En medio de los desmanes de orden público y la crisis humanitaria que se vive en Buenaventura a causa del paro, la Defensoría del Pueblo sostuvo que ofició para que se abran 39 investigaciones penales y disciplinarias. Quema de tractomulas, el comercio estancado, denuncias de abuso de autoridad de la Fuerza Pública en medio del control del paro y clamores para que se atiendan de forma efectiva los problemas que desde hace décadas azotan al puerto es lo que se ha vivido durante las últimas semanas.
Las autoridades han realizado distintas reuniones para lograr un consenso y lograr ponerle punto final a la crisis. Los líderes del paro cívico han reclamado lo que por décadas le ha faltado a Buenaventura: agua, salud, servicios básicos, presencia efectiva del Estado -no solo con la Fuerza Pública-, frenar la corrupción y frenar la violencia desmedida. El defensor del Pueblo, Carlos Negret, insistió en mantener los diálogos y llegar a una solución prontamente.
“Saludamos la reunión entre el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo y los dirigentes del paro cívico en la que se iban a allanar los caminos para destrabar el problema. La Defensoría nunca se ha ido de Buenaventura, estamos desde antes del paro, y en medio de esta situación hemos atendido 91 casos y 39 de ellas las transferimos a la Procuraduría y Fiscalía para las investigaciones penales y disciplinarias”, sostuvo el defensor del Pueblo.
Negret agregó que lamentaba el problema social que se derivó de la confrontación entre la Fuerza Pública y los ciudadanos que exigían al Gobierno protegerlos y respetar sus derechos fundamentales. Además, condenó los ataques del ESMAD a algunos pobladores del puerto: “El uso de la fuerza desmedida por parte del ESMAD no tiene justificación, como tampoco lo tienen los actos de vandalismo de los enemigos de la protesta pacífica”, concluyó Negret.