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Varias organizaciones sociales se unieron para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales durante las movilizaciones en protesta por la reforma tributaria. En el documento, 97 organizaciones prendieron las alarmas sobre los hechos irregulares que han ocurrido desde el miércoles.
Los firmantes le pidieron al CIDH que se dirija directamente al gobierno colombiano y le exija “medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales”.
La denuncia hizo especial énfasis en que desde el mismo llamado a la movilización se ha sentido la estigmatización e incluso hicieron mención del cuestionado trino del expresidente Álvaro Uribe que fue retirado por la propia plataforma debido a violaciones a su política de no glorificar la violencia. Para los autores del texto, esta acción es una “justificación de la violencia armada en contra de las personas manifestantes.
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Los denunciantes consideraron que, en las últimas jornadas, los agentes estatales han incurrido en faltas como la estigmatización de la protesta, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por la Policía, el abuso de figuras policiales, allanamientos ilegales, judicializaciones arbitrarias y la intervención del Ejército en los escenarios de protesta.
La alerta entró a detallar casos puntuales de las posibles vulneraciones de derechos humanos por parte de los agentes estatales. El listado incluye 105 personas heridas, cuatro de ellas con impactos de armas de fuego y seis con lesiones oculares. También incluyeron 14 muertes en las manifestaciones de Cali, de los cuales hay siete casos verificados y el resto en espera de aclarar los hechos.
La denuncia hace un reporte de 445 detenciones arbitrarias en las principales ciudades del país. De estas, 159 se habrían dado en Medellín y el resto en Bogotá, Cali, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Barranquilla. Según este informe, las autoridades estarían abusando del traslado por protección para realizar detenciones masivas y sin justificación.
Precisamente en la capital de Antioquia, de acuerdo con los denunciantes, hubo 226 agresiones de las autoridades a defensores de derechos humanos y a la prensa en una sola jornada, la del 28 de abril. Luego, al siguiente día, se habría presentado una agresión por agentes estatales que dejó como resultado 6 defensores con graves lesiones.
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Según los movimientos sociales firmantes, no solo han sido las detenciones sino que los miembros de la Fuerza Pública han cometido actos de tortura en contra de los que se manifestaban e incluso aquellos que solo transitaban por las zonas de las movilizaciones.
“Golpizas, amenazas, choques eléctricos fueron propinados por los policiales de manera indiscriminada y brutal, produciendo heridas abiertas y graves contusiones a las víctimas, así como nuevamente se presentan agresiones en contra de las mujeres por su sexualidad y condición de género”, reza el informe enviado a la Comisión interamericana.
En este mismo grupo de denuncias se menciona dos casos de violencia sexual que habrían sido perpetrados por agentes del Esmad. Uno de ellos se habría reportado el 28 de abril, en Soacha, y el otro en la jornada de este viernes, en Cali. Por otro lado, el texto también revela el caso de una joven en Medellín que habría sido violentada sexualmente por el médico legista que valoró sus lesiones tras agresiones por las autoridades.
La denuncia también señala los 9 allanamientos y 14 capturas a jóvenes en la antesala del 28 de abril. Todas estas fueron llevadas a cabo por la Fiscalía, que llegó a asegurar que los detenidos eran miembros de grupos terroristas que participaron de los desórdenes de septiembre de 2020. Para los denunciantes, se violó el principio de inocencia y se cometieron varias irregularidades que desencadenaron que las capturas fueran declaradas ilegales. En este mismo caso señalaron que supuestamente habría seguimientos y persecución por parte de las autoridades.
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Tras enumerar las posibles violaciones por parte de agentes del Estado, las organizaciones sociales le pidieron a la CIDH que le haga al Gobierno de Iván Duque cinco exigencias puntuales: respeto irrestricto al derecho a la protesta; suspensión del Esmad en las manifestaciones; erradicar la militarización y cualquier estrategia de guerra contra la protesta; evitar hacer discursos estigmatizantes en contra de los manifestantes; y que todos los casos enunciados pasen a la jurisdicción ordinaria y no sean estudiados por la justicia militar, reconocida por sus demoras y señalada de favorecer la impunidad a sus procesados.