Desfinanciación de la paz y otras preocupaciones que la FARC le extendió al Consejo de Seguridad de la ONU

El partido expuso en total seis temas que, según ellos, impiden la implementación integral del Acuerdo de La Habana. También, reiteraron su compromiso con lo pactado.

El partido FARC en reunión con los diplomáticos del Consejo de Seguridad.Cortesía

El Gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, no fue el único que dio sus percepciones acerca de la implementación del Acuerdo de Paz ante los miembros de la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas que llegaron ayer al país. El partido FARC, como firmante de lo suscrito en La Habana, también tuvo su espacio en privado con los diplomáticos para hacer un balance de los avances en materia de paz.

Antes de sentarse formalmente con la Comisión de Seguridad, enviaron una carta resumiendo en seis puntos las principales preocupaciones que tiene la colectividad sobre la implementación. En primer lugar, afirmaron que el discurso del Gobierno acerca del Acuerdo de Paz se distancia del verdadero compromiso que está adquiriendo en la materia.

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“Es cierto que el proceso de implementación heredó del gobierno anterior numerosas dificultades. No obstante, advertimos que la concepción de la administración actual está lejos de coincidir con los compromisos del Estado colombiano al suscribir el segundo Acuerdo de Paz y de atender en forma estricta el marco normativo constitucional y la propia jurisprudencia constitucional sobre los alcances de las obligaciones del Estado, particularmente de lo derivado del Acto Legislativo 02 de 2017, conocido como el ‘blindaje jurídico’ del Acuerdo”, explicó el partido.

La FARC, al aceptar la distancia ideológica del Gobierno, recuerda que por más de que tenga derecho para diseñar un programa político de acuerdo a sus banderas, “está en la obligación de implementar el Acuerdo de Paz, así este contenga en sus definiciones aspectos que no estén dentro de sus prioridades o incluso que sean contrarios a su visión política”, apunta el documento.

Bajo esas obligaciones de carácter obligatorio para el Estado, el partido denuncia que la posición del Gobierno ha descuidado temas como la agenda legislativa de paz (reforma rural, política y electoral, además de las 16 curules de paz), pero además de esto, se lee, el Ejecutivo se ha sostenido en la línea de modificar lo pactado con las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

En segundo lugar, exponen la preocupante situación de violencia política, la cual, según el partido, no cuenta con suficiente acción gubernamental. “Aunque reconocemos la importancia de medidas muy recientes para enfrentar los asesinatos sistemáticos de líderes sociales, que desde la firma del Acuerdo superan la escabrosa cifra de 744 y de exintegrantes de las Farc que alcanza 140, consideramos que se trata de acciones insuficientes. Entendemos que superar de manera estructural esa situación es una tarea de alta complejidad que inicia con la comprensión del problema y con la definición de una política integral, a lo cual se agrega la definición de prioridades, la acción política cotidiana y el propio discurso gubernamental”, insistió la FARC.

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De manera que, para el partido, las medidas tienen que ser integrales, más allá del reconocimiento de la acción criminal y el esclarecimiento de los responsables de los hechos. “Todo ello conduce a instalar una interpretación que explica la matanza que está ocurriendo en nuestro país como una sucesión de hechos aislados, en la que no sería posible identificar patrones de sistematicidad, y en la que lo ocurrido se interpreta simplemente por la existencia de prácticas ilegales asociadas con economías criminales de diversa índole, para de esa manera exculpar toda responsabilidad del Estado”, advierte el comunicado.

Insisten en el documento que los casos de líderes y excombatientes no es una “mera actividad delictiva común”. Aducen que, por el contrario, los hechos tienen un “trasfondo real que tiene como propósito acallar cuestionamientos desde los territorios a poderes políticos y fácticos locales, a los impactos producidos por el modelo económico de extracción minero-energética, a las continuadas prácticas del desplazamiento y despojo, a la restitución de tierras expropiadas violentamente, y a las propias economías ilegales”.

Bajo esa interpretación, pidieron para que se acoja, como está consagrado en el Acuerdo, el Sistema de Garantías de Seguridad, la “necesaria superación de discursos de funcionarios de alto nivel que banalizan la problemática y que contribuyen a la estigmatización, tanto de la labor de los líderes, como de nuestro propio partido y militantes” y la presencia del Estado en los territorios a través de la inversión social e infraestructura.

