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Esta semana se conoció la lista de regalos que ha recibido el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Desde diferentes sectores de la empresa privada, el jefe de la cartera recibió vinos, champañas, maletas, dulces, libros, café y hasta un bulto de arroz. La información fue revelada por Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, en una columna de El Espectador, y abrió un debate sobre las complicaciones éticas que podría tener la común práctica de dar regalos a funcionarios y sobre la relación que se debe forjar entre el sector privado y el público.
En entrevista con este diario, Enciso, quien fue secretario de Transparencia del gobierno Santos, habla del trabajo que realizan, las medidas que se tomarían para evitar una relación basada en regalos que se entregan (¿para recibir?) entre empresarios y funcionarios, y las barreras que han tenido para acceder a dicha información.
Contexto: El país de la champaña
¿Cuál es la conclusión del primer informe que detalla los regalos que ha recibido el ministro Carrasquilla?
La principal es que debemos acelerar la marcha hacia un tipo de interacción sana entre el sector público y privado. El estudio evidencia la entrega de regalos costosos, como botellas de champaña Dom Pérignon, whisky y hasta bandejas de plata. Esta forma de manoseo a los funcionarios es inaceptable. La cultura corporativa debe cambiar y prohibir o restringir severamente ese tipo de malas prácticas. Una valiosa fuente de consulta es la Guía de Relacionamiento con Servidores Públicos de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, pero El Gobierno también tiene que fijar límites claros a sus funcionarios.
Es común esa práctica de recibir regalos, pero ¿cuáles son los reparos éticos cuando se trata de funcionarios?
Que sea común no quiere decir que sea correcto o que sea ético. Es muy sencillo: un servidor público debe servirle al país y a todos los ciudadanos, atendiendo exclusivamente al interés general y no a los intereses de banqueros, las empresas más poderosas o cualesquiera otros que les envíen regalos costosos para ganar su simpatía. Los funcionarios deberían poner una línea roja clara que mantenga a raya a lagartos, aduladores y a quienes busquen ganar su simpatía o comprar su consciencia a punta de regalos, independiente de que sean baratijas u obsequios onerosos.
Hay funcionarios que defienden los regalos como parte de la interacción social. Dicen que su consciencia no cuesta, por ejemplo, una botella de vino...
No solamente hay que ser, sino parecer. Le doy un ejemplo: alguien podría decir que no tiene nada de malo que el presidente de un banco le regale al ministro de Hacienda una botella de champaña de $1 millón, tal como hizo el presidente de Colpatria con Carrasquilla, porque el ministro no se va a vender por eso. Pero lo cierto es que el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera son los reguladores de la actividad bancaria. No se ve nada bien que un ministro reciba por parte del sujeto regulado un regalo de tal magnitud, que es mucho más del salario mensual con el que vive un colombiano promedio. Estamos en mora de poner límites más claros para evitar la entrega de esos regalos excesivos, que generan el riesgo de afectar la imparcialidad.
En el caso de Carrasquilla, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de esos 69 regalos que recibió?
La falta de consciencia de empresas muy establecidas del sector privado, sometidas a regulaciones muy fuertes que las han obligado desde hace años a adoptar sistemas de cumplimiento y prevención de corrupción, pero que aun así parecerían carecer de políticas internas que restrinjan la entrega del tipo de regalos que el estudio muestra. Uno no se explica cómo los bancos, las aseguradoras y las empresas del sector real entregan regalos costosísimos sin siquiera cuestionarse si está bien o no, si es ético o no, si cumple con sus políticas internas, o si puede ser percibido como un soborno, así lo sea o no.
¿Los privados están intentando incidir en decisiones con los regalos?
No me cabe la menor duda de que cuando un empresario da un regalo oneroso está buscando cierto tipo de favorecimiento, no necesariamente en una transacción directa, pero sí ganar una simpatía del funcionario. Por esa razón muchas empresas han venido elevando sus estándares de ética empresarial y han prohibido de manera tajante dar cualquier tipo de regalo o dádiva a un funcionario. Algunas otras han reducido y limitado de manera drástica el límite del valor de los regalos que les dan a los funcionarios. En unas el techo es de $50.000 o de $100.000; incluso, hay empresas que han limitado los tipos de regalos que pueden dar y solo permiten, por ejemplo, entregar libros promocionales sobre actividades de la compañía, cuadernos o bolígrafos que tengan la marca, pero han limitado dar regalos como invitaciones a clubes, hoteles, destinos turísticos, tiquetes de ingreso a eventos sociales y licores. Hay algunas que exigen que la entrega del regalo sea aprobada previamente por la junta directiva. Otras más, como la mayoría de las empresas que integran la Red Latinoamericana de Cumplimiento, tienen registros internos en los que documentan con mucho detalle los regalos entregados, su costo y justificación.
¿Cómo controlar esto desde el Estado?
El Congreso podría establecer esa limitación, como lo tienen muchos países, pero el Gobierno puede tomar la decisión ya a través de una directiva presidencial o un decreto que regule la forma como los ministros y cabezas de las entidades deben comportarse frente a estos regalos. Una opción es devolver el regalo al remitente, de tal forma que sea claro que en las entidades no se reciben regalos. Otra alternativa sería que al menos se rechacen cierto tipo de regalos, como licores u otros que atenten contra una sana interacción entre el sector público y el privado. El Estado, los funcionarios y los particulares muy fácilmente podrán darse cuenta de que hay algo intrínsecamente mal en el hecho de que una persona reciba docenas y docenas de regalos por el solo hecho de ocupar un cargo público, regalos que evidentemente no están motivados por el afecto personal, sino por el interés.
