La despachada de Uribe contra los señalamientos de Santos

El expresidente respondió a recientes declaraciones del primer mandatario, quien sacó pecho porque durante su Gobierno ningún alto funcionario ha sido condenado o acusado por actos de corrupción.

Uribe prometió que dará explicaciones sobre recientes cuestionamientos y escándalos en los que ha sido salpicado, entre ellos el caso Saludcoop, Cajanal o el Incoder. /Foto: Cristián Garavito – El Espectador

Este lunes, durante la posesión del nuevo procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, el presidente Juan Manuel Santos hizo una férrea defensa de su lucha contra la corrupción y –sin hacer mención alguna– sacó pecho porque durante sus más de seis años de Gobierno ningún familiar suyo ha hecho negocios con el Gobierno o ha estado envuelto en algún tipo de tráfico de influencias. Destacó también que ninguno de sus altos funcionarios ha sido condenado o seriamente acusado de algún acto de corrupción. (Lea: "Ninguno de mis familiares ha tenido el más mínimo cuestionamiento": Santos)

Tras estas declaraciones y casi que, como una respuesta, el expresidente y senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez divulgó este miércoles un amplio comunicado de 11 puntos, en el que se despachó contra el gobierno Santos y defendió su actuar cuando fue primer mandatario en recientes casos de corrupción, como Odebrecht y Reficar.

Uribe, quien tituló su documento ‘Varias almendras’, aseguró que ésta es la primera entrega de una serie en la que explicará recientes cuestionamientos y escándalos en los que ha sido salpicado y que abarcan su familia, el caso Saludcoop, Cajanal, Incoder, entre otras.

Caso Odebrecht

En el primer punto de su primer comunicado, el expresidente se refiere a la trama de corrupción ideada por la firma brasileña Odebrecht, acusada de ofrecer cuantiosas coimas a cambio de hacerse a contratos con el Estado. Precisamente por estos hechos, fue capturado quien fuera su viceministro de Transporte: Gabriel García Morales.

El senador, quien sostiene que ha ‘condenado sin vacilación’ los sobornos que recibieron personas vinculadas a su Gobierno, asegura que a lo largo de su carrera pública ha actuado con ‘pulcritud y austeridad’ en el manejo de los recursos del Estado. Por ello, sobre la adjudicación del contrato de La Ruta del Sol –que terminó en manos de Odebrecht de forma irregular– argumentó que el proceso contó con el asesoramiento del Banco Mundial y que “en el tramo dos participaron tres proponentes; incluso, por reclamo de uno de ellos hubo nuevas audiencias públicas, modalidad introducida por nuestro Gobierno para asegurar transparencia”, señaló.

Sobre el nombramiento de Gabriel García, el expresidente explica que no obedeció a una “recomendación clientelista”, dado que pidió un candidato para viceministro a la Cámara de Comercio de Cartagena. Según el exmandatario, este hecho puede ser certificado por Silvana Giaimo, quien fuera directora de la entidad.

“García era ingeniero civil de la Universidad de los Andes con maestría en materias afines en la Universidad George Mason de los Estados Unidos. El Ministro Andrés Uriel Gallego, fallecido, era una persona íntegra (…) He pedido a la Fiscalía las más estrictas decisiones sobre alguien de mi Gobierno que hubiera recibido sobornos”, manifiesta Uribe.

Por otro lado, el congresista se refiere al caso Odebrecht en tiempos del actual presidente Juan Manuel Santos. En un primer momento, Uribe recuerda que el contrato de La Ruta del Sol contó con adición de $600 mil millones “en vísperas del proceso electoral de 2014” y que –advierte– requería la suscripción de un contrato independiente y una licitación pública.