Agregaron, igualmente, la preocupación que les nace el discurso “incendiario” del Centro Democrático, del cual, aseguran, el Gobierno no se ha distanciado.  “Llamamos la atención particularmente sobre la necesidad de que el Ejecutivo se comprometa en impulsar el gran acuerdo político nacional para superar todo vínculo entre violencia y política, y retiremos la necesidad de concretar el Punto 3.4 del Acuerdo de Paz íntegramente”, pidieron.

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En tercer lugar, esgrimieron los argumentos acerca de los cuestionamientos del Gobierno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), comenzando en recordar las objeciones que hizo el presidente Duque a seis puntos de la ley estatutaria que puso en regla el tribunal transicional. “El ambiguo discurso gubernamental, en el que al tiempo que anuncia el compromiso con el Acuerdo en materia de justicia transicional y pone en entredicho la solución de justicia convenida en La Habana, propiciando, por acción u omisión, agendas legislativas tendientes a su desmonte y plena desfiguración”, advierten, reiterando que ese comportamiento afecta la independencia de la JEP y siembra la inseguridad jurídica en los exguerrilleros.

“Así mismo, manifestamos nuestra honda preocupación por la afectación del trabajo de todas las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Si en realidad hay un compromiso del Gobierno, como lo afirma reiteradamente, con las víctimas del conflicto, son absolutamente inadmisibles los inmensos recortes presupuestales, en más de un 30%, que se han anunciado a la JEP, a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas”, denunciaron.

En cuarto lugar, comentaron que no se cumplió en los términos establecidos por el Acuerdo de Paz el Plan Marco de Implementación en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). “Se desatendió la obligación gubernamental de incorporar un capítulo específico de la implementación. Aunque el Gobierno ha aducido lo contrario, desde nuestra visión, lo que a su juicio sería el señalado capítulo no corresponde ni en sus contenidos generales, ni en sus definiciones más precisas con lo estipulado en la hoja de ruta de la implementación”, advirtieron de lo que para ellos es una “simulación del cumplimiento”.

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En quinto lugar, expresaron que “no hay certeza sobre el compromiso del Gobierno con la financiación del proceso de implementación, específicamente en 2019 y 2020 (…) Aunque en el PND quedó consignado un monto de asignación de recursos de $37,1 billones aparentemente para la implementación durante el período presidencial, no son constatables las destinaciones de esos recursos para la consolidación de cada uno de los puntos del Acuerdo, como tampoco son verificables las fuentes de financiación”, señalan, con la preocupación de que el Ejecutivo invierta en nombre de la paz, “sin que tengan esa destinación”.

Pero más allá del PND, advirtieron que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (plan financiero de política pública), el Gobierno no discriminó la variable de Acuerdo de Paz, como suele hacerse. “A nuestro juicio indica que no se están haciendo las previsiones fiscales para la implementación en los años siguientes”, comentaron con incertidumbre.

Igualmente, hicieron un llamado al Consejo de Seguridad, como también lo hicieron ante el Parlamento Europeo, para que exijan rendición de cuentas de los recursos que se van a destinar para la implementación y el detalle de cada una de las inversiones.

Por último, hablaron de unas “fuerzas e intereses muy poderosos” empeñados por impedir el avance de la implementación. “Es lo que llamamos las resistencias sistémicas a la reforma, que poseen las más variadas configuraciones”. “Empero, al mismo tiempo debemos señalar que las voces por una Colombia nueva vienen creciendo, que la audiencia por superar esas resistencias está adquiriendo nuevas dimensiones en medio de inmensas dificultades y de la persistencia de la violencia política. Todavía estamos distantes de lograr sembrar la paz en el corazón de todos los colombianos. No hay vuelta atrás”, sostuvieron.

Pese al panorama expuesto, el partido reiteró su compromiso con la paz, no sin antes advertir los retos que todavía hay en materia de reincorporación: “No habrá reincorporación exitosa si no se nos garantiza la vida, si no se logra resolver la situación de cerca de 300 exintegrantes de las Farc que aún se encuentran en la cárcel, si no se proveen las condiciones para preservar y expandir nuestra experiencia de vida en comunidad, si no es posible normalizar la vida en su cotidianidad de quienes integraron nuestra fuerza guerrillera, y, sobre todo, si no hay una implementación integral del Acuerdo. Para nosotros discutir sobre la reincorporación es discutir sobre la implementación misma”.

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-Redacción Política

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