El movimiento político que impulsó la candidatura a la presidencia del exalcalde Gustavo Petro, y que consiguió cuatro curules en Senado, radicó ante el Consejo Nacional Electoral una declaración política en la que, apelando al estatuto de oposición, se declara en oposición al gobierno de Iván Duque.
“Decidimos solicitar nuestra personería jurídica y vamos a trabajar incansablemente con el fin de seguir tejiendo causas ciudadanas, que puedan acceder al poder en un corto plazo. Por eso, nos declaramos en oposición al Gobierno entrante de Iván Duque Márquez, pues consideramos que sus propuestas representan los intereses de los de siempre y su plan de Gobierno es la antítesis de las ideas progresistas que entienden la urgencia de reconocer el cambio climático y la importancia de hacer sostenible la paz”, expresó el movimiento de los Decentes.
No es una sorpresa la decisión, pues el exalcalde Petro logró una curul en el Senado como jefe de la oposición a partir de alcanzar la votación que le permitió pasar a la segunda vuelta presidencial, donde perdió contra el aspirante del uribismo, pero consiguió la nada despreciable cifra de más de 8 millones de votos.
“La oposición es una institución reconocida desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, es un derecho fundamental incluido en la Convención Americana de Derechos Humanos, una parte integrante de nuestra Constitución y un elemento esencial de la democracia, ya que permite construir sociedades pacíficas, pluralistas y justas mediante el control a la actuación del gobierno, y el planteamiento alternativo con vocación de poder. Buscamos que la sociedad mediante un ejercicio de confrontación de ideas y programas opte por la nuestra como la mejor propuesta para el interés general”, declaró el movimiento ante la autoridad electoral.
Con esto, el movimiento político del exalcalde de Bogotá podrá acceder a los beneficios políticos que le otorga el estatuto de oposición. Entre ellos está la financiación pública de su funcionamiento, el acceso a los medios de comunicación públicos y privados; a información de carácter oficial y reservada; obtendrá la participación en mesas directivas en las plenarias de las corporación públicas; y el derecho a réplica cuando el presidente o los altos funcionarios de gobierno realicen alocuciones o se refieran a ellos en sus declaraciones.