Diferencias entre Gobierno y Procuraduría por cifras de víctimas

La Unidad de Víctimas dice que el Ministerio Público se equivoca en sus cálculos y que no tuvo en cuenta que, actualmente, trabaja en el perfeccionamiento del Registro Único de Víctimas.

Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas. Alejandro Ordoñez, procurador general. /Archivo

La Procuraduría y la Unidad de Víctimas están inmersas en una discusión sobre el número real de víctimas que hoy reconoce el Estado. Para el Ministerio Público, hay inconsistencias entre el registro público de la Unidad y el número de personas registradas según su sitio de residencia. Pero para la Unidad, la Procuraduría está incurriendo en severas equivocaciones al hacer sus cuentas.

La primera de las discrepancias surgió cuando la Procuraduría Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto le pidió a la Unidad de Víctimas que explicara por qué desde noviembre de 2014 no había actualizado el Registro Único de Víctimas (RUV) en su página web si, según la Corte Constitucional, debe hacerlo mensualmente.

Como el Ministerio Público no encontró el registro público, envió una solicitud formal a la Unidad en la que indagó, exclusivamente, por la variable “sitio de residencia” de la víctima. En su respuesta, la Unidad indicó que, con corte a febrero de 2015, bajo esa única variable, hay 8’846.375 personas registradas.

Con esa cifra, la Procuraduría encontró pie para insinuar que había un ‘despelote’ en el registro del Estado. Si el Registro Único, en noviembre, daba cuenta de 7’028.776 personas inscritas, ¿cómo es posible un incremento de cerca de 1’800.000 víctimas en tan sólo tres meses?, se preguntó el Ministerio Público.

Después de conocer estas inquietudes de la Procuraduría, El Espectador consultó con la Unidad de Víctimas por qué no había actualizado el RUV desde 2014 y las razones de la diferencia entre ambas cifras.

De acuerdo con la entidad, dirigida por Paula Gaviria, el registro no ha sido actualizado porque desde diciembre pasado, cuando se firmó el Decreto 2569 de 2014, que pretende superar el asistencialismo hacia las víctimas, el compromiso del Gobierno con las diversas entidades que forman parte del Snariv (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas) es el de elaborar una depuración y localización pormenorizada de las víctimas.

El resultado de ese proceso será publicado el próximo miércoles y, según pudo establecer este diario, la cifra concreta de víctimas excederá por poco las 7’150.000. Pero, entonces, ¿por qué, cuando la Procuraduría indaga por las víctimas según su lugar de residencia, la cifra pasa los 8’800.000?

La respuesta de la Unidad es que la Procuraduría debió preguntar por personas únicas en el RUV, no por el lugar de residencia, pues, por ejemplo, hay personas que han modificado su lugar de vivienda en varias ocasiones desde 1997, cuando comenzaron las cuentas del registro. También hay personas que han denunciado más de dos violaciones a sus derechos (más de 500.000) y ellas pudieron ocurrir y ser declaradas en dos lugares distintos de vivienda. Además, según la Unidad, hay casos en los que las personas, al no ver resultados inmediatos de sus denuncias, radican sus declaraciones en varios municipios.

De acuerdo con la Unidad, el centro de la diferencia estuvo en la pregunta que hizo la Procuraduría y advirtió que, en el corto plazo, la publicación del registro ya tendrá la depuración en la que lleva trabajando por más de un año y que le permitirá focalizar mejor la atención de las víctimas en tiempos en que, según entidades como la Contraloría, la financiación de la reparación integral está todavía en veremos.

 

csegura@elespectador.com