“Se ha denunciado que, en un principio, la ministra Cecilia Álvarez y los directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura estuvieron en desacuerdo, pero finalmente aceptaron la adición y por monto muy superior al inicialmente propuesto de $300 mil millones. Además, esta Transversal favorece el puerto cercano a Gamarra, en el cual tiene intereses la (ex)ministra Gina Parody. El documento Conpes se aprobó sin que las ministras se declararan impedidas, lo que presuntamente constituiría otra irregularidad”, declaró.

Por estos hechos, Uribe insta a la Fiscalía a investigar si el contrato y la adición presupuestal violaron la ley de garantías electorales. También pide al organismo establecer la relación que habrían tenido esos dineros con la campaña presidencial de 2014. “Se pide a la Fiscalía constatar si Enrique Riveira, funcionario actual de la Presidencia de la República, antes alto directivo de la campaña de reelección, llamó a Luis Fernando Andrade, director de la Agencia de Infraestructura, para urgirlo sobre este contrato”, indica el exmandatario.

El expresidente dedica uno de los apartados para referirse a la relación de la firma Odebrecht con la campaña del entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. “Sobre el tema (Zuluaga) ha sido claro” y remata: “Hasta la fecha no se ha informado si Odebrecht hizo aportes directos a la campaña de Juan Manuel Santos. Sobre los aportes indirectos a través de políticos ya hay algunas luces en la investigación”.

Caso Reficar

Álvaro Uribe se refiere en el comunicado también al caso Reficar, al que le dedica cuatro puntos. Este escándalo comprende sobrecostos millonarios, adquisición de materiales y equipos que no se utilizaron y ajustes injustificados en varios subcontratos en la puesta en marcha y ejecución del proyecto de la Refinería de Cartagena (Reficar). Según cálculos de la Contraloría General de la Nación, el daño fiscal de la Refinería supera los $8,5 billones y solo hasta 2046, dice el organismo, los colombianos terminarán de pagar la gigantesca deuda.

“Nuestro Gobierno contrató la Refinería de Cartagena, vieja aspiración de la ciudad y del país, necesaria para generar empleo en la cadena petroquímica y abastecer las necesidades de combustibles de óptima calidad”, explica el exmandatario, quien defiende la vinculación de la compañía Glencore, quien figuró como socio en el contrato.

“La búsqueda del socio para la construcción de la Refinería de Cartagena no fue improvisada; se inició con la invitación enviada a 38 firmas internacionales para que conocieran el proyecto, 11 de las cuales fueron a los dos eventos que se realizaron, uno en Nueva York y otro en Bogotá, para dar detalles y explicarlo. Posteriormente, se fijaron por parte de Ecopetrol, ABN AMRO Bank, la consultora Sumatoria y la firma de abogados Herrera, Pose y Ruiz, los requisitos habilitantes para participar en la subasta: tener un patrimonio neto de al menos USD$500 millones y que hubiesen obtenido financiación en proyectos de infraestructura similares de por lo menos USD$1.000 millones en los últimos 5 años”, sostiene Uribe, señalando que solo cuatro firmas cumplieron con las exigencias y solo dos presentaron ofertas: Petrobras y Glencore.

“Glencore era el mayor comercializador de combustibles del mundo, abastecía de metales, minerales, petróleo y sus derivados, carbón y productos agrícolas a clientes industriales; poseía activos por 23,5 billones de dólares y tenía presencia en 60 países y plantas de producción en 14 naciones (…) En conclusión, Glencore era un socio que no sólo cumplía con todos los requisitos, sino que además tenía voluntad clara para dicha participar en la sociedad”, argumentó el exmandatario.

Sobre los posteriores incumplimientos en los que incurrió la firma, Álvaro Uribe explica que fueron justificados por Glencore alegando la crisis económica de 2008. Ante los retrasos, el exmandatario indica que se reunió con el presidente de la firma para exigirle cumplir con el contrato o compensar a Ecopetrol como condición para permanecer en el país. “Le agregué –dice Uribe– ‘Yo apoyo la inversión privada pero no la corrupción ni forma alguna de defraudación al Estado’”.

