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El ajedrez político por la Procuraduría y la Defensoría

La elección de Néstor Humberto Martínez, de Cambio Radical, como fiscal general desajustó los acuerdos políticos en torno a los órganos de control.

Néstor Humberto Martínez asume este lunes 1º de agosto como nuevo fiscal general de la Nación. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Si algo ha tenido claro el presidente Juan Manuel Santos en sus seis años de mandato es que se debe mantener contenta a la clase política, y eso se logra a través de la representación burocrática en los altos cargos del Estado. Han sido varias las demostraciones del mandatario sobre el manejo que da a su propósito de contar con las mayorías para garantizar la gobernabilidad con el apoyo en el Congreso de la República. Prueba de ello es que desde su llegada al poder, en 2010, puso en marcha una estratégica alianza que derivó en la conformación de la llamada Unidad Nacional, integrada por los partidos de la U, Liberal, Cambio Radical y, por períodos intermitentes, los conservadores.

Aunque la fórmula de nombrar en los ministerios a cuotas de esas colectividades hasta el momento le ha funcionado para sacar adelante todos sus objetivos en el trámite de las iniciativas en la Rama Legislativa, principalmente aquellas encaminadas a allanar el camino del proceso de paz con las Farc, ahora el jefe de Estado debe enfrentarse a un desafío de alta tensión, sobre todo después de lo sucedido con la escogencia de Néstor Humberto Martínez como fiscal general: la elección del nuevo procurador y el nuevo defensor del Pueblo.

Al respecto, siguiendo el razonamiento de lo que sucedió con la terna para elegir fiscal, que el presidente Santos presentó ante la Corte Suprema de Justicia, el reto es mayúsculo. Por ejemplo, en su momento, el malestar se hizo evidente entre los liberales, quienes promovían una terna exclusivamente roja y de la cual fue excluido el hoy fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, para abrirle espacio a Martínez, ficha cercana a Cambio Radical, el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien finalmente resultó ungido.

Ahora bien, la pelea que se avecina es más dura porque el primer mandatario debe presentar la terna de candidatos a la Defensoría del Pueblo para que la plenaria de la Cámara de Representantes elija, y poner también un nombre en la terna para la Procuraduría, la cual complementarán los aspirantes que presenten la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, elección que adelantará la plenaria del Senado. Y ya con Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía, en los mentideros políticos se habla sigilosamente de un pulso entre liberales, conservadores y la U por esos dos órganos de control, que va más allá del cumplimiento de los acuerdos políticos dentro de la Unidad Nacional.

Difíciles, entonces, los tiempos que se avecinan en la Casa de Nariño para que todos los partidos sigan manteniendo su apoyo “incondicional” a las políticas de Santos si no son incluidos en la conformación de los órganos de control. Inevitablemente es algo que tiene en aprietos al jefe de Estado, jugado a fondo por sacar adelante el proceso de paz con las Farc, que implica la aprobación de varias reformas constitucionales y proyectos de ley. En otras palabras, la implementación de la paz terminó coincidiendo con las decisiones que debe tomar frente a la Defensoría y la Procuraduría, algo que seguramente no dejará contentos a todos.

De momento las cosas están así. Primero se habló de darles la Fiscalía a los liberales, luego de la Defensoría y ahora la Procuraduría. Entre tanto, los conservadores insisten en que la Procuraduría es para ellos un punto de honor que no están dispuestos a perder cuando salga del cargo Alejandro Ordóñez. Y ahora han aparecido los de la U alegando ser incluidos en la terna para la Defensoría. Así las cosas, son tres partidos que reclaman para sí la tajada de los órganos de control cuando apenas quedan dos en disputa.

En medio de este difícil panorama, que tiene su génesis en la elección de Martínez como fiscal, también aparece en escena alguien que tiene un papel protagónico en el proceso de refrendación del acuerdo final de paz. Se trata del expresidente César Gaviria, un veterano liberal que acordó con el presidente Santos ser el jefe de campaña del sí en el plebiscito por la paz. El meollo del asunto es que Gaviria regresó a la Casa de Nariño para este proceso refrendatorio cuando en mayo pasado, en la convención de su partido, dijo que su presencia allá generaba molestia e incomodaba a más de uno. Discrepancias acrecentadas con las derrotas no sólo en la escogencia del fiscal (apoyaba a Perdomo), sino también en la de contralor general (estaba con Gilberto Rondón). La pregunta que en muchos círculos políticos se hacen es qué le dará el jefe de Estado al patriarca rojo a cambio del liderazgo que tendrá en esa cruzada nacional a favor del sí en el plebiscito.

Y la tesis que muchos dan por descontada apunta a que Perdomo es desde ya la ficha del expresidente para la Procuraduría. Sin embargo, el hoy fiscal encargado —que dejará el cargo este lunes— no está haciendo su campaña en la Casa de Nariño sino ante la Corte Suprema de Justicia, donde se sabe que está llevando a cabo un intenso lobby entre los magistrados para lograr su postulación. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso se rumora que Perdomo cuenta con gran aceptación entre los senadores, que en últimas son los que eligen. Eso sí, no falta quien diga que, siendo así, con la eventual llegada a la Procuraduría se le estaría “pagando el favor” a Gaviria por sus servicios en aras de la paz.

