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De entrada, un dato que asemeja a Colombia y a Estados Unidos en materia de drogas: entre el 20% y el 30% de los presos que habitan las cárceles de cada país, están allí por porte de drogas. La similitud aumenta si se suma el hecho de que la relación entre cárceles y presos es cada vez más favorable para el hacinamiento. Ahora, ¿algo puede cambiar?
El cambio en la política contra las drogas en Colombia es un tema del que se viene hablando prácticamente desde cuando Juan Manuel Santos asumió la Presidencia. Al poco tiempo, el diario británico The Guardian replicaba las palabras del mandatario, quien habló entonces de la necesidad de tratar el tema en un debate global. Después de esto, lo que más se acercó a esa idea fue la Cumbre de las Américas del año pasado en Cartagena, en la que varios mandatarios, entre ellos el de Guatemala, Otto Pérez, asistieron dispuestos a tratar el tema a nivel regional y con la presencia de Estados Unidos. Barack Obama dijo asistir con los oídos abiertos al debate, lo que no necesariamente implicaba un giro en su política nacional.
No obstante, la publicación de la estrategia antidrogas de Washington para el próximo año abre una puerta que varios líderes de este lado del continente estaban tocando: por primera vez en los últimos 40 años, Estados Unidos habla de la “ciencia por encima de la política”. En palabras del zar antidrogas, Gil Kerlikowske: “El mensaje principal es que nos estamos centrando por completo en un modelo de salud pública y la importancia de tratar a personas con problemas de drogas, porque no podemos solucionar este problema mediante arrestos ni mediante la legalización de las drogas”.
La legalización no está en juego, pero sí se evidencia un cambio en los métodos de combate: pasar de invertir US$9.200 millones en estrategias para la prevención del consumo en 2012, a US$10.700 millones en 2013. Esto, además de reformar el sistema de justicia para estos casos, con tribunales especializados para el procesamiento de usuarios de droga, opciones de trabajo comunitario y política para la reducción del encarcelamiento. Un plan que en un solo trazo prioriza la salud pública por encima del combate contra el crimen.
La apuesta de Obama, que quizá haya venido tejiendo durante su primer período presidencial, posiblemente tuvo su primer paso en la reforma a la salud promovida por su gobierno en 2010 a pesar de la férrea oposición republicana. El proyecto fue aprobado y ahora las aseguradoras está en la obligación de atender dentro de sus servicios los tratamientos de sus clientes usuarios de droga.
El cambio podría ser significativo para el país padre de la llamada ‘guerra contra las drogas’. Ben Clyde, director de programas de The Beckley Foundation, una fundación británica que explora los diferentes enfoques de la lucha contra las drogas, considera que “muy a menudo las leyes, normas, políticas y prácticas crean barreras a la recuperación sostenida. Por ejemplo, a los individuos con una condena por drogas se les puede negar la vivienda, licencias profesionales, empleo y las oportunidades de educación. Cuando esto ocurre, no sólo las personas en recuperación pagan el precio, también sus familias y la comunidad en general”.
Julián Quintero es director de la Corporación Acción Técnica Social y asesora al Gobierno Nacional y la administración distrital en temas de droga. En su opinión, la nueva apuesta de Estados Unidos podría tener un efecto en Colombia, una suerte de espaldarazo a las iniciativas del presidente Santos: “han pasado casi dos años desde que el gobierno anunció un Nuevo Estatuto de Estupefacientes, que básicamente involucra el mismo cambio de filosofía para la descriminalización del consumo y enfatiza la prevención. Sin embargo, el proyecto aún no se ha presentado al Congreso. El paso de Washington puede significar un impulso político a estas iniciativas, sobre todo en un país en el que el combate a las drogas se ha regido por los lineamientos norteamericanos”.
La idea del “cambio de paradigma” en la lucha contra las drogas cada vez se repite con más fuerza en el contexto internacional, e incluso a nivel local ha tenido promotores como los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper, además de planes concretos como el de uso de cannabis a manera de tratamiento contra la adicción al bazuco, promovido por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Quintero habla de un momento en el que la política de drogas está siendo vista “desde el Sur hacia el Norte, luego de décadas en la vía contraria”. El debate, vale la pena aclarar, no está dentro del marco de la legalización. Simplemente, como diría John Walsh, de la Oficina en Washington para América Latina (Wola): “Si el mercado va a existir, mejor que sea con menos violencia; no enfocarse en erradicar el mercado, sino en volverlo menos violento. Y a los usuarios tratarlos”.