“La salida de Glencore de Reficar le generó un castigo económico. Ecopetrol recompró en el 2009 el 51% de Reficar a Glencore por USD$544 millones, USD$246.5 millones menos que lo pagado por la firma suiza años antes (…) Ecopetrol consideró como “buen negocio” la recompra de Reficar y corroboró en su momento que la suma pagada estaba cubierta por caja, inventarios y un valor auditado del proyecto”, añade el senador.

Referente a la contratación de CB&I, el exmandatario manifiesta que se dio cuando Reficar estaba bajo control de Glencore, “y al recomprarla Ecopetrol era muy costoso cambiar el contratista”. Por otro lado, Uribe defendió el cambio de la modalidad del contrato de ‘llave en mano’ a ‘costos reembolsables’, basado en la falta de control en la ejecución y la tardanza para reclamar.

De acuerdo con el congresista, el cambio de la modalidad de pago se dio siguiendo las recomendaciones de varias firmas consultoras que afirmaban que con ello se lograría un ahorro entre USD$500 y USD$900 millones. “El ahorro era posible si se contaba con un equipo sólido de control, motivo por el cual se contrató con la firma Foster and Wheeler la gerencia del proyecto y el control de ejecución. Adicionalmente, se determinaron medidas de seguimiento y control que permitieron, según lo manifestó el mismo Gobierno, desde mayo de 2011, detectar y prender alarmas sobre las falencias del contratista CB&I y se consideró necesario empezar a documentar las fallas desde septiembre de 2011”.

Se pregunta Uribe: “¿Por qué si desde 2011 se detectaron y documentaron las irregularidades e incumplimientos de CB&I, se esperó hasta 2016 para demandarlo ante el tribunal de arbitramento? ¿Por qué nunca se denunció ante los organismos de control?”. En esa línea, crítica al Gobierno Santos por anunciar con ‘bombos y platillos’ la inauguración de la Refinería; sin embargo, “cuando se denunciaron los sobrecostos se dedicó a acusar nuestra contratación y quiso ignorar su incuria durante la ejecución”.

Caso Hacker y Andrómeda

El expresidente también aborda el tema del hacker Andrés Sepúlveda, el espía cibernético que habría interceptado las comunicaciones del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz en La Habana (Cuba), y que protagonizó un sonado escándalo judicial en plena campaña electoral de 2014. Según ha declarado Sepulveda, el uribismo le pagó más de $1.000 millones por hackear comunicaciones relacionadas con los diálogos de paz.

Adicionalmente, Uribe se refirió a Andrómeda, una central de chuzadas ilegales que operaba en un local comercial ubicado en el barrio Galerías de Bogotá y que, además de los blancos tradicionales de la oposición, rastreaba a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc.

De acuerdo con el exmandatario, “el hacker fue la nube política para distraer a la opinión pública y evitar que esta castigara a Santos por el tema de los asesores políticos, que el Gobierno aceptó como gestores del narcotráfico”.

El senador del Centro Democrático detalló cómo dos testigos, exmiembros de las Fuerzas Armadas, le contaron “cómo fue la treta del Gobierno y su inteligencia” contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga, a quien enmarcó como una persona íntegra.

“En la Corte Suprema (…) hay una investigación en mi contra desde el segundo semestre de 2014, por un hacker promovido por medios gubernamentales, hacker que no conocía y de cuya existencia me enteré al estallar el escándalo. Ya el Gobierno, por intermedio de una ola periodística, había creado la versión, en plena campaña al Senado, que yo era el responsable de Andrómeda, la agencia de inteligencia militar, que supuestamente estaría en tareas de espionaje contra las actividades de la Farc en Cuba. Esta agencia de inteligencia no la conocí ni en el ejercicio presidencial”, argumenta.

