Dos miradas a la estrategia anticorrupción del presidente Iván Duque

José Andrés O’Meara, miembro de la mesa técnica anticorrupción y Óscar Castelblanco, analista de la Universidad Libre, fijan posiciones sobre el papel del Gobierno en la lucha anticorrupción. ¿Verdadero compromiso de enfrentar este flagelo o una jugada de conveniencia política? Saquen sus conclusiones.

* Redacción Política
02 de octubre de 2018 - 05:11 p. m.
El pasado 18 de septiembre, el presidente Duque radicó en el Congreso siete proyectos anticorrupción, definidos en la mesa técnica en la que participaron todos los partidos. / / Senado
El pasado 18 de septiembre, el presidente Duque radicó en el Congreso siete proyectos anticorrupción, definidos en la mesa técnica en la que participaron todos los partidos. / / Senado

Al César lo que es del César

Por José Andrés O’Meara Riveira*

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, empieza a mostrar resultados en la lucha contra la corrupción a través de varias decisiones de enorme trascendencia para los intangibles democráticos y las costumbres políticas en Colombia. La plataforma programática con la que cautivó el voto de más de 10 millones de electores se ha venido cumpliendo en materia anticorrupción con las siguientes decisiones: 

Primero, con la escogencia de un gabinete que atendió sus capacidades intelectuales, los conocimientos técnicos y las trayectorias profesionales de sus ministros, sin la previa y acostumbrada aceptación partidista como requisito para obtener las mayorías decisorias en el Congreso de la República.

Segundo, el respeto a la independencia de las ramas del Poder Público, mediante la expresa abstención y la no intervención en la elección del Contralor General de la República, posición que no solo fue excepcional a la tradición gubernamental de emitir un ‘guiño’ sobre determinado candidato, sino que además resultó una manifestación de coherencia y consecuencia con el discurso de campaña que generó un hecho sin precedentes en la historia reciente del país.

Y tercero, el apoyo incondicional que le ha ofrecido el jefe de Estado a las reformas constitucionales y legales anticorrupción trabajadas como iniciativas por los distintos partidos políticos, muestran, sin lugar a dudas, una férrea voluntad de cambio y transformación institucional a través de las siguientes propuestas:

La facultad que se le concedería a las entidades contratantes para terminar unilateralmente y sin indemnización alguna todos aquellos contratos firmados mediante la comisión de conductas corruptas, resulta ser una extraordinaria iniciativa para la gestión fiscal. Los presupuestos públicos y participativos en el orden nacional, departamental, distrital y municipal permitirán un seguimiento oportuno y vigilante de la ciudadanía a sus recursos, pero además, generará un crecimiento sostenido de la confianza ciudadana en sus instituciones y en sus gobernantes como factor fundamental para el progreso, incrementando el capital social, que entre muchos otros factores, contribuyó al desarrollo sostenido de países como Noruega, Nueva Zelanda o Suecia para elevar su calidad de vida.

La prisión efectiva para las personas condenadas por actos de corrupción, con la devolución integral de los recursos obtenidos mediante la ejecución de actividades ilícitas, minimiza al máximo la utilidad de los delitos que hoy, lastimosamente, poco desincentivan la mentalidad del delincuente en este tipo de punibles contra la administración pública. La rendición obligatoria de cuentas para los miembros de las corporaciones de elección popular con el objetivo que congresistas, diputados, concejales y ediles expongan públicamente ante los votantes sus informes y resultados de gestión, incentivará la sana competencia por cautivar electores, estrechará los lazos de comunicación entre el poder político y sus gobernados, y fortalecerá la democracia.

De otro lado, la creación del “bloque de búsqueda anticorrupción” que propuso la señora vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez Blanco, y la regulación de las actividades de cabildeo para contrarrestar conductas oscuras en beneficio de unos pocos, le genera transparencia a las relaciones público-privadas; y la cátedra en valores, ciencias sociales, educación cívica y demás áreas del conocimiento relacionadas con la formación humanista, integran, entre otros proyectos, un paquete de normas apoyadas por el Ejecutivo que serán debatidas durante la nueva legislatura.

En conclusión, este trabajo, liderado por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, permitió que las mesas temáticas conformadas por todas las fuerzas políticas sumaran esfuerzos contra la corrupción y la politiquería, a través de un diálogo respetuoso del disenso y las diferencias, pero constructivo en la sumatoria de ideas y en la conjunción de acuerdos.

Sin duda alguna, un hecho político valioso que el Gobierno Nacional se encargó de materializar por las vías jurídicas adecuadas. En cuanto a la reforma a la justicia, la situación sí es más compleja, pero ese espacio valdría la pena trabajarlo en las mesas interpartidistas que se conformarán para ello.

