Del procurador, la guerra contra las drogas y los conceptos científicos

La posibilidad de que se eliminen las aspersiones con glifosato puso, de nuevo, al jefe del Ministerio Público en contra del gobierno Santos.

ArchivoAlejandro Ordóñez, procurador general.

Al debate sobre una eventual suspensión de las fumigaciones con glifosato se sumó la voz del procurador general, Alejandro Ordóñez. El jefe del Ministerio Público sostuvo que el concepto que envió el Ministerio de Salud a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en el que solicitaba suspender la aspersión con este herbicida para combatir los cultivos de uso ilícito por sus efectos cancerígenos, no era técnico. De carambola, el procurador terminó diciendo que era el primer paso del desmonte de la guerra contra las drogas y una concesión a las Farc.

     
Aunque el pasado 24 de abril fue radicado ante la Anla el concepto del ministro Alejandro Gaviria, en el que acata una alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud, la discusión sobre la posibilidad de suspender las fumigaciones está encendida en el país. Sin embargo, el concepto no implica ninguna decisión por parte del Ejecutivo. Una vez la Anla emita su concepto, este será evaluado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que, en medio de la polémica, fue convocado por el Ministerio de Justicia para el próximo 15 de mayo. Solo hasta ese día se sabrá si el Gobierno asume la suspensión propuesta por Gaviria o si, por el contrario, mantiene las fumigaciones, como lo ha hecho durante los últimos 20 años. 
 
No obstante, Ordóñez no lo interpreta como un insumo para el debate técnico sino como un concepto sin asidero técnico que representa una alarma por el supuesto desmonte de la guerra contra las drogas, que “terminaría” beneficiando el accionar de los grupos armados ilegales, en especial de las Farc. “Suspender la aspersión conducirá a crear santuarios para el narcotráfico (…) Mandar policías a que sean asesinados o a que caigan en campos minados no puede fundamentarse en una decisión caprichosa de no asperjar”.  
 
En una clara alusión al acuerdo que sobre drogas ilícitas lograron el Gobierno y las Farc en el marco de las negociaciones de La Habana (Cuba),  en el que pactaron que la fumigación será la última medida contra los cultivos de plantas de uso ilícito después de la erradicación manual y la sustitución voluntaria, el procurador añadió que “llama la atención que la recomendación del Ministerio de Salud coincida con una exigencia permanente de las Farc en La Habana. Lo que convenga el Gobierno con esa guerrilla no puede comenzar a implementarse hasta tanto no se firme el Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado. Sería tanto como dar el derecho a cogobernar en este tema a los narcotraficantes”. 
 
Pero las críticas al procurador no se hicieron esperar. Primero, porque si bien hay estudios científicos, con igual validez que el de la OMS, que no dan cuenta del carácter cancerígeno del glifosato, es evidente que se trata de un insumo técnico que es asumido por la comunidad internacional como tal. Segundo, según algunos analistas, porque al pedir una discusión técnica y no política olvidó, de paso, que en otros debates como la adopción por parte de parejas del mismo sexo o la despenalización del consumo de marihuana, sus posiciones se han sustentado en principios morales y no científicos.   
 
El jefe del Ministerio Público también entró a otros terrenos y dijo que durante el gobierno de Juan Manuel Santos la lucha contra los cultivos ilegales ha disminuido. "Si se suma aspersión y erradicación de 2006 a 2009 se afectaron 827.838 hectáreas, mientras que de 2010 a 2013 el resultado fue apenas de 484.574. Se dejaron de eliminar 343.264. En promedio cada año el Gobierno Nacional dejó de eliminar 85.816 hectáreas por año, durante cuatro años. La caída en resultados es de 41.4%. Si el ritmo de la erradicación y la aspersión se hubieran mantenido como en el cuatrienio 2006 a 2009, el país estaría hoy libre de cultivos ilícitos o cerca de alcanzar esa meta”.
 
De acuerdo con fuentes de la Presidencia, esa información desconoce que, por órdenes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, se han tenido que suspender entre 2012 y 2014, las aspersiones en cerca de 25.000 hectáreas. También, que conforme ha habido una reducción en los cultivos, es más difícil identificar los territorios cultivados pues la dispersión de predios es  una práctica recurrente de las estructuras ilegales.  
 
Por otro lado, la respuesta oficial del Gobierno no se hizo esperar y, a través del consejero para los derechos humanos, Guillermo Rivera, sostuvo que las críticas del procurador no pueden desconocer que la OMS es una institución “de la más alta respetabilidad”. También se refirió a lo dicho por el procurador en el sentido de que se ha bajado la guardia en la lucha contra los cultivos de uso ilícito.  “El Gobierno ha venido haciendo una tarea muy intensiva en todo el conjunto de estrategias de lucha contra las drogas. De ninguna manera se puede concluir que se está bajando la guardia”, sentenció.
 
También, desde La Habana, la guerrilla sentó su posición sobre la posibilidad de eliminar las aspersiones. “Es apenas lógico que Colombia esté considerando la eliminación del uso de ese veneno que solo sirve para enriquecer más a la compañía Monsanto”, dijo el comandante ‘Pablo Catatumbo, integrante de la delegación de paz de las Farc.
 
Ahora, las expectativas están centradas en la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes y si allí se tomará una decisión que desencadene en el fin de las aspersiones. Mientras tanto, las críticas del procurador seguirán siendo parte de un debate que, a pesar del concepto emitido por el Minsalud, todavía se da sobre supuestos y que cruza, diametralmente, los terrenos de la guerra y la paz.