Uribe la emprende también contra el exfiscal Eduardo Montealegre por su labor investigativa en estos casos y declara que los procesos judiciales en su contra los ha enfrentado presente en el país y ante la justicia. El exmandatario señala que la Fiscalía fue “dolosamente negligente” y que desestimó las pruebas que presentó sobre supuestos dineros del narcotráfico que habrían llegado a la campaña de Juan Manuel Santos.

“Con qué rapidez, en semanas, el Fiscal Montealegre dijo que nada había que investigar del Gobierno en relación con las acusaciones, que afloraron en la prensa, sobre 12 millones de dólares que habrían recibido dos asesores políticos del Gobierno, a quienes se les permitió actuar como intermediarios para una negociación con el narcotráfico. El Gobierno mantuvo en silencio esa gestión que no pudo negar ante la revelación periodística”, dice.

Caso Andrés Felipe Arias

“Así como pedimos cárcel para los corruptos, seguiremos la lucha por la reivindicación de nuestros compañeros perseguidos políticos”. En estos términos se refiere Uribe al caso de Andrés Felipe Arias y a la vigencia de un tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos, país en donde se encuentra refugiado el exministro de Agricultura.

El exmandatario argumenta que el tratado no existe porque la ley ratificatoria fue declarada inexequible en 1986 por lo que era la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Santos negó varias veces la existencia de ese tratado, en una ocasión para enviar a Makled, el capo socio de Chávez, en extradición a Venezuela y no a Estados Unidos. Era una manera de complacer a la dictadura y a Farc, su socia. Si el tratado existiera Santos no podría unilateralmente exonerar de extradición a los narcos de Farc”.

Según Uribe, el Gobierno presiona por la extradición de Andrés Felipe Arias, pese a que el presidente Santos –dice– le había prometido que no interferiría en el proceso. “No sé por qué creí, estaba ante un caso parecido al de María del Pilar Hurtado. Yo apoyé el asilo de María del Pilar, consentido por Santos ante el Presidente de Panamá, pero después, otro mandatario de la nación hermana, me hizo saber, a través de un compañero de mi Gobierno, y amigo común, que fue necesario regresar a María del Pilar por presión de Santos”, indica.

Uribe defiende su gestión para luchar contra la corrupción

En el último apartado de su comunicado, Uribe se refiere a las medidas que adoptó en su Gobierno contra la corrupción. El expresidente hace un recuento de las diferentes políticas que adoptó para hacerle frente.

“De candidato a la Presidencia presenté demanda de inexequibilidad contra la práctica de los auxilios parlamentarios (…) Recordé en un debate del Senado que un billón de pesos de partidas regionales se distribuyó en audiencias públicas en los diferentes departamentos. Las presidía el sub director de Planeación (…) El Referendo de 2003 aprobó la muerte política de los corruptos. Propuso la disminución del Congreso, la eliminación de los auxilios parlamentarios”, recuerda el senador.

Según Uribe, durante su mandato se introdujeron normas de gratituidad de los pliegos; de publicación y discusión de prepliegos “para evitar la práctica corrupta de diseñarlos a la medida de algún proponente”; de audiencias públicas en licitaciones, “aquella que adjudicó la concesión de El Dorado duró semanas y fue televisada”; de veedurías comunitarias, etc.

“De Gobernador de Antioquia apliqué con Andrés Uriel la figura de las audiencias públicas en la contratación. Reformamos y ampliamos la carrera administrativa. Introdujimos el concurso de notarios y convocamos los concursos de maestros. La promoción de la legalidad era fundamental en el desarrollo de competencias ciudadanas que estimulaba el Ministerio de Educación. Más de 450 entidades del Estado fueron suprimidas o reestructuradas. Hubo recorte sustancial de la nómina burocrática y adopción de severas medidas de austeridad. Con el liderazgo del Vicepresidente Francisco Santos, quien dirigía esta política, se creó el portal de contratación para facilitar la publicación de las compras y contratos del Estado”, puntualiza.