Desmovilizados podrían participar en política

Las "llaves de la paz" que se vienen trabajando entre el Gobierno y el Congreso abrirían la puerta a que miembros de grupos armados ilegales que se desmovilicen puedan elegir y ser elegidos.

Desde su discurso de posesión, el 7 de agosto de 2010, el presidente Juan Manuel Santos dejó entrever la posibilidad de buscar diálogos de paz durante su mandato al afirmar que “la puerta no está cerrada con llave. Aspiro, durante mi gobierno, sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”.

Eso sí, hasta el momento, el jefe de Estado ha dejado claras las condiciones para llegar a acercamientos con los grupos armados ilegales: “La renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión y a la intimidación, y la liberación de todos los miembros de la Fuerza Pública que hoy están en poder de las Farc”.

Sin embargo, hoy más que nunca es evidente que el Gobierno está trabajando, en voz baja, en la construcción de un marco legal que evite que al momento de sentarse a negociar la paz los resultados sean tan pobres como ha sucedido con la Ley de Justicia y Paz, implementada por el expresidente Álvaro Uribe para la desarticulación de los grupos de autodefensa, con la cual no se ha logrado cumplir con las premisas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Con este panorama, el Ejecutivo está tratando de garantizar que tanto víctimas como victimarios recuperen sus derechos y, en el caso de los segundos, la idea es lograr que al momento de dejar las armas puedan entrar al debate político, factor que no se pudo cumplir en el proceso de desmovilización de las autodefensas por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Yesid Ramírez, que negó la posibilidad de que los paramilitares fueran objeto del delito político.

Y es en esta perspectiva que encuadra el proyecto de acto legislativo radicado ayer en el Congreso por el senador Roy Barreras, que cuenta con el respaldo del presidente Santos, y que plantea modificar el artículo 122 de la Constitución Política, según el cual “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, (…) quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.

El proyecto de reforma constitucional agrega un inciso que dejaría en manos del Gobierno y del mismo Legislativo la posibilidad de darle vía libre a la participación política de los desmovilizados, al señalar que “cuando por iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional, así lo disponga el legislador por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara, esta disposición (la del artículo 122) no se aplicará a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen en el marco de un proceso de paz con el Gobierno”.

Al respecto, el senador Roy Barreras, coautor de la norma, explicó que “este acto legislativo sin duda servirá para superar las falencias de la Ley de Justicia y Paz que hoy demuestra unas debilidades que deben ser corregidas. Es una herramienta que permite hacer fácilmente las desmovilizaciones del presente y del futuro. El presidente ha dicho que no ha votado las llaves de la paz al mar y nosotros estamos haciendo la labor de orfebres, puliendo la llave y que se usará cuando las condiciones sean las adecuadas”.

Ahora, como lo aclaró el mismo Roy Barreras, no se trata del inicio de ningún proceso de paz ni de diálogos de naturaleza alguna. “Hoy los violentos y terroristas siguen siendo eso y lo único que merecen en el presente es la persecución legítima de las fuerzas del Estado, pero si decidieran transitar los caminos de la paz, el presidente de la República debe contar con los instrumentos jurídicos para recibirlos en sociedad”.

Otros, como el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, ven en la iniciativa radicada ayer la manera de mostrar eficiencia y eficacia, y evitar así la llegada de la Corte Penal Internacional ante el comprobado fracaso de la Ley de Justicia y Paz, que después de seis años y 34 mil procesos, sólo se han fallado cuatro.

La radicación de esta iniciativa es sin duda el primer paso de un largo debate con el que se busca reestructurar el marco jurídico para posibles desmovilizaciones y hasta procesos de paz, que seguramente generará posiciones radicalmente diferentes, como las que esgrime el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en varios escenarios ha reiterado su rechazo rotundo a la posibilidad de “negociar con terroristas” (las Farc y al Eln).