* Miembro de la Mesa Temática Anticorrupción

 

El oportunismo mezquino del Presidente

Por Óscar Castelblanco*

Luego de llevarse a cabo la votación en la llamada consulta popular anticorrupción, con un éxito relativo, toda vez que sí generó una alta participación pero no alcanzó al mínimo de participaciones que exigía la ley para que tuviese un supuesto efecto legal, el gobierno del presidente Duque decide subirse en el bus de la pírrica victoria convocando a todos los partidos, incluidos los de la oposición, entre ellos las FARC, y obviamente los promotores principales como el Partido Verde y el Polo Democrático, para supuestamente materializar por vía del Congreso el deseo de los más de 11 millones y medio de votantes que participaron en dicha consulta.

Lo primero que deberíamos preguntarnos desde la ciencia política es: ¿qué motivó al Gobierno a sumarse a esta iniciativa, luego de que en un primer momento mostró su escepticismo frente al tema?

Lo que es fácilmente deducible desde las nuevas estrategias de comunicación en marketing político, facilitadas por el fenómeno moderno de las redes sociales, es que no le queda bien a Duque ni a sus ministros decir que no estaban a favor de unas medidas que supuestamente conllevaban a combatir el desgraciado flagelo de la corrupción. En otras palabras, no era políticamente correcto mantenerse distante o como diría la sabiduría popular: “Lo importante no es ser sino aparentar”.

Esto quedó probado y ratificado con el comunicado que expidió el Gobierno luego de convocar la llamada “mesa técnica” (donde quedaron integrados los diferentes partidos para materializar los puntos de la consulta popular) y en la que además se adujo que era inviable jurídicamente materializar el primer punto, que era el más seductor y taquillero, el cual consistía no únicamente en reducirle los salarios a los congresistas y altos funcionarios, sino también a todos los demás del sector público u oficial que tuvieran ingresos superiores a los 30 millones de pesos. Es importante aclarar que, en este mismo espacio, previo a la consulta, ya se había advertido tal inviabilidad. 

Ahora, de manera grosera y haciendo un malabarismo jurídico, se pretende forzar la viabilidad jurídica de la reducción de los salarios de los altos cargos motivada en una imaginaria crisis económica nacional e internacional, plasmada en los proyectos de acto legislativo y de ley presentados ante el Congreso, donde sin un mínimo de vergüenza de quienes presentaron la iniciativa, no aparece por ningún lado el concepto o aunque sea la palabra “corrupción”. Toda la justificación que se toma es de aspectos macroeconómicos, que nunca fueron expuestos por los promotores en la campaña de dicha iniciativa popular, quedando probada una trampa más en dicho mecanismo de participación, puesto que se dijo hasta la saciedad por los escépticos que en nada tenía que ver disminuir unos salarios a altos funcionarios con el sensible tema de la corrupción.

Además, habíamos dicho en anterior oportunidad que la única forma de disminuir los sueldos, así fueran los más altos, era por medio de una reforma a la Constitución, por cuanto ello iba en contra de los progresividad en los derechos sociales y económicos, como las garantías laborales -los llamados derechos de segunda generación-, pues contaría los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad; pero lo más delicado es que iría en contra de la cláusula esencial del Estado Social de Derecho, que para ser cambiada no se podría por medio de cualquier reforma constitucional, sino exclusivamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

Por ello, el proyecto de acto legislativo presentado no está llamado a superar un control de constitucionalidad por vicios de competencia, toda vez que al cambiar la cláusula esencial que nos identifica como un Estado Social de Derecho, no estaríamos haciendo una reforma parcial de la Constitución (para lo que son los mecanismos de acto legislativo y referendo constitucional), sino que se estaría sustituyendo la Carta Política, es decir, se estaría modificando en su esencia y el único mecanismo idóneo para ello es una Asamblea Constituyente, como lo ha dicho la Corte Constitucional en la Sentencia C-699 de 2016: “Para trazar la línea entre una reforma y una sustitución parcial o total de la Carta, la Corte ha apelado a la identidad de la Constitución, y esta se sustituye cuando integralmente o en uno de sus rasgos esenciales es remplazada por otra opuesta o integralmente diferente, o alguno de sus elementos es objeto de supresión o sustracción”.

Todo ese jueguito de querer mostrarse como adalid de la lucha contra la corrupción para conquistar una imagen de político impoluto y así tener réditos electorales, se podría considerar como inofensivas estrategias politiqueras en la captura de votos de los ciudadanos desinformados. Pero el tema es mucho más profundo y delicado, por cuanto está llevando al pueblo a confundir las malas prácticas de algunos congresistas con el respeto hacia una institución determinante para un régimen democrático, pues ya con la deslucida imagen que tiene el legislativo para muchos ciudadanos que se sienten frustrados por no poderles bajar el salario, se podría dar una idea generalizada de que si el tema es meramente económico resultaría mucho más barato pedir que se cerrara el Congreso.

* Analista Político, Universidad Libre

 

Por * Redacción Política

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