El "ahora o nunca" de la Ley de Víctimas

 

Mejor dicho, las palabras de Andrés Santamaría, personero de Cali y presidente de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper) son más que dicientes: “Las personerías municipales tienen grandes responsabilidades con las víctimas pero viven en la marginalidad y la pobreza. No es posible que los personeros deban mendigar para mandar por correo las declaraciones de las víctimas. Tienen un cumulo de funciones y no cuentan con recursos, para cumplir las funciones”.

 

Es la realidad que muestra el informe “Personerías y mesas municipales y distritales de participación efectiva de las víctimas: un diagnóstico desde lo local”, presentado por Fenalper y el Fondo de Justicia Transicional del PNUD, que si bien demuestra que la participación de las víctimas a nivel local ha arrojado resultados y guarda grandes potencialidades para la incidencia en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política de víctimas para su reparación y garantía efectiva de derechos, todavía existen obstáculos y debilidades por superar.

 

En el diagnóstico se expone la experiencia de municipios como Cali, Buenaventura, Tibú, Villavicencio, Carepa y El Rosario, en relación al funcionamiento de las mesas municipales y distritales de víctimas. Y en este sentido, es evidente que las personerías tienen grandes fortalezas por ser el ente público más cercano a la sociedad civil y por identificarse con los intereses de la población. Sin embargo, hay poco respaldo para poder ser facilitadoras de la participación de las víctimas.

 

Para Camilo Fonseca, director ejecutivo de Fenalper, el documento muestra la necesidad de contar con un programa de capacitación a las víctimas para conocer sus derechos y  la necesidad de una articulación nación-territorio, a nivel de gobierno y del Ministerio Público. A su vez, Andrés Santamaría, sigue pidiendo mayor corresponsabilidad para fortalecer las instituciones territoriales: “Se requiere fortalecer las entidades territoriales y descentralizarnos hacia las regiones para construir la paz" afirma.

 

Verónica Ramírez Montenegro, autora del informe, cree, por su parte, que los años 2015 y 2016 marcarán el “ahora o nunca” para el cumplimiento de la Ley de Víctimas y la planificación participativa para la paz en los territorios del país. “O el Estado colombiano y los representantes de la población víctima del conflicto logran que los nuevos planes de desarrollo y de acción territorial sean acordes con las problemáticas de las víctimas y el goce efectivo de derechos que se espera como resultado, o vendrán cuatro años más de graves debilidades para el cumplimiento de la Ley en los entes territoriales”, aseguró.

 

Estos son algunos de los puntos claves del informe:

 

- Se encontró una tendencia a la deserción en los cupos dispuestos para la representación de los hechos victimizantes y grupos poblacionales que pueden ser más fuertemente juzgados por la sociedad, como ocurre con los representantes de víctimas de violencia sexual y de población LGBTI.

 

- De igual forma, al menos el 30% de los representantes elegidos tendían a desvincularse. La desvinculación se debe por la ausencia de resultados concretos,  conflictos al interior de las instancias y falta de ‘garantías de participación’, apoyos técnicos y logísticos que deben proporcionar las alcaldías.

 

- La ausencia de los protocolos de participación étnicos ha tenido un efecto sobre la representación de las comunidades étnicas en las mesas, y por tanto, sobre la apuesta intercultural que se integra en ellas. Se han presentado dificultades en la concertación para la delegación de los representantes cuando hay varios cabildos y consejos comunitarios. Por estas razones y por las tensiones al interior de las mesas, los grupos étnicos han decidido alejarse del proceso participativo.

 

- También se encontró que los nuevos liderazgos presentes en las mesas no siempre cuentan con las capacidades técnicas para lograr incidencia a través de su participación.

 

- A lo largo del proyecto se identificaron tres factores principales que obstaculizan que los diálogos entre los representantes de las mesas y las instituciones encargadas de darle cumplimiento a la Ley de Víctimas sean efectivos: por ejemplo, un débil o nula voluntad política de los entes territoriales y otras instituciones encargadas de la política pública de víctimas para integrarse al proceso participativo.

 

Se estableció que la posibilidad de diálogo está condicionada a que las partes utilicen un lenguaje común. El uso de lenguajes técnicos imposibilita la interlocución con los representantes de las mesas y los espacios de participación se tornan excluyentes. Y la efectividad de la participación está mediada por la posibilidad de producir efectos sobre el asunto que se discute. "Las debilidades de la articulación nación-territorio se manifiestan en la ausencia de un sistema claro de corresponsabilidad que permita a los territorios contar con los recursos necesarios para atender a las solicitudes de las mesas de participación y las exigencias de la Ley". 

 

La evidencia empírica demostró que la participación es más efectiva si las personerías, como secretarías técnicas, se ven acompañadas o respaldadas por las otras entidades del Ministerio Público. Sin embargo, la información recogida también indica que en algunos casos estos acompañamientos no son propicios para las personerías, sobretodo en  municipios no capitales donde no hay oficinas directas de defensorías regionales o procuradurías regionales y provinciales.

 

Finalmente, el informe hace por lo menos 30 recomendaciones que apuntan a superar las citadas dificultades. Por ejemplo, señala que es imperativo que los enlaces territoriales de participación de la Unidad de Víctimas y la Defensoría del Pueblo acompañen técnicamente de forma más cercana a las personerías y a las mesas de participación efectiva de las víctimas. “También es fundamental el respaldo de procuradurías provinciales, regionales y la Procuraduría delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados, a las labores de seguimiento al cumplimiento de la Ley en lo local”.

 

Igualmente, advierte que las personerías y las mesas de participación requieren de herramientas que faciliten la solución de conflictos y tensiones internas desde un enfoque psicosocial. “Es fundamental que la Unidad de Víctimas avance y culmine los procesos bajo los que se están construyendo los protocolos de participación étnicos para su pronta expedición”. 

Y sugiere que debe adelantarse una estrategia amplia de formación para la incidencia en las mesas locales. “En todo caso, la estrategia debe enfocarse hacia el desarrollo de productos concretos (propuestas) que las mesas puedan utilizar para incidir efectivamente sobre los procesos de construcción de nuevos planes de desarrollo y de acción territorial”. 

 

Concluye además que la Unidad de Víctimas debe acercarse a la academia y a organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional, para gestar convenios. Y recomienda que entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio para el Posconflicto, la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, apoyen de forma más cercana e intensa a la Unidad de Víctimas en su función de coordinar el SNARIV.

 

Por último, se le pide a Planeación Nacional “emitir una directriz clara sobre los procedimientos obligatorios que deben seguir las oficinas de planeación para integrar a las mesas en procesos de construcción de los nuevos Planes de Desarrollo, Planes de Acción Territorial, Planes Operativos Anuales de Inversión y demás procesos de planeación, antes de la elección de las nuevas autoridades territoriales”.

 

Y plantea iniciar una estrategia de compensación de cargas en el interior del Ministerio Público, que le permita a las personerías contar con el tiempo suficiente para cumplir adecuadamente con las tareas de su directa competencia. “Es importante que la Comisión Nacional del Ministerio Público para la Justicia Transicional  explicite cuáles son las entidades y oficinas encargadas de realizar seguimiento a los acuerdos y compromisos que las mesas y las entidades de control logren concertar con las instituciones del SNARIV, especialmente cuando éstas no son del orden municipal, y por tanto, escapan del alcance de las personerías”.