Duque o el regreso del clientelismo comunitario

Al presidente se le ha visto dispuesto a decir una cosa y hacer otra: mientras habla promoviendo la austeridad, hizo aprobar el presupuesto más alto de la historia del país, general y en funcionamiento.

Iván Duque, presidente de Colombia
El presidente Iván Duque cumple 100 días de gobierno el miércoles.SIG

Al cumplirse el próximo miércoles 14 de noviembre 100 días de haberse posesionado, el gobierno Duque ha esbozado tres características de su talante: i) retorna a los consejos comunitarios, con nuevo nombre y la misma participación selectiva y restringida, donde más de la mitad son funcionarios públicos y agentes de los partidos de gobierno, ii) promueve la microgerencia y las pequeñas soluciones como la acción efectiva de gobierno, para lo que compromete a su equipo a llegar a pequeños acuerdos y promesas por cumplir, así tenga que gastar más, y iii) está dispuesto a decir una cosa y hacer otra, promueve la austeridad mientras hace aprobar el presupuesto más alto de la historia colombiana, general y en funcionamiento.

Duque firma directriz de austeridad

En el campo económico, los hitos mas importantes del nuevo gobierno se reflejan en dos proyectos: el de presupuesto para 2019 y el de financiamiento, quedando pendiente el Plan de Desarrollo. El presupuesto de 2019 es buena muestra del talante de decir una cosa y hacer otra: se habla de austeridad y se aprobó un presupuesto por $259 billones, equivalentes al 26 % del PIB, por un valor similar al radicado por el gobierno Santos, el saliente, creando una novela alrededor de los componentes: lo redistribuye y genera un desfinanciamiento de $14 billones (1,4 % del PIB), que se pretende llenar con el proyecto de ley de financiamiento.

La defensa del gobierno a la ley de financiamiento

El presupuesto aprobado es superior al que se ejecuta este año en $25 billones (2,7 % del PIB), con grandes diferencias entre lo que se radicó y lo que se avaló, entre ellas: i) el valor radicado y el aprobado es similar, $259 billones, con distribución diferente; ii) el gobierno Santos previó un financiamiento, relativamente cierto, por $194 billones, compuesto de ingresos corrientes nación ($145 billones), de establecimientos públicos ($16 billones), parafiscales y fondos ($13 billones) y recursos de capital sin crédito ($20 billones), esto es irrefutable y se mantiene; iii) el gobierno Santos previó un financiamiento con recursos inciertos, por $66 billones, a ser provistos con recursos de crédito, mientras el proyecto aprobado lo redujo a $52 billones y señaló que debía buscar otra fuente para los $14 billones restantes. Este es el origen del faltante.

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¿Por qué razón existe ese faltante? Por la redistribución del gasto, que es donde está la diferencia entre lo radicado y lo aprobado. El gobierno Santos presentó un proyecto para distribuir entre funcionamiento ($157,2 billones) e inversión ($35,4 billones) los ingresos ciertos, mientras dejó en un nivel neutro el comportamiento de la deuda, destinando $66 billones a su pago, equivalentes a lo previsto en ingresos. El gobierno Duque modificó hacia arriba las partidas destinadas a funcionamiento e inversión, en $3 billones y $11 billones respectivamente, las que no quiere cubrir con deuda para que no lo acusen de endeudar más al país, y para eso presentó la ley de financiamiento.

El gobierno Duque, pregonando austeridad, aumentó el presupuesto de funcionamiento en $13,6 billones, o 9,3 %, y el de inversión en $7,7 billones, o 19,8 %, respecto al presupuesto en ejecución de 2018. Con ello llegó a los niveles más altos de la historia colombiana. Esa es la gasolina o la mermelada que necesita para aceitar los consejos comunitarios “Construyendo País” y la microgerencia de las pequeñas soluciones. El común denominador de los dos gobiernos es querer romper los récords de gasto, ser derrochones, mientras los diferencia la forma de aceitar la maquinaria: Santos con los congresistas y Duque en los consejos comunitarios, directamente dirigidos a construir clientela.

¿Qué busca con la reforma tributaria llamada ley de financiamiento? Financiar el mayor gasto, por encima de lo proyectado por el saliente gobierno Santos. Y lo quiere hacer con una reforma tributaria que no es neutra ni estructural. Por el contrario, es fiscalista o, como diría el otrora senador Duque, alcabalera, concentrada en devolver favores y extender el IVA para recaudar $19 billones adicionales, 2 % del PIB.

Se quiere devolver favores bajando la tasa de renta corporativa, que sigue siendo plana, sin eliminar beneficios ni exenciones, ampliando la brecha entre las tasas nominal y efectiva, mezclando el mundo de sus ejecutivos y accionistas con sus propios costos y eliminando la renta presuntiva para estimular la tenencia de mayores activos improductivos, así las personas naturales de altos ingresos seguirán declarando por debajo de su realidad, a pesar de que le suban la tasa al 37 %.

En IVA la cosa es peor. En lugar de resolver el problema técnico de los bienes excluidos, los grava a la tasa general, ofreciendo como zanahoria la devolución a los más pobres. Pretende recaudar $12 billones para devolver dos, atizando la inflación y reduciendo el ingreso disponible en los deciles 4 y 5, que podrían volver a la pobreza.

* Profesor de la Universidad Nacional.