Desminando el camino hacia la paz

“Timochenko” tiene sus órdenes de captura suspendidas y viajará a La Habana. El fiscal va a Estados Unidos a hablar de la paz en Colombia

“Fabián Ramírez” junto a “Yuri”, “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” son parte del equipo de negociaciones de las Farc. / EFE
A punto de tomar forma la campaña electoral de 2015, el proceso de paz también entró en una fase decisiva. No constituye la más adecuada combinación, pero así se están dando los hechos. Esta semana se conoció que los próximos días se dará comienzo a la primera operación de limpieza de artefactos y municiones sin explotar y de descontaminación de minas antipersonales en tres zonas de los departamentos de Meta y Antioquia, al mismo tiempo que comienzan a destaparse las cartas sobre la forma de encarar el acuerdo sobre las víctimas.

Más allá de las interpretaciones políticas, no cabe duda de que tiene un significado histórico que comandantes de las Farc, según se rumora encabezados por Fabián Ramírez, en compañía de oficiales de las Fuerzas Militares, vayan a trabajar unidos en la operación de desminado. Al menos eso fue lo que se acordó el pasado 27 de marzo, y la idea es que las tres estructuras formales diseñadas en La Habana para hacerlo posible empiecen lo más pronto a desandar los pasos de la guerra y dar un mensaje de lo que puede ser un posconflicto real.

No es un paso improvisado. Dos países, Cuba y Noruega, son garantes de la operación y la Agencia Popular Noruega (APN) va a prestar su asistencia técnica. En el terreno deberán integrarse tres grupos de trabajo: uno de referencia, encabezado por el general (r) Óscar Naranjo y Carlos Antonio Lozada; otro de dirección, con el apoyo del almirante (r) Rafael Colón y la participación de dos oficiales de las Fuerzas Militares y los comandantes de las Farc, Matías Aldecoa y Edilson Romaña; y el tercero, encargado de la coordinación directa.

Nada está acordado sobre la incidencia del desminado en el proceso de paz, pero leyendo las declaraciones del fiscal Eduardo Montealegre al Canal Caracol el pasado viernes, el tema tiene significativa trascendencia. Él asegura que no habrá impunidad respecto a las cuentas de la guerrilla con la justicia, pero sostiene que, en el contexto de la justicia transicional, es viable la suspensión de penas privativas de la libertad, por ejemplo, a través del desminado o de otras formas que ayuden a reconstruir el tejido social y a brindar confianza.

En otras palabras, el inédito plan piloto contra las minas antipersonales y otros artefactos explosivos, que en breve comenzará a desarrollarse en tres zonas de Antioquia y Meta, está directamente ligado a la seriedad del proceso de paz. No solamente para seguir dándole forma al quinto punto de la agenda sobre la manera de asumir el espinoso tema de las víctimas, sino también para avanzar en la metodología de un eventual cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, concebido como el momento previo al fin del conflicto.

Ya se oyen voces críticas y con certeza lo que se viene es complejo, pero el apoyo de la Agencia Popular Noruega y el respaldo de los países garantes puede blindar un momento determinante para la paz de Colombia. Los contendientes directos —Fuerzas Armadas e insurgencia— están a prueba. Es la primera vez que, más allá de sus diferencias políticas o ideológicas, tienen al frente un escenario conjunto de reconciliación con la sociedad. Si la operación de desminado funciona con plena seguridad, el mensaje a la sociedad será contundente.

Además, ya no cabe duda, representa un paso previo a lo que se viene: la hora de la verdad que es, al mismo tiempo, la hora de la justicia. Si este asunto se resuelve la paz es posible. Y más allá de sus peleas particulares, por ahora quien tiene cómo contribuir a esa decisión es el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien el pasado viernes emprendió una gira por Estados Unidos con una agenda específica sobre el proceso de paz. Su idea no es otra que hablar de frente a las autoridades norteamericanas sobre el dilema guerrilla y justicia.

El martes estará en Washington con delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; luego viajará a Nueva York para reunirse con voceros del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), que trabaja en más de 30 países buscando fórmulas de reconciliación sin impunidad, y cierra en reunión con su homólogo en Estados Unidos para intercambiar conceptos e información sobre temas de cooperación judicial, pero también de aspectos que van a tener incidencia directa en el proceso de paz de La Habana.

Con un tema crítico a bordo: Simón Trinidad. Ya el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dio la primera puntada cuando el pasado miércoles reconoció a la BBC de Londres que, en su criterio, este jefe guerrillero, preso en una cárcel de Estados Unidos desde hace diez años, debería estar presente en la firma del acuerdo del fin del conflicto. El Frente Amplio por la Paz, que integra varios sectores de apoyo a los diálogos de La Habana, trabaja en el mismo sentido. Montealegre tiene su propio criterio sobre este asunto aparte.

El fiscal sabe que la presencia de Simón Trinidad en Cuba depende de dos factores: una autorización de la justicia norteamericana, totalmente autónoma del Ejecutivo, y de la voluntad política del presidente Barack Obama, con su delegado para los diálagos en Cuba. “Si se supera el obstáculo y se logra la autorización judicial en Estados Unidos, internamente en Colombia no habría ningún impedimento para que él estuviera presente”, recalcó Montelegre, quien agregó que el presidente puede nombrarlo representante y la Fiscalía suspender sus órdenes de captura.

