Análisis

¿Duque va por la reelección?

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¿Qué busca la consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección indefinida? El gobierno dice que sus consideraciones "no están basadas en la situación particular del Estado colombiano, sino en las múltiples y muy diversas interpretaciones realizadas por diferentes autoridades de varios Estados americanos en relación con este asunto".

El fin de semana surgió en los medios políticos y académicos una inquietud en relación con la consulta que Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores y actual canciller de Colombia, elevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica, para que se aclare si un presidente puede ser reelegido en forma indefinida en determinado país, considerando que esto podría ser considerado o no como un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la Carta Democrática Interamericana de Lima.

El propósito sería estudiar sus consecuencias jurídicas, no obstante que el artículo 18 de la Carta no es más que un canto a la bandera, pues establece que cuando se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente de la OEA podrán, “con el consentimiento previo del Gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”.

Es bien conocido el interés de cualquier mandatario de alargar su período, o incluso de volverse a presentar para el cargo. De hecho, algunos están culpando al presidente Iván Duque de querer ampliar su administración, a ver si arranca con cuatro años más; pero otros olvidan que López Pumarejo, en el siglo XX, arrancó con esta práctica, que quiso repetir su hijo, Alfonso, cuando en 1982 pretendió repetir con la imagen de un gallo rojo que asesinaba al gallo azul, otro cuatrienio en el solio de Bolívar.

Sin apasionamientos políticos, debemos analizar si las medidas legislativas que adopta un gobierno cualquiera (boliviano, argentino, peruano, brasilero, uruguayo, paraguayo, venezolano, chileno o de otra nación centroamericana), con el fin de perpetuarse en el poder, son compatibles con los instrumentos internacionales mencionados, lo cual es valorado por el Consejo Permanente de la OEA, para allí realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que se estime convenientes, como suspender a un gobierno del seno de la Organización.

Ya lo vimos con Venezuela y únicamente se ha logrado que la situación empeore en el panorama hemisférico y, en cambio, se produzcan hechos risibles, como la elección de ese país en el Comité Permanente de Derechos Humanos de la ONU, a sabiendas de las violaciones permanentes de los derechos de la oposición y de sus propios adeptos connacionales.

Aunque el Gobierno de Duque busca manifestarse en contra de las reelecciones indefinidas de gobiernos de izquierda en el continente, también están en peligro las naciones que consideran la derecha como una amenaza.

Según las normas procedimentales y, como en cualquier proceso de carácter consultivo ante la Corte Interamericana, pueden participar no solo los gobiernos de los estados miembros de la OEA, sino también personas naturales, representantes de la sociedad civil y académicos que quieran exponer ante la Corte de San José sus opiniones sobre el tema objeto de la consulta.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social, que son intrínsecos a la democracia representativa, que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad, conforme al respectivo orden constitucional, en el cual el acceso al poder y su ejercicio deben estar desarrollados con sujeción al Estado de Derecho.

Pensar en que esta consulta colombiana es abrir la puerta para un "ochenio" de Duque es una utopía, pero casos se han visto. Sin embargo, la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia y, en el caso de Latinoamérica, se ha venido manejando al antojo de los bandos de izquierda y derecha, con graves consecuencias para la estabilidad económica de los que hacemos parte de ese grupo inmenso de asalariados, afectados con el desbalance en mantener los equilibrios macroeconómicos y la falta del imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.

* Director del Centro de Ética y Humanidades, Universidad La Gran Colombia

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