De otro lado, algo muy similar está sucediendo con Fernando Carrillo Flórez, un exministro y exembajador de este gobierno que también es cercano a Gaviria, pero quien decidió promover su hoja de vida en el Consejo de Estado para la terna de procurador. Con Carrillo, los liberales también tendrían una representación en el Ministerio Público y a la vez se le podría cumplir al expresidente. Como quien dice, dos fichas gaviristas para el cargo.

Ahora, al margen de que en la Corte Suprema de Justicia y en el mismo Consejo de Estado han dicho que la escogencia de sus postulados para la terna a la Procuraduría sólo se dará en la tercera semana de agosto, los nombres de quienes están en campaña han salido a flote: a los de Perdomo y Carrillo se suman los exmagistrados Humberto Sierra Porto, Jaime Arrubla Paucar y Wilson Ruiz, quien lleva varios meses en campaña y tendría, de momento, una leve ventaja.

Pero, por otra parte, los que sí están haciendo todo el cabildeo en la Casa de Nariño para la elección de procurador son los conservadores. En los pasillos del palacio presidencial han sido vistos varios congresistas azules con hojas de vida en mano haciendo las sugerencias del caso. De hecho, el jefe de la colectividad, el representante a la Cámara David Barguil, ha manifestado que aspiran a que el procurador sea de sus filas. Tarea que no les queda nada fácil porque la relación entre Santos y el partido hoy no atraviesa su mejor momento. ¿El motivo? En junio pasado varios de los congresistas azules decidieron en la plenaria del Senado no votar la conciliación del Acto Legislativo para la Paz que estableció el blindaje jurídico del acuerdo de paz, argumentando algunas objeciones al artículo que eleva lo pactado a categoría especial en los términos de los Convenios de Ginebra y lo incorpora al bloque de constitucionalidad.

Aun así, El Espectador conoció que el presidente Santos está contemplando hacer una movida política que le represente, de carambola, dejar contentos a los conservadores e incluir en la terna para la Procuraduría a alguien de esa corriente política y cercano a su gobierno. Ahí es donde suena el nombre de Juan Hernández, exsecretario general de la Presidencia de Andrés Pastrana, quien en la actualidad está totalmente distanciado de Pastrana y es cercano al jefe de Estado.

La jugada que estaría contemplando Santos obedecería a que, al marginar a los azules, se podría abrir el camino a una alianza de vieja data entre el oficialismo conservador y el Centro Democrático del hoy senador Álvaro Uribe.

En las altas esferas del Gobierno saben que una alianza entre azules y uribismo pondría en riesgo la conformación de las mayorías en el Senado, pues sumarían 38 legisladores, acercándose mucho a la posibilidad de boicotear la agenda del Gobierno en caso de no contar con el acompañamiento de otros partidos minoritarios. Además, en una elección como la de procurador general nada está dicho y cualquier cosa podría suceder en caso de gestarse esta coalición y que se logre “raptar” a los “rebeldes” de otros partidos, que nunca faltan.

En lo que tiene que ver con el pulso por la Defensoría del Pueblo, aunque por varios meses sonó con insistencia que esa cuota sería para los liberales, eso ya no es tan claro. Poco a poco está cogiendo fuerza la versión que apunta a que el Partido de la U se quedará con este cargo. Aunque Guillermo Rivera, actual viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, tenía sólida su aspiración en la baraja de candidatos, su nombramiento al lado de Juan Fernando Cristo desinfló su campaña y muchos consideran que a los liberales ya se les cumplieron parcialmente los compromisos.

Y como en río revuelto, ganancia de pescadores, en ese escenario ha surgido la carta de la U. Se trata de Carlos Alfonso Negret, payanés y actual secretario del partido, alguien muy cercano al exsenador Aurelio Iragorri Hormaza, padre del ministro de Agricultura y uno de los líderes naturales de la U. Pero además, miembro de una casta política del Cauca y hermano del exrepresentante César Negret.

Claro, no está descartado que, al igual que lo hizo con la terna para la Fiscalía, el presidente Santos abra un concurso público para que los ciudadanos que crean reunir los requisitos se inscriban y se conforme a partir de ahí la terna para la Defensoría. Al respecto, todavía es un misterio si, al igual que sucedió con el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, Rivera dé el paso al costado para presentarse como candidato a ese despacho.

Eso sí, al margen de la repartija burocrática y el pulso político entre los partidos, lo que el primer mandatario busca fundamentalmente es garantizar la elección de personas que sean partidarias de los términos de la negociación de paz con las Farc. Al fin y al cabo, en el fondo está en juego que el Gobierno no encuentre talanqueras desde la Procuraduría y la Defensoría para la implementación del acuerdo final de paz y para el posconflicto en sí, sin que ello implique, dicen en el Ejecutivo, menguar su independencia. Como dijo una fuente: “Es que con Ordóñez ha sido muy difícil”.

Por eso, en la Casa de Nariño se tomarán el tiempo prudente para presentar la terna a la Cámara de Representantes para Defensor del Pueblo y elegir a su candidato en la terna para la Procuraduría. Porque aunque con el otrora defensor Jorge Armando Otálora estaba asegurado el respaldo a la paz —algo que también se ha dado en el caso de Alfonso Cajiao Cabrera, que lo reemplazó—, las diferencias con Alejandro Ordóñez han sido abismales y sobre todo muy desgastantes. Por eso, los cálculos, además de políticos, deben hacerse estratégicamente pensando en esa paz.