Detalles del Código Carcelario

Su trámite ha sido complejo y quedaría faltando el visto bueno del Senado en la próxima legislatura. Contempla, entre otros aspectos, restricciones a entrevistas de presos por la prensa.

La ministra Ruth Stella Correa ha pedido acelerar el trámite del nuevo código. / EFE
La ministra Ruth Stella Correa ha pedido acelerar el trámite del nuevo código. / EFE

Desde todo punto de vista, la situación que enfrenta la población carcelaria en el país sólo se puede calificar de vergonzosa. Así lo reconoce el Gobierno y por eso una de las prioridades de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, ha sido tomar medidas para descongestionar las cárceles, que hoy presentan hacinamiento por encima del 50%. Y una de las principales herramientas ha sido el trámite de un nuevo Código Penitenciario, cuya discusión se ha dilatado en el Congreso y, con suerte, sólo hasta la próxima semana saldría de la Plenaria de la Cámara, quedando pendiente su aprobación en Senado para la próxima legislatura.

Se trata de una iniciativa en la que varios puntos generan duro debate. Aún están pendientes por aprobar 40 artículos y, como dicen en el Congreso, “es un tema que se debe manejar con pinzas para evitar que suceda lo mismo que con la reforma a la justicia, que tuvo un costo político inmenso para el Legislativo”. Estos son algunos de los más polémicos.

El artículo 115 plantea que los medios de comunicación sólo podrán hacer entrevistas a personas detenidas cuando ya hayan sido condenadas. En otras palabras, los protagonistas de escándalos de la talla del carrusel de la contratación, Agro Ingreso Seguro, parapolítica o Interbolsa no podrían ser abordados por los medios.

En el Congreso se habla de una “violación de la libertad de prensa”, pero la ministra Correa afirma que se pretende evitar el empleo de la información de prensa para presionar la decisión de los jueces. “Hay casos muy importantes en los que se da una victimización de los procesados o que generan tanta presión que pueden llegar a influenciar la decisión”, le dijo a El Espectador.

El nuevo código plantea la creación de una escuela de formación penitenciaria para los funcionarios y este sería precisamente un prerrequisito para directores de cárceles, que tendrán que ser funcionarios de carrera. La preocupación es que, por tratarse de funcionarios de carrera, no puedan ser destituidos de su cargo cuando haya irregularidades, como las famosas fiestas en el pabellón de los parapolíticos de La Picota.

Para el Congreso, estos funcionarios deben ser de libre nombramiento y remoción. La ministra Correa señala que no se puede “satanizar” la carrera penitenciaria, que tiene como único fin contar con personas realmente preparadas. Asimismo advierte que si se presentaran irregularidades, se podrá suspender temporalmente a los funcionarios mientras se da el debido proceso.

Para acceder a detención domiciliaria se presentó una modificación en el artículo 38, que plantea extender este beneficio a las personas que estén condenadas a una pena mínima de ocho años. Esta propuesta prendió las alarmas en el Congreso, pues plantean que podría significar una salida masiva de reclusos, incluso algunos que hayan cometido delitos graves.

Para el Minjusticia, se busca unificar el beneficio que actualmente reciben quienes solicitan brazalete electrónico, que acceden a éste con condenas de ocho años. Lo que se dice es que no se puede dar la liberación inmediata de reclusos, pues esta decisión depende de los jueces. Además incluyeron en la norma una lista de más de 20 delitos graves y quien esté condenado por estas contravenciones no podrá ser excarcelado.

Para los parlamentarios es necesario dejar claras las condiciones de reclusión de los militares. Plantean que si bien deben estar en centros penitenciarios especiales y bajo vigilancia castrense, piden que el reglamento sea igual de estricto al de todos los reclusos del país, para de este modo evitar que se sigan presentando escándalos como el del “Tolemaida Resort”, que ha generado indignación.

La ministra Correa está de acuerdo con la necesidad de la rigurosidad en las condiciones penitenciarias. Sin embargo, pide al Congreso que dé un compás de espera para la discusión a fondo de este punto, hasta que se cumpla el trámite del fuero militar, y entonces articular las dos normas.

Un punto en el que están de acuerdo Congreso y Gobierno, pero que debe ser estudiado para no violar los derechos de la población reclusa, es el otorgamiento de permisos de salida de los penales. El artículo 76 plantea que sólo sean otorgados en caso de fallecimiento de un familiar cercano y para servicios de salud que sean imposibles de prestar en las cárceles, que serán máximo por 24 horas y el costo deberá ser asumido por el recluso. Sin embargo, los parlamentarios aseguran que el desplazamiento debe realizarlo el Inpec, y el Ministerio de Justicia considera que debe ser la Policía quien se encargue de la vigilancia y el traslado.