Detrimento de $1.765 millones tras subasta pública de vehículos del Senado

La Contraloría General señala que, entre otras cosas, los vehículos fueron valorados de manera errónea y se omitió incrementar el 10 % del precio de los blindados.

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La Contraloría General determinó que en el proceso de subasta de vehículos de propiedad del Senado hubo un daño patrimonial de $1.765 millones por el menor valor percibido que se dio en el contrato desarrollado por la Comercializadora Nave LTDA.

Según el ente de control, los vehículos fueron valorados de manera errónea, hay diferencias entre las características de los bienes subastados que se tuvieron en cuenta para realizar el proceso de avalúo y las que están en los certificados de tradición, como línea, modelo y cilindraje.

También, informa la Contraloría, hubo una aplicación inexacta de los valores de las tablas emitidas por el Ministerio de Transporte, no se les incrementó el 10 % al precio en los vehículos que eran blindados y se realizaron descuentos por conceptos que no correspondían.

“Entre ellos ‘descuento por vicios ocultos’, pese a que los bienes se venderían ‘en el estado en que se encuentran’, y ‘otros descuentos’, que incluyen ‘logística de retiro, tiempos de entrega, tiempos de reventa y fluctuación del mercado’”, señala el comunicado.

Irregularidades en procesos de traspaso y blindaje

Por otra parte, se encontraron inconsistencias en los procesos de baja y enajenación de carros y motocicletas, como que se adelantaron fuera de los términos que establece la ley y hoy existen vehículos que fueron adjudicados, pero que figuran como propiedad del Senado de la República.

“Algunos de estos vehículos se traspasaron a nombre de persona indeterminada, y otros en favor de beneficiarios diferentes a los adjudicatarios reales de las subastas”, dice la Contraloría.

También se estableció que sólo en algunos casos se tramitaron los permisos para el uso de blindaje ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, es decir, que en el resto de caso se hizo la entrega del vehículo sin la certificación de esa entidad.

“Se verificó que existían vehículos blindados de propiedad del Senado de la República que nunca tramitaron el correspondiente permiso ante la citada Superintendencia”, explica el ente de control.