Detalles de la demanda de nulidad contra el decreto de piso de protección social

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La acción judicial fue interpuesta por el representante Inti Asprilla, quien considera que el Decreto 1174 de 2020 viola el derecho al trabajo y lo relativo a la seguridad social.

Desde el momento en que la otrora ministra de Trabajo, Alicia Arango, soltó la idea de que el país necesitaba un sistema que abriera la posibilidad de pagar las prestaciones sociales, como derecho laboral, por horas, el tema no ha dado tregua. Hace poco la polémica corrió por cuenta de la Cámara de Representantes, en donde se presentó una proposición que sugiere reglas a esta modalidad de trabajo y que llamó la atención sobre cuál sería su real objetivo.

El autor del proyecto, representante Alfredo Deluque (Partido de la U), manifestó que lo que su iniciativa buscaba era que una legislación moderna para quienes trabajan desde casa. “Sobre la base de una flexibilidad en el horario de trabajo, presentamos la proposición para que quienes trabajan remoto, que lo hacen porque estudian, cuidan de alguien u otras razones, tengan flexibilidad de tiempo”, dijo Deluque.

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Días después, la discusión giró alrededor del Decreto 1174 de 2020, que puso reglas para el denominado piso mínimo de protección social, una figura creada en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque y que, según el Gobierno, busca que las personas que mensualmente ganan menos del salario mínimo, por trabajan a tiempo parcial, puedan acceder a protección social: salud a través del régimen subsidiado, un seguro inclusivo frente a los riesgos laborales y un ahorro para la vejez a través de los llamados beneficios económicos periódicos (BEPS).

Es precisamente contra ese último decreto sobre el que el representante a la Cámara Inti Asprilla (Alianza Verde) presentó una demanda por nulidad ante el Consejo de Estado, al considerar que violaba los artículos constitucionales que tenían que ver con el derecho al trabajo y lo relativo a la seguridad social.

De acuerdo con la acción judicial, el artículo 2.2.13.141.3 de ese acto administrativo “vulnera el artículo 48 de la constitución política al volver obligatoria la vinculación al piso de protección social de aquellas personas que tienen uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial y uno o varios vínculos laborales en simultaneidad con uno varios contratos de prestación de servicios, que reciban ingreso mensual inferior al salario mínimo legal mensual vigente”.

Uno de los puntos que expone Asprilla en la demanda es que el modelo del piso mínimo de protección social “determinó que los trabajadores formales que, de conformidad con las normas vigentes, hoy gozan de la posibilidad de acceder a los beneficios y sistemas de protección que establece el sistema de seguridad social integral, deberán estarán afiliados al régimen subsidiado de salud y para efectos pensionales deberán acogerse al Servicio de Social Complementario de Beneficios Económicos periódicos (BEPS)”.

A su juicio, lo establecido contradice la Constitución Política en cuanto a la “irrenunciabilidad de la seguridad social de aquellos trabajadores vinculados laboralmente, quienes, en virtud de los desarrollos legales actualmente vigentes, tienen el derecho a ser afiliados al sistema de seguridad social integral”.

En ese sentido, manifiesta que entre los beneficios afectados por la nueva norma están las prestaciones económicas, relacionadas con el pago de sus incapacidades remuneradas de origen común, la licencia de maternidad y paternidad, la pensión de sobrevivientes de origen común y la pensión de vejez e invalidez de origen común.

“La decisión de tornar obligatoria la vinculación de este tipo de trabajadores al piso de protección social conformado por dichos componentes, contradice el principio de irrenunciabilidad a la seguridad social y rompe la coherencia del sistema actualmente vigente, según el cual dichos trabajadores deben ser afiliados al sistema de pensiones, al régimen contributivo en salud, al sistema de riesgos laborales y a una caja de compensación familiar”, señala el documento.

Para Asprilla, los dispuesto por el Gobierno Nacional es regresivo y la decisión de obligatoriedad de la vinculación de trabajadores a los BEPS “desnaturaliza el carácter de dicho servicio social complementario”.

“El carácter obligatorio de los BEPS para dichos trabajadores frena los desarrollos normativos que persiguen extenderles los beneficios de la seguridad social y que en tal sentido permiten la afiliación de los mismos a los subsistemas que conforman el sistema de seguridad social integral, tal y como lo establecen las siguientes normas”, agrega la demanda.

En cuanto a la presunta violación del artículo 25 de la Constitución, que tiene que ver con el derecho al trabajo, Asprilla señala que se ha generado un incentivo “perverso” en su contra. “El artículo demandado vulnera el artículo 25 de la Constitución política, en la medida en que crea las condiciones propicias para que los empleadores opten por la contratación a tiempo parcial como una forma de evitar sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral”, argumenta el congresista.

Según Asprilla, el Decreto 1174 motivaría que los empleadores vinculen a los trabajadores al piso de protección social, “con lo cual dejan de cotizar al sistema de seguridad social integral y reducen los costos derivados de una relación laboral”. “Estas obligaciones representan para el empleador una inversión adicional cercana al 37 % del valor del salario devengado por el trabajador, como resultado de los porcentajes a cargo del empleador por concepto de afiliación a salud (8.5 %), pensiones (12 %), caja de compensación familiar (4 %) y los riesgos laborales de acuerdo a la clasificación de dicho riesgo”, dice.

También advierte que, bajo la virtud de los BEPS, el empleador solo estaría obligado a realizar un aporte cercano al 15 %, lo que significaría un “ahorro” para los empleadores de cerca del 50 %. Eso, señala, “estimula la creación de nuevas plazas de trabajo formal bajo esta modalidad de trabajo parcial en el que se estipule un salario inferior al mínimo mensual legal vigente, situación que afecta el postulado del artículo 25 de la constitución política”.

“La lógica del capital y la aplicación del axioma, mayor producción a menores costos laborales, terminará imponiéndose como resultado de la aplicación de la norma bajo censura, porque simple y llanamente le generará al empleador un ahorro significativo en los costos laborales y prestacionales de aquellos trabajadores que devengan menos del salario mínimo”, anota Asprilla.

En conclusión, el congresista opositor indica que la obligatoriedad contenida en el decreto para que los trabajadores que no ganan más del mínimo deban vincularse al piso mínimo de protección social “priva a estos trabajadores de los beneficios contenidos en el sistema de seguridad social integral y da al traste con la obligación del Estado de garantizar las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna producto de su trabajo”.

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