Defensoría del Pueblo busca reformar la tutela

La entidad presentó un proyecto que contempla plazos concretos para que jueces amparen las solicitudes en materia de salud, así como reglas para evitar ‘tutelatones’.

En materia de salud, la iniciativa busca otorgarle al usuario una herramienta para acabar con la prórroga de tratamientos, cirugías y citas médicas que suelen programarse con intervalos de meses. /Archivo El Espectador

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, presentó este miércoles ante el Congreso de la República un proyecto de reforma a la acción de tutela, encaminado –según el funcionario– a fortalecer los alcances prácticos de este mecanismo constitucional.

Según Otálora, se trata de una iniciativa orientada a reglamentar algunos aspectos de funcionamiento, que en la actualidad tienden a congestionar el aparato judicial y entorpecen la respuesta que esperan los ciudadanos frente a temas como la salud.

“Lo que se pretende es otorgarle al usuario una herramienta eficaz para acabar con la eterna prórroga de tratamientos, cirugías y citas médicas, que pese a ser fundamentales para la propia vida e integridad de los pacientes, suelen programarse con intervalos de meses, haciendo extemporáneos los procedimientos y sometiendo a los ciudadanos a trámites interminables”, explicó la entidad a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con la Defensoría, se hace necesario armonizar aspectos como el fallo en primera instancia con un plazo máximo de 10 días para resolver los incidentes de desacato “y paralelamente con la focalización de la justicia en aquellos temas de mayor impacto para el colombiano de a pie, eliminando los factores que generan desgaste en el sistema”.

Se acaban las 'tutelatones'

El proyecto –que fue radicado ante la Cámara de Representantes– fija reglas claras para poner fin a las llamadas tutelatones, que según la entidad, generalmente está ligadas a intereses políticos, “que distraen y congestionan la atención en los despachos judiciales”.

“Lo que propone la Defensoría entonces es que ante un hecho superado, es decir una sentencia ya proferida frente a requerimientos de esta naturaleza, cualquier pretensión adicional por vía de tutela, simplemente se acoja a la jurisprudencia existente”, agregó la entidad.

Adicionalmente, la iniciativa establece la obligación de publicar el acta de selección de la tutela, con la síntesis de cada caso escogido y los criterios que motivaron esa decisión, de cara a garantizar la transparencia de los procesos y permitir que los ciudadanos conozcan las razones por las cuales una acción de tutela es seleccionada. 

“Esto se complementa con la participación de tres magistrados en las salas de selección, puesto que al supeditarse a dos el proceso como sucede en la actualidad, las posiciones encontradas pueden bloquear la escogencia de una tutela clave para los derechos de los ciudadanos, sin que exista una tercera instancia que dirima la controversia”, precisa la entidad.

Se busca también solicitar audiencias excepcionales a la Corte Constitucional para discutir asuntos de especial interés respecto a los casos seleccionados, ello con el propósito de evitar reuniones a puerta cerrada frente a temas de interés general. Por otro lado, el proyecto plantea que los procesos de evaluación de los jueces en el país tengan en cuenta su desempeño frente a estas acciones constitucionales.

¿Cuáles son los derechos que más invocan los ciudadanos a través de la tutela? 

Datos recogidos por la Defensoría señalan que los aspectos más invocados por los ciudadanos a través de la tutela son los derechos de petición, con el 51,8%, la salud con el 23,7%, los derechos económicos, sociales y culturales con el 16%, seguidos por el derecho a la vida digna y la seguridad social.

Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son las regiones donde los ciudadanos más interponen acciones de tutela, mientras las entidades más requeridas a través de este instrumento son la Unidad de Víctimas, Colpensiones y la propia rama judicial. 

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