Defendamos la paz pide a la ONU medidas de protección para magistrados de altas cortes

La Corte Constitucional deberá definir nuevamente sobre la ley estatutaria de la JEP y sobre el uso del glifosato, temas de interés para EE. UU. / Óscar Pérez - El Espectador

A través de una carta firmada por 361 personas, entre congresistas, exministros, exnegociadores de paz, defensores de derechos humanos, víctimas y artistas, entre otros, el movimiento Defendamos la paz le pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) medidas de protección para los magistrados de las altas cortes en Colombia a raíz de los recientes hechos que califican como “ataques y presiones”.

“Pedimos a usted, de manera respetuosa, que en su condición de Alta Comisionada para los Derechos Humanos, verifique estos graves hechos, se pronuncie sobre los mismos lo antes posible y en los informes que deba presentar ante los órganos del sistema de las Naciones Unidas, solicite que se tomen en forma inmediata medidas de protección para los magistrados y que los órganos competentes investiguen con eficacia las amenazas, interceptaciones y hostigamientos, así como establezca una observación constante sobre la evolución de esta situación”, dice la misiva que el movimiento le envió a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.  

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El movimiento se refiere a las informaciones sobre interceptaciones a las comunicaciones de los magistrados de la Corte Constitucional, que están en conocimiento de la Fiscalía General; a las denuncias de amenazas de muerte que fueron recibidas por el magistrado Alberto Rojas, de ese mismo tribunal, y su esposa antes de la audiencia pública sobre la aspersión aérea con glifosato; y el retiro de visas estadounidenses a dos magistrados del tribunal constitucional y a uno de la Corte Suprema de Justicia.

“Aún no se conocen las razones oficiales que motivan este proceder consular de la embajada de los Estados Unidos. Entendemos que la emisión de visas constituye un acto soberano de Estado, pero nos preocupa que la amenaza de retiro o el retiro de las visas a magistrados sea una medida de carácter coercitivo o punitivo ad portas de sentencias de importancia para las relaciones bilaterales”, señala el documento.

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Asimismo, lanzaron críticas al Gobierno Nacional por no hacer ningún pronunciamiento hasta el momento, a pesar de que un grupo de magistrados se reunió con el presidente Iván Duque Márquez para poner en la mesa sus inquietudes. “Un silencio preocupante en condiciones en las que se hace patente que los altos tribunales y sus jueces no cuentan con las garantías mínimas necesarias que requiere su labor”.

Sobre el caso de las visas, la Embajada de Estados Unidos en Colombia comentó, a través de un comunicado, que el Departamento de Estado “tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos o no cumpla con los requisitos de visa”. Por el momento, todo parece indicar que los magistrados de la Corte Constitucional —Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo— han podido solucionar sus situaciones individuales respecto de las visas, no así para el caso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Eyder Patiño.