Derribando obstáculos

En el término de un año, los gobiernos municipales deberán diseñar planes de accesibilidad al espacio y a los bienes públicos para las personas con limitaciones.

Según el Censo de Población y Vivienda de 2005, adelantado por el DANE, en Colombia el número de personas con por lo menos una limitación o discapacidad es de 2’632.255, es decir, el 6,4% del total de la población. De ellas, 1’143.992 presentan limitaciones para ver, 770.128 para caminar, 454.822 para oír, 387.598 para usar brazos y manos, 340.430 para hablar, entre otros tipos de limitantes de carácter físico e incluso mental.

Y Colombia no está acondicionada para facilitar la movilidad de dichas personas: rampas que no empatan de manera adecuada entre andenes y asfalto de las calles, alcantarillas destapadas, aceras con fisuras y desniveles, obstáculos por todos lados, ascensores que no sirven para hacer transbordos al sistema Trasmilenio, negocios y baños que no están acondicionados para recibir a personas en sillas de ruedas, un sistema educativo que excluye y el rechazo laboral son algunas de las realidades que día a día tienen que enfrentar.

Y aunque la situación de discapacidad ha empezado a reconocerse durante los últimos diez años, es claro que aún sigue siendo uno de los problemas más desconocidos del país. Sarah Rodríguez Ospina, del Programa Discapacidad Red de Solidaridad Social, cree que ello se debe a “la carencia de registros sistemáticos que permitan realizar seguimiento histórico de las frecuencias de aparición de los factores de riesgo más comunes, así como de discapacidad que ocasionan. La magnitud de la situación social de la discapacidad es una discusión no resuelta”.

Teniendo en cuenta este panorama, el Gobierno radicó ayer en el Congreso de la República  —a través del Ministerio del Interior— un proyecto de ley que, según el jefe de esta cartera, Germán Vargas Lleras, busca que las personas con discapacidad no sean tratadas con desdeño por la sociedad y establece mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos mediante la adopción de medidas de inclusión, lo mismo que elimina toda forma de discriminación.

La iniciativa pretende ajustar la legislación colombiana en esta materia y acomodar las normas a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con algún tipo de limitación. La idea es instaurar un enfoque diferencial que permita brindar la atención y protección a las personas con discapacidad según su situación específica y, en algunos casos, su vulnerabilidad.

En este sentido se plantea que las entidades municipales diseñen, en un término no mayor a un año, un plan de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos. Asimismo, el Gobierno pretende asegurar la señalización en aeropuertos, terminales de transporte, medios de transporte masivo y espacios públicos en un plazo de 10 años, garantizando el fácil acceso y la movilidad de la población discapacitada. También establece medidas en el campo laboral, como beneficios tributarios y líneas de crédito para las empresas que contraten personas discapacitadas.

Abecé del proyecto de ley

El proyecto de ley establece que la Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus competencias, incorporarán en todos los planes de desarrollo, tanto nacionales como territoriales, así como sectoriales e institucionales, los diferentes elementos integrantes de la política pública de discapacidad y del Plan Nacional de Intervención para la Incapacidad.

Adopta un enfoque de inclusión de los niños con discapacidad y con alto riesgo de adquirir una. Establece programas de detección precoz y atención temprana, como programas de apoyo a las madres, educación inclusiva, estrategias de promoción y pedagogía.

La iniciativa establece que los ministerios de Hacienda y Crédito Público, y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), podrán, según su sector, otorgar incentivos de carácter tributario —exoneración de tasas arancelarias, estímulos económicos y alianzas público-privadas para facilitar el lector de pantalla a personas con discapacidad visual en el trabajo— a quienes empleen a personas con discapacidad.

Considera dar prioridad a las familias de bajos recursos, a través del establecimiento de un programa de apoyo liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La ley define mecanismos para que el Sistema General de Seguridad Social y Salud incorpore, dentro de los planes de beneficios obligatorios, la cobertura de los servicios de habilitación y rehabilitación integral, con estándares de calidad, esquemas de vigilancia y control.

Establece mecanismos para la formalización del empleo y programas de aseguramiento de riesgos laborales y no laborales de las personas con discapacidad.

Programas flexibles para facilitar y garantizar el acceso a pensiones y ajustar los programas de subsidios para las personas con discapacidad, para que también se involucren acciones de acompañamiento y apoyo para su desarrollo humano e inclusión.

El Fondo Nacional del Ahorro, o quien hagas sus veces, otorgará créditos de vivienda y educación para las personas con discapacidad, con una tasa de interés preferencial.

Propone que entidades municipales y distritales diseñen, en un término no mayor a un año, un plan de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción.

Busca asegurar la señalización para personas con discapacidad en aeropuertos, terminales de transporte, medios de transporte masivo y espacios públicos. Se garantiza el fácil acceso y la adecuación de vías, aeropuertos y terminales, en un plazo no mayor a 8 años.

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