El ajedrez para elegir procurador

La victoria del No en el plebiscito, la reforma tributaria, la unidad nacional y las elecciones de 2018, son los factores que pesan para escoger jefe del Ministerio Público.

Fernando Carrillo Flórez, María Mercedes López y Jorge Fernando Perdomo. / El Espectador

Las réplicas del sismo político de la victoria del No en el plebiscito, ahora acentuadas con la presentación de la reforma tributaria, cambiaron los papeles en la pelea por la Procuraduría General de la Nación, que tendrá el próximo jueves 27 de octubre la hora de la verdad en la plenaria del Senado. Antes del 2 de octubre las fuerzas parecían repartidas entre los tres candidatos: Fernando Carrillo, Jorge Perdomo y María Mercedes López, pero a 96 horas de la votación la pugna parece centrada entre el exministro Carrillo y la exmagistrada López.

Sin embargo, las aguas no están serenas. Por el contrario, al menos entre liberales y conservadores los nervios están de punta. La evidencia es la carta que hicieron pública esta semana las directivas del Partido Conservador, encabezadas por su presidente David Barguil y su vocero de bancada en el Senado, Juan Diego Gómez, en la que le hicieron saber al presidente Santos su incomodidad por la que califican como “injerencia indebida” del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en favor de la candidatura de Fernando Carrillo.

Según ellos, Cristo “está atentando contra las aspiraciones de la candidata ternada por el presidente: la exmagistrada María Mercedes López. No obstante, desde las toldas del liberalismo se dice que el que está oficiando como jefe de debate de López es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de quien dicen que primero intentó aplazar la votación y está jugado por la exmagistrada conservadora porque de paso equilibra las cargas con la reforma tributaria. Un pulso aparte en el que en el Partido de la U parece jugando con López.

En otras palabras, hace tres semanas picaba en punta Jorge Perdomo, Fernando Carrillo le pisaba los talones y María Mercedes López, la última en entrar en la contienda parecía rezagada, pero como la política es cambiante, el exministro liberal es ahora el favorito, pero el conservatismo está empecinado en mantener la Procuraduría. Con un ingrediente inesperado, Cambio Radical parece más inclinado a López que a Carrillo, entre otros factores porque el vicepresidente Germán Vargas Lleras se distancia cada vez más de los liberales.

En cuanto a Jorge Perdomo, que tampoco puede descartarse porque tiene padrinos que saben moverse como el expresidente César Gaviria, los senadores Álvaro Ashton, Hernán Andrade y Eduardo Henriquez, así como los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, su apuesta sigue centrada en pescar en río revuelto. De entrada sabe que tiene en contra los 20 votos del Centro Democrático, pero precisamente en las actuales circunstancias de brega entre el Gobierno y los ganadores del No, el as de Perdomo es situarse en medio.

A 22 meses de que termine el gobierno Santos, urgido por sacar adelante la reforma tributaria y enredado por el revés del plebiscito en el proceso de paz, es tan compleja la decisión de la Procuraduría, que si no se resuelve como una jugada estratégica del ajedrez político, puede ser el comienzo del fin de la coalición de gobierno de unidad nacional que ha dominado el panorama del Congreso en los últimos seis años. Con un agravante o condicionamiento: no puede ponerse en riesgo el trámite de la reglamentación del proceso de paz.

Como siempre, la otra pelea es jurídica. Por eso, no dejan de aparecer demandas o reparos judiciales contra los tres candidatos. A Carrillo, porque supuestamente está inhabilitado por haber sido sancionado cuando se desempeñó como ministro de Justicia en la era Gaviria por la fuga de Pablo Escobar. A López, porque renunció a ser magistrada del Consejo de la Judicatura en noviembre de 2015 y no podía ser nominada para ser procuradora hasta noviembre de 2016. Y Perdomo, porque tampoco ha pasado un año desde que dejó la Fiscalía.

De cualquier manera, el que parece llevar ventaja ahora es Carrillo, que tiene a casi todos los liberales, no se descartan los de la U, y tampoco incomoda a la Alianza Verde, Opción Ciudadana o el Polo Democrático. Es decir, una especie de primarias de lo que se avecina electoralmente en el año 2018, pues se van dejando entrever los linderos políticos. Cambio Radical y el liberalismo en orillas opuestas, conservatismo buscando aliados, la U contando sus días para saber enrutarse, el uribismo compacto y las minorías en la baraja de las alianzas.

En la trasescena de la disputa por la Procuraduría no cabe duda de que hay otro elemento en juego. El elegido tendrá el poder disciplinario entre 2017 y 2021, es decir, lo que resta de la era Santos y casi todo el Gobierno de quien llegue a la Casa de Nariño. Con un legado adicional, el proceso de paz con las Farc, cualquiera sea la manera como se resuelva el limbo creado por la derrota del plebiscito. Con importantes funcionarios en la lupa del Ministerio Público y tantas decisiones oficiales pendientes de resolución, el nuevo procurador será protagonista.

Anticipo de una votación clave en el Congreso

La elección del procurador fue objeto de debate en el Congreso en razón a las decisiones que tomó el presidente del Senado Mauricio Lizcano. Inicialmente el congresista expidió un cronograma con el propósito de que la elección fuera la segunda semana de noviembre.

Sin embargo, las peticiones de varios de sus colegas y las advertencias de  interesados en la elección obligaron a Lizcano a cambiar de parecer. Según  denuncias parlamentarias, Lizcano, de quien se dice tiene como candidata a María Mercedes López, buscaba contribuir a esa elección y darle más tiempo de campaña, así como despejar dudas de una supuesta inhabilidad de la candidata en razón a que no habría cumplido un año de haberse retirado del Consejo Superior de la Judicatura.

Pero esta semana todo cambió, y argumentando que el término para elegir el sucesor de Alejandro Ordóñez vence el próximo 28 de octubre anticipó los comicios.  También sustentó el cambio en  que en noviembre el Congreso estará en pleno debate sobre la reforma tributaria.

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