:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/nyFlq6gVSwczDl8PQoElELxdqjc=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/AYUQ7L4455AUZBONXDDH24FGTM.jpg)
La política sigue siendo un espacio para los hombres. En el caso colombiano, basta fijarse en algunas cifras para confirmarlo. Sólo hasta 1957 las mujeres pudieron salir a votar, y desde ese año hasta hoy, el porcentaje de mujeres en los cargos de elección popular, como alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y el Congreso de la República, no supera el 22,5 %.
Esa cifra contrasta con la de otros países de América Latina, una de las regiones del mundo, después de Escandinavia, que cuentan con los mayores porcentajes de mujeres en puestos de elección popular. Por ejemplo, en Bolivia, el 47,2 % del Senado está en manos de las mujeres y el 53,1 % de la Cámara; en Cuba, el 48,9 % del Parlamento está ocupado por mujeres, y en México, el 33,6 % del Senado y el 42,4 % de la Cámara es dominado por mujeres.
Pero Colombia tiene una realidad diferente. Son pocas las mujeres en cargos públicos e innumerables las barreras que les impiden participar en la política. Esto llevó al Instituto Holandés de Democracia Multipartidista en Colombia —organización que acompaña la implementación del Acuerdo con las Farc— a preguntarse por las causas del problema. “Nuestro trabajo es promover la participación política de las mujeres y no nos comimos el cuento de que no nos interesa la política. Descubrimos que la política es un negocio malísimo para las mujeres en este país”, dijo Ángela Rodríguez, directora del instituto.
En el informe, titulado No es normal, que será socializado todos estos meses previos a las elecciones legislativas del próximo año, los investigadores tomaron los casos de 166 mujeres que fueron electas para cargos públicos entre 2012 y 2015. Los resultados mostraron que el 63 % de las encuestadas fueron víctimas de violencia por el solo hecho de ser mujeres. Y, de paso, ese era un motivo para que algunas renunciaran a sus cargos o abandonaran definitivamente la política.
De acuerdo con Rodríguez, esa violencia fue medida en actos concretos, como la desestimación de sus argumentos, amenazas contra sus hijos o familiares, insultos como “brujas”, “locas”, “brutas” o “menopáusicas”, rumores de infidelidades, malos tratos físicos y verbales y hasta el hecho de apagar los micrófonos mientras sesionaban. El acto que ellas calificaron como el más frecuente (23,8 %) fue restringirles el uso de la palabra, seguido del ocultamiento de los recursos financieros o administrativos durante su gestión (22,3 %).
Ana Paula Castro, una de las investigadoras del estudio, señaló que, aunque lo más sorprendente es que seis de cada 10 mujeres se reconocieron como víctimas de algún tipo de violencia sistemática, la mayoría de las encuestadas respondió que fue indiferente a los hechos y los asumió como el costo normal de hacer política.
Para las expertas, este tipo de actos hacen parte de la violencia de género. La mayoría tienen lugar en el terreno de lo psicológico y se dan a través de mecanismos sutiles. Por ejemplo, varias de las encuestadas declararon que muchas veces les cerraban el recinto y tomaban lista para que no les pagaran, o citaban en horas distintas a las que sesionaban. “Para nosotras fue levantarnos un velo y levantárselo a las mujeres, porque, por la historia de Colombia, estamos acostumbrados a asumir la violencia con atentados, asesinatos o golpes”, explicó Rodríguez.
Según ella, esas agresiones no las padecen los hombres en la arena política, pues sus disputas nunca van encaminadas al hecho de que son hombres y sus debates tienden a centrarse más en el plano ideológico que el personal. Eso va conectado a cómo se ha entendido históricamente la violencia política en el país, en donde prevalece una tendencia a eliminar al que piensa diferente o está en la otra orilla del espectro político.
Otro dato sorprendente de este informe está relacionado con quienes más violentan a las mujeres. Para el caso de las alcaldesas entrevistadas, el 42,8 % de sus peores enemigos eran miembros de su propio partido y el 85,7 % de los actos de violencia eran alentados por la ciudadanía. Muchas intentaron poner denuncias en el interior de sus colectividades, pero no fueron escuchadas. Y otras acudieron a entidades que no vieron la relevancia de sus casos.
Como demuestra el documento, cuando se abre una investigación por violencia de género en la Policía, la Fiscalía, la Personería, la Defensoría o la Procuraduría, el 62 % de las veces no hay consecuencias para los agresores. Incluso, la cifra es más preocupante para mujeres que ocupan alcaldías, pues el 83 % de las denuncias no prosperan.
Aunque en Colombia rige desde hace más de 15 años la Ley de Cuotas, que exige que las mujeres deben ocupar al menos el 30 % de los cargos directivos en los máximos niveles de decisión, este porcentaje no aplica para circunscripciones donde se eligen menos de cinco curules. “Esto es gravísimo porque el 19 % de los departamentos eligen menos de cinco representantes y ahí no se está obligado a poner esa cuota”, comentó Ana Paula Castro, investigadora del informe.
Por eso, aunque parece que cada vez se abren más escenarios para pensar que existe equidad de género en la esfera pública, en realidad la participación de la mujer sigue siendo limitada. Y peor: las pocas que lo logran caen en la trampa de creer que, en la política, la violencia hacia ellas viene por añadidura.