Desde el Centro Democrático proponen revisar decreto que prohíbe porte de armas

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El representante a la Cámara Christian Garcés dijo que el caso del médico que abatió a tres presuntos delincuentes abre el debate para revisar la norma pues, dijo, se estaría vulnerando el derecho a la legítima defensa. En Colombia, tres de cuatro homicidios se perpetran con arma de fuego.

De acuerdo con cifras de Medicina Legal, el año pasado en Colombia perdieron la vida de forma violenta 11.630 personas, de las cuales 8.640 fueron ultimadas con armas de fuego. Lo anterior indica que tres de cada cuatro homicidios en 2019 se perpetraron con armas de fuego, con todo y que existe un decreto que prohíbe su porte en el territorio nacional. Sin embargo, a raíz el debate desatado por un médico que disparó y asesinó a tres hombres –que, al parecer, intentaron robarlo–, desde el Centro Democrático se propuso revisar la restricción.

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La controversial propuesta fue elevada por el representante a la Cámara Christian Garcés, quien solicitó al presidente Iván Duque instalar una mesa de trabajo para revisar la norma, la cual el propio mandatario prorrogó el 31 de diciembre pasado y que está ideada para salvaguardar el derecho a la vida, dejando la expedición de salvoconductos (excepciones a la prohibición) en cabeza de las Fuerzas Militares.

“Solicito al Gobierno que se revise el decreto que reglamenta el desarme en Colombia, el cual ha mantenido Duque prácticamente en las mismas condiciones de fondo que el decreto que expidió el expresidente Juan Manuel Santos y que restringió de manera excesiva el porte legal de armas. Se está vulnerando el derecho a la legítima defensa, como es el caso del debate generado por el médico en el que, lastimosamente, murieron tres personas, pero que eran delincuentes que amenazaron su vida”, argumentó el congresista.

Según Garcés, frente al porte de armas hay “restricciones grandes”, por lo que se requiere que haya garantías para “tantas personas honestas que generan trabajo en nuestro país”, a quienes supuestamente el Ejecutivo les está vulnerado el derecho a la legítima defensa.

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“El médico no tendría derecho a un porte especial debido a las restricciones tan grandes que genera el decreto. Una persona como este médico, que todos los días tenía que pasar por un sector oscuro donde no había garantías, demuestra que se le viola el derecho a la legítima defensa a personas (no todas, sino a un grupo), que temen por su vida y deben tener el derecho a portar un arma”, agregó el representante.

El debate sobre el porte de armas lo desató el caso de un médico que en la noche del pasado jueves disparó y asesinó a tres hombres que, al parecer, intentaron robarlo sobre el puente de la calle 121 con carrera Novena, en el barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá.

Hernando Benavides, abogado del galeno, explicó que este fue víctima de una agresión injusta. “Él sale de su lugar de trabajo, donde estuvo hasta las 10:00 de la noche (...) cuando subía al puente se dio cuenta que tres personas se bajaron de un carro. Más adelante lo hieren y él se defiende con los desafortunados resultados para la vida de estos señores”, dijo a Blu Radio, insistiendo en la tesis de la legítima defensa.

El abogado explicó que el médico usó el arma con todos los nueve tiros que llevaba “razón por la que debió alejarse del lugar, porque estaba incomunicado.  En segundo lugar había otra persona que estaba con los delincuentes y estaba en el carro”, dijo Benavides quien agregó que el médico resultó herido en el rostro, en el pecho y en la rodilla, producto de un forcejeo. “A él también le disparaban y lo agredieron con arma cortopunzante y lo quisieron someter para seguramente llevarlo al carro porque eso fue lo que dijo alguno”.

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