyecto— la solicitud deberá ser presentada ante la Defensoría del Pueblo en cada una de las regiones y ahí se expedirá un documento que certifique la calidad de objetor de conciencia, que reemplazará a la libreta militar. Si en el municipio no hay representante de la Defensoría, la solicitud deberá ser entregada a los personeros, que tendrán que hacer el trámite. El articulado propone la posibilidad de prestar un servicio social alternativo.
En el ámbito de la salud, el proyecto busca reglamentar la objeción de conciencia para dos asuntos: el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia y la práctica del aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, malformación del feto y riesgo de muerte de la madre.
Los médicos podrán presentar su objeción de conciencia para negarse a realizar intervenciones de este tipo, amparados en razones éticas y religiosas. La solicitud deberá ser presentada ante los directivos de los centros médicos. No obstante, las instituciones están en la obligación de prestar el servicio a través de otro profesional. Y se aclara que ser objetor de conciencia no puede ser criterio de exclusión laboral.
La comisión primera del Senado dará la mañana de este martes discusión a este álgido tema que promete un profundo debate.