¿Qué otros elementos han llamado la atención en las indagaciones?
Algo que me genera preocupación es observar que el sector defensa le entrega a diestra y siniestra anchetas con licores y otros tipos de alimentos a altos dignatarios del Estado en época navideña. Uno se pregunta ¿por qué los colombianos estamos financiando los regalos que desde el sector defensa los generales y coroneles les dan a otros funcionarios del Gobierno? ¿Cuánta plata se están gastando? ¿Qué pretenden con esos regalos? ¿Construir relaciones con personas influyentes para estar en una mejor posición en la dura carrera por los ascensos? Esta práctica es inaceptable y deberían prohibirla de inmediato.
¿Qué otras entidades del Estado están contempladas en esta indagación?
Nosotros les pedimos la información sobre viajes, viáticos, regalos y citas que han sostenido las cabezas de las entidades de 37 entidades del Gobierno Nacional con terceros. E, eso incluye a ministerios, departamentos administrativos, agencias, superintendencias, Presidencia y Vicepresidencia. Ya hemos empezado a revisar las respuestas y lo que estamos encontrando es fascinante. Por ejemplo, gracias a “Cabilveo” dentro de poco cualquier colombiano que quieran saber a cuáles ministros ha visitado un determinado congresista, lobista o empresario, podrá hacerlo con absoluta sencillez, sin tener que ir a pedir la información a la entidad. Desde el Instituto Anticorrupción le vamos a presentar al país toda esa información en datos abiertos, para que cualquiera pueda mirar los datos y sacar sus propias conclusiones sobre cómo está operando nuestra democracia.
¿Qué tan necesaria es una reglamentación sobre el cabildeo que se hace en el Congreso?
Es muy necesaria. El Congreso le está debiendo al país esa regulación hace décadas, pero les estamos demostrando al Congreso, al Gobierno y a muchos gremios (que también han puesto mil palos en la rueda para que no se regule el cabildeo en Colombia), que, así le quieran ocultar esta información a la ciudadanía, esta tiene el poder de conseguirla y de revelarla para ejercer el control ciudadano sobre el Estado, sus funcionarios y quienes intentan influir indebidamente sobre él. Pero acá una nota importante: las actividades de cabildeo son indispensables para cualquier democracia. Sin derecho a “pedir”, a “peticionar”, no hay democracia, sino dictadura, aristocracia o el imperio de los tecnócratas. Pero mientras tengamos democracia, la gente tiene derecho a pedir. Y ese ejercicio es sano. Incluso puede ayudar positivamente a mejorar la legislación y la regulación. Muchas veces el sector privado está un paso delante de la legislación. Mire el caso de Uber. Es importante que el Estado abra las puertas y escuche. Pero eso debe hacerse sobre la mesa y de forma transparente.
Uno pensaría que esta información la pueden ocultar u omitir. ¿Qué tan fácil ha sido acceder a ella?
A finales del año pasado, la secretaria jurídica de la Presidencia, María Clara González, quien fuera candidata a fiscal general ternada por el presidente Iván Duque, orquestó una estrategia para que las entidades a las que habíamos pedido información la negaran, acusándonos de abusar de nuestro derecho a pedir información.
¿Como fue eso?
La secretaria jurídica citó a los secretarios generales de las 37 entidades y, en una reunión en Palacio, les dieron la instrucción de responder sobre la base de un formato que había diseñado desde su despacho. Allí se decía que no se entregaba la información porque se estaba pidiendo mucha y abusando de ese derecho, lo que es una teoría jurídica absurda. A raíz de eso radicamos una segunda petición para que nos informaran cuáles son las plataformas informáticas y tecnológicas que utilizan para realizar el seguimiento de viajes, viáticos, regalos, ingresos y citas, y tuvieron que reconocer que sí cuentan con esas plataformas, revelar qué tipo de software utilizan y entregar la información. Esa es la información que estamos procesando ahora, con la ayuda de veinte voluntarios que desde diferentes regiones de Colombia, Estados Unidos, México y Suiza, se ofrecieron a ayudar.
¿Cuál ha sido la entidad más difícil?
Hay entidades, como el Ministerio del Interior, que siguen negándonos la información sobre el listado de ingresos a las reuniones al despacho de la ministra. Empezamos a preguntarnos por qué el interés y la estrategia tan asertiva del Gobierno de esa entidad en rechazar ese pedido de información. Le anticipo que ya estamos preparando una acción de tutela. Y estoy seguro de que la vamos a ganar.
En busca de financiación para el control ciudadano
El Instituto Anticorrupción está embarcado en un proyecto denominado “Cabilveo”, que será un portal en el que cualquier ciudadano podrá consultar información como citas, viajes y regalos recibidos por los funcionarios públicos del alto nivel de las entidades de los órdenes nacional y territorial.
En ese sitio se prevé almacenar toda la información obtenida a través de las peticiones que ya se han enviado a 37 entidades del Gobierno Nacional.
Por esa razón han iniciado una campaña de microfinanciación colectiva a través de Vaki.co, para lograr la puesta al aire y el mantenimiento del portal. Se pueden aportar recursos en vaki.co/vaki/1582820010720