Defensoría denuncia que pese a intervención militar persiste situación de Buenaventura

El defensor del Pueblo reconoce la voluntad del Gobierno por solucionar la situación del puerto, sin embargo, insiste en que debe haber mecanismos para fortalecer la justicia en esa parte del país.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que pese a la intervención de la Fuerza Pública en el puerto de Buenaventura, que se incrementó con la asignación adicional de 380 policías y 400 infantes de marina, persisten las violaciones a los Derechos Humanos en ese lugar del país.

Según el funcionario estos hechos se ven reflejados en “las cinco muertes violentas que se produjeron durante la Semana Santa, las 65 situaciones de riesgo advertidas para la integridad de líderes sociales en esa ciudad y las presiones que siguen rondando a los padres de familia respecto al reclutamiento de sus hijos menores de edad por parte de los grupos armados ilegales”.

Otálora sostuvo que este panorama obedece principalmente al reacomodamiento de estructuras como “Los Urabeños” y “La Empresa” ante la reciente respuesta del Estado, que además del dispositivo de seguridad y la captura de 151 delincuentes, anunció inversiones cercanas a los 200 mil millones de pesos y creó una gerencia especial conformada por el Alto Consejero Presidencial para las Regiones, David Luna, y el Director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gabriel Vallejo.

El titular de la Entidad insistió en que lo importante es que esos anuncios se materialicen y que el Gobierno, como lo ha dicho, atienda de manera integral y prioritaria la problemática de Buenaventura.

“Ejecutar los anuncios realizados en materia de inversión social, asegurar una política pública sostenible, fortalecer el aparato judicial y mantener la presencia militar con énfasis en el componente preventivo, deben ser las propuestas que debe ejecutar el Gobierno en esa zona”, dijo.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, desde el primero de enero y hasta el 14 de abril se habían presentado 63 homicidios en Buenaventura, incluidos 10 casos de desmembramiento. Las últimas muertes violentas se registraron en las comunas 11 y 12, donde al igual que en las comunas 2, 5 y 7 persiste el riesgo de reclutamiento de menores por parte de los grupos armados post-desmovilización.

De hecho, el pasado 21 de abril la Defensoría conoció el caso de un padre de familia angustiado por la suerte de su hijo de 16 años, quien fue abordado e intimidado por presuntos miembros de la organización “La Empresa”, a la vez que se recibieron versiones respecto a presuntas reuniones informales durante las cuales las llamadas “bandas criminales” notifican a los adultos sobre la necesidad de que sus hijos les “colaboren”.

Según cifras de la Defensoría durante 2013 fueron 35 las denuncias realizadas por esta práctica, la cual se suma a las restricciones de movilidad, que por cuenta de las fronteras invisibles ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo en barrios como San José, Muro Yusti, Pueblo Nuevo y la Galería Central. A estos hechos hay que añadir situaciones muy recientes como las amenazas que el pasado 20 de abril se conocieron en contra de los líderes del Espacio Humanitario de Puente Nayero, en el barrio La Playita, y los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, al parecer por parte de “Los Urabeños”.

Frente a la situación la Defensoría del Pueblo ha anunciado que próximamente establecerá una Casa de Derechos para atender y acompañar a las comunidades en riesgo, al tiempo que fortalecerá la planta de defensores públicos y convocará para el mes de Mayo a una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, a fin de elaborar un plan de acción que permita contrarrestar la creciente violencia contra las mujeres en el Puerto, donde el año pasado fueron asesinadas 13 de ellas.