En otras palabras, lo mismo que hoy sucede con Timochenko, de quien aseguró el fiscal el pasado viernes que hoy es reconocido como representante legal y negociador oficial de las Farc en las negociaciones de La Habana. Aunque horas después el Gobierno aclaró que Timochenko no es miembro plenipotenciario de la mesa de negociación, pero sí lo reconoció como representante de las Farc en el proceso, en la práctica eso significa que la Fiscalía, a solicitud del Ejecutivo, suspendió las órdenes de captura en su contra.

Según el fiscal Eduardo Montealegre, fueron más de 100 órdenes de captura suspendidas desde el 22 de diciembre. Ante el revuelo de esta revelación, el Gobierno no sólo aceptó que Timochenko ha viajado a Cuba con su aval, incluso hace pocas semanas para reunirse con el máximo comandante del Eln, Nicolás Rodríguez, alias Gabino, sino que también aclaró que, efectivamente, le solicitó a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura contra el jefe guerrillero, pero esta medida sólo puede ser efectiva en el territorio cubano.

Ante el alboroto político, el propio Timochenko salió a explicar las razones del encuentro: “Nos resulta urgente y necesario que el Ejército de Liberación Nacional se vincule a los diálogos de paz. También al Gobierno Nacional y al conjunto de la población colombiana. Es lo justo y a la vez es lo más práctico”. Una clara señal de que la insurgencia quiere caminar por la misma senda, es decir, la solución negociada a un conflicto que lleva más de 50 años. Si las cosas se dan, no sería raro que en breve se iniciara una mesa formal entre el Gobierno y el Eln.

Lo demás es el lío que se armó alrededor de otra propuesta del fiscal: la constituyente. Según Montealegre, no se puede desechar, porque si bien el marco constitucional para la paz cumple con los estándares internacionales, puede tener obstáculos. En el camino surgió una fórmula intermedia, presentada por el representante Hernán Penagos a las comisiones de paz del Congreso. Que se aplique la Ley de Justicia y Paz a los desmovilizados de la guerrilla para evitar el trámite en el Legislativo y el examen en la Corte Constitucional.

Aunque el asunto despierta prevenciones mayúsculas, incluso del Ejecutivo, no puede descartarse como un camino viable en términos de seguridad jurídica. Sin duda, ese será uno de los temas que planteará Montealegre en Washington, porque a diez meses de terminar su gestión, se sabe jugado en sus cartas. Una discusión controvertida y difícil, pero no despreciable. Alguna alternativa tendrá que aparecer para que la sociedad colombiana, con el respaldo de la comunidad internacional, refrende los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las guerrillas.

En conclusión, algo está caliente en La Habana y repercute en Colombia. El próximo jueves 21 de mayo empezará el ciclo 37° de diálogos y la idea de ambas partes parece fija: lograr el acuerdo sobre los derechos de las víctimas, que evaluado desde la perspectiva de la justicia, puede constituir el comienzo del fin del conflicto armado. Por eso, el desminado que comenzará en breve es una buena señal. Ojalá que Estados Unidos y los tribunales internacionales entiendan que su contribución es determinante para la paz de Colombia.

“Sin privación de la libertad no es posible”

“Para graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario la pena debe ser encarcelamiento”. Esa es la postura del procurador Alejandro Ordóñez, quien insiste en que si no existe una pena efectiva de cárcel se deslegitima el proceso de paz. Lo sostiene porque cree que de esta manera se cumplen los estándares internacionales.

Ordóñez está convencido que el narcotráfico no puede ser un crimen conexo con los delitos políticos y sí lo es con los de lesa humanidad. En medio de su oposición al proceso de paz, admitió que puede haber cumplimiento de la pena en cárceles extranjeras, bajo la veeduría de un Estado que les garantice la no extradición.

“Que las Farc no se equivoquen, una pena sin privación de la libertad no es posible”, señaló el procurador Ordóñez, quien manifiesta que las penas tienen que ser proporcionales a la gravedad de los hechos que se cometieron, pues de lo contrario sería una pena “grosera e inadecuada” que invalidaría el proceso de paz.

“Tiene que haber responsabilidad penal”: CPI

Esta semana, a instancias de la Universidad del Rosario, y con ocasión de un foro sobre el papel de la Corte Penal Internacional en el proceso de paz de Colombia, su vicefiscal James Stewart dejó claro que el organismo no se va a convertir en un obstáculo para la firma de cualquier acuerdo entre el Gobierno y la insurgencia.

No obstante, Stewart dejó claro que en los crímenes al DIH, los genocidios o los delitos de lesa humanidad tienen que haber responsables. El vicefiscal de la CPI sostuvo que las sanciones penales pueden adoptar diferentes formas, pero que el organismo las aceptaría, siempre y cuando se reconozca la responsabilidad penal.
James Stewart insistió en que los máximos responsables de la guerrilla tienen que responder por sus crímenes y que, por lo pronto, la CPI tiene abierta una investigación preliminar sobre violaciones a los derechos humanos en Colombia sobre lo que se conoce como los falsos positivos y otros graves delitos